Corea del Sur recupera poco a poco la normalidad política tras el caos y el desconcierto de un martes que pasará a la historia del país. La decisión del presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, de declarar la ley marcial y prohibir la actividad política (aunque poco después tuvo que anularla tras verse obligado por el Parlamento) sigue coleando un día después. El mandatario ha perdido la confianza de su partido, pero no su apoyo, por lo que podría evitar por el momento rendir cuentas por el autogolpe de Estado. Este miércoles miles de ciudadanos se han congregado en las calles mientras los seis partidos opositores, encabezados por el Partido Demócrata (PD), presentaban una moción para destituirle y juzgarlo políticamente en lo que se conoce como un impeachment.
La moción para celebrar un juicio político ha sido presentada gracias al respaldo de 190 parlamentarios opositores y un independiente, y se votará entre este jueves y el sábado, ya que la ley contempla que se haga entre 24 y 72 horas después de ser planteada. La moción para destituir a Yoon necesitará una mayoría de dos tercios en el Parlamento, por lo que la oposición debe conseguir los apoyos de al menos ocho diputados del partido del presidente, el Partido del Poder Popular (PPP). La formación de Yoon ha afirmado que no apoyará la moción pese que el actual líder del PPP, Han Dong Hoon, que mantiene una lucha interna con el mandatario, haya pedido al presidente que abandone la formación.
El líder del PD, Lee Jae Myung, ha asegurado que Yoon podría incluso volver a declarar la ley marcial o «provocar» a Corea del Norte para provocar «un conflicto armado». El presidente surcoreano había anunciado la medida acusando precisamente a la oposición de simpatizar con Corea del Norte y paralizar al Gobierno con actividades contra el Estado. El opositor ha recalcado que el mandatario surcoreano no dudaría en «sacrificar las vidas de la población» si la ley marcial no fuera suficiente para mantenerle en el poder. El PD había acusado al presidente de «no cumplir ninguno de los requisitos» estipulados por la Constitución para declarar la ley marcial, horas después de que el Parlamento celebrara una tensa reunión de madrugada para revocar la declaración mientras los militares irrumpían en la Asamblea Nacional.
En este contexto, varios asesores y el propio ministro de Defensa, Kim Yong Hyun, han presentado su dimisión. «Como ministro de Defensa, me siento responsable y pido perdón por la confusión y la preocupación provocada a la población en relación con la ley marcial», ha dicho el propio Kim, que habría sido el primero en sugerir la aplicación de la ley marcial al presidente. «Los militares que han cumplido con sus deberes en relación con la ley marcial seguían las órdenes del Ministerio», ha apuntado antes de aclarar que la ley ha sido levantada y que, por lo tardo, «la gente está volviendo a la normalidad». «El Ministerio se toma muy en serio está situación y hará todo lo que esté en su mano para lograr estabilidad y garantizar que no se producen problemas en las operaciones de defensa», ha dicho.
La declaración de ley marcial de Yoon se produjo después de que el Parlamento controlado por la oposición sacase adelante una medida presupuestaria, tumbara la del Gobierno y presentara mociones de destitución contra varios altos cargos, entre ellos el fiscal jefe. Además, en los últimos meses el presidente había perdido apoyo popular desde que saltara una polémica en la que se involucraba a su esposa, que supuestamente habría aceptado un bolso Dior de 2.200 dólares como regalo.
La ciudadanía y los sindicatos sale a la calle
Con los partidos políticos haciendo cálculos, miles de personas han vuelto a salir a la calle este miércoles para exigir la dimisión del presidente. En la capital, Seúl, los manifestantes han realizado una vigilia y han marchado desde la plaza de Gwanghwamun, donde han pedido la salida de Yoon y los altos cargos de su Ejecutivo. Los manifestantes han lanzado proclamas a favor de la dimisión de Yoon y han recalcado que es el pueblo el que «ha ganado».
Además, los principales sindicatos del país han anunciado una huelga general indefinida y se han sumado a las protestas en Jongno Gu, una concurrida zona en la que se encuentran los principales monumentos de la capital. Han Sang Hee, de la organización Solidaridad Popular por la Democracia Participativa, ha acusado al presidente de actuar con malicia y ha señalado que «la imposición de la ley marcial ya arruinó la historia del país en el pasado«, en referencia a las aplicadas durante la dictadura de hace décadas.