Publicado: diciembre 24, 2024, 1:00 am
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El federalismo fiscal en México tiene una estructura compleja que busca equilibrar la autonomía de los estados y municipios con la necesidad de coordinación nacional. A través de la distribución de ingresos y responsabilidades de gasto, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) ha sido clave para organizar el sistema tributario y asegurar la transferencia de recursos desde la Federación. Sin embargo, este sistema también enfrenta retos, como la dependencia de los estados en las transferencias federales y la falta de incentivos para incrementar sus propios ingresos.
El federalismo fiscal en México tiene su origen en las disposiciones de la Constitución de 1824, que delineaban la recaudación y distribución de competencias fiscales entre la Federación y los estados. A lo largo de los años, el sistema ha evolucionado para responder a las necesidades de coordinación fiscal y distribución de recursos. La Constitución actual contiene diversos artículos que establecen las bases del federalismo fiscal y las competencias de cada nivel de gobierno.
Los principios constitucionales buscan asegurar que los distintos niveles de gobierno cuenten con recursos suficientes y autonomía para atender las necesidades de su población. Sin embargo, la práctica muestra que los estados dependen en gran medida de las transferencias federales, limitando su autonomía fiscal.
El SNCF, creado formalmente en 1980, es un acuerdo entre la Federación y las entidades federativas para coordinar la política fiscal y tributaria en el país. Su objetivo principal es evitar la duplicidad de impuestos y asegurar una distribución equitativa de los recursos federales. A través de ese sistema, los estados y municipios reciben participaciones y aportaciones federales, las cuales representan una parte considerable de sus ingresos.
El SNCF se estructura en torno a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), que regula la distribución de los recursos federales y establece los mecanismos de colaboración administrativa entre los gobiernos. Esta ley permite a los estados adherirse al sistema de manera voluntaria y estipula las reglas para recibir participaciones y aportaciones.
Las participaciones son recursos que la Federación transfiere a los estados de manera libre, mientras que las aportaciones están etiquetadas para sectores específicos como educación, salud e infraestructura. Esta diferencia es clave para entender cómo el SNCF limita la autonomía de los estados, ya que las aportaciones condicionan el uso de recursos y restringen la capacidad de los gobiernos locales para destinarlos según sus necesidades.
El SNCF y su marco normativo condicionan de manera significativa la capacidad de los estados para generar y gestionar sus ingresos.
El marco legal actual ha llevado a una alta dependencia de los estados en los recursos federales. En 2023, el gasto federalizado representó el 80% de los ingresos totales de las entidades federativas. Esta dependencia limita la autonomía fiscal de los estados, ya que gran parte de sus recursos provienen de decisiones presupuestales federales, restringiendo su capacidad de maniobra en el gasto público. Al depender de las transferencias federales, los estados tienen pocos incentivos para incrementar sus ingresos propios. La recaudación de impuestos locales y estatales es baja en comparación con los ingresos federales, lo cual perpetúa la dependencia y limita las oportunidades de los estados para invertir en proyectos locales de alto impacto.
La fórmula de distribución de las participaciones y aportaciones del SNCF busca equidad, pero en la práctica, existen disparidades en la asignación de recursos. Los estados con menores ingresos propios reciben mayores transferencias, mientras que las entidades con economías más desarrolladas y altos ingresos per cápita reciben menos recursos. Esto es consistente con el principio de redistribución, pero también desincentiva el desarrollo económico en las regiones menos favorecidas, que podrían depender aún más de las transferencias.
Las aportaciones federales están etiquetadas para sectores específicos, limitando la flexibilidad de los estados para destinar los fondos según sus prioridades. Este marco rígido reduce la capacidad de respuesta de los estados ante emergencias o proyectos de desarrollo que no estén contemplados en las áreas de las aportaciones.
Desempeño de los ingresos estatales y gasto federalizado
En la última década, los ingresos estatales han mostrado una limitada capacidad de crecimiento autónomo. Según datos de la SHCP, entre 2018 y 2023, los ingresos propios de los estados apenas registraron un crecimiento real del 1.62%. En contraste, las transferencias federales continuaron siendo el principal componente de sus ingresos, superando los 2.4 billones de pesos en 2023. Esto ilustra la dependencia estructural de los estados en los recursos federales y la falta de incentivos para fortalecer su base tributaria.
Las graficas muestran cómo se distribuye el gasto federalizado total y per cápita por entidad, y reflejan la variabilidad en los ingresos propios y el financiamiento de los estados. Es evidente que los estados con mayor actividad económica, como Nuevo León y Jalisco, dependen menos de las transferencias federales, mientras que estados con menor desarrollo, como Chiapas y Oaxaca, reciben mayores recursos per cápita. Este patrón es consistente con el objetivo redistributivo del SNCF, pero limita el desarrollo de políticas fiscales locales autónomas en las regiones de menor ingreso.
A partir de esta situación, es que se han generado propuestas concretas que permitirían revisar el pacto del federalismo hacendarios, entre las que destacan:
• Fortalecimiento de los ingresos propios: Es necesario implementar políticas que incentiven a los estados a mejorar su capacidad de recaudación local. Esto podría incluir reformas en la Ley de Coordinación Fiscal para establecer metas de recaudación de impuestos locales y estatales, con incentivos para los estados que logren aumentos en sus ingresos propios.
• Mayor flexibilidad en el uso de las transferencias: Para reducir la rigidez actual, se podría permitir que una parte de las aportaciones federales no esté etiquetada, de manera que los estados puedan destinar estos recursos a necesidades locales específicas. Esta medida aumentaría la capacidad de respuesta de los estados ante emergencias y facilitaría la inversión en proyectos estratégicos.
• Revisión de la fórmula de distribución: Es necesario revisar la fórmula de distribución de las participaciones y aportaciones para garantizar que se mantenga la equidad sin desincentivar el crecimiento económico en los estados de menor desarrollo. Una posible opción sería introducir criterios de desempeño que recompensen a los estados que logren mejoras en sus ingresos propios o en la eficiencia del gasto público.
• Fomento de la cultura de responsabilidad fiscal: Para reducir la dependencia en las transferencias federales, los estados deben adoptar prácticas de financiamiento responsables y sostenibles. Esto podría incluir la creación de incentivos para que los estados implementen políticas de gasto eficiente y programas de transparencia fiscal.
El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal ha sido fundamental para organizar el sistema tributario y asegurar la distribución de recursos federales hacia los estados y municipios. Sin embargo, su diseño actual ha resultado en una dependencia de los estados en las transferencias federales, limitando su autonomía fiscal y su capacidad para responder de manera efectiva a los desafíos económicos y sociales.
Es necesario considerar reformas que fortalezcan la capacidad de los estados para generar sus propios ingresos, así como flexibilizar el uso de las transferencias federales. Estas reformas contribuirían a una mayor autonomía fiscal y a una gestión financiera más responsable, permitiendo que los estados tengan un papel más activo en su desarrollo económico y en la mejora de los servicios públicos para la ciudadanía en lo local.
En la elaboración de este artículo colaboraron: Dante Preisser Rentería y Víctor Colosio Merino.
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