Publicado: noviembre 7, 2024, 7:05 am
Este martes 5 de noviembre, una intervención masiva en la cárcel de El Dorado, ubicada en el municipio Sifontes del estado Bolívar, culminó con resultados que desvelan tanto avances como profundos problemas sistémicos dentro del sistema penitenciario venezolano.
El ministro de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa, anunció que la operación, denominada Gran Cacique Guaicaipuro, involucró a más de 3,000 funcionarios, resultando en el decomiso de un arsenal variado que incluía «más de 400 teléfonos celulares, antenas para internet satelital, routers, bebidas alcohólicas, un importante alijo de droga y armas de diferentes calibres, entre esos dos fusiles, dos bombetas y armas automáticas, al igual que armas blancas».
La intervención no solo apuntó a la confiscación de contrabando sino también a la desarticulación de estructuras criminales internas, mencionando específicamente vínculos con grupos como el Tren de Aragua y el Tren de Guayana. No obstante, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha cuestionado la efectividad de tal operativo, argumentando que «resulta completamente inadmisible cómo el Gobierno venezolano anuncia con orgullo la requisa en el Centro Penitenciario de la Región Oriental… cuando en realidad son las propias autoridades quienes facilitan el ingreso de este armamento».
El OVP ha sido contundente al responsabilizar a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y a los funcionarios del Ministerio para el Servicio Penitenciario por permitir el contrabando y la circulación de armas dentro del recinto. «Este círculo de corrupción mantiene el caos y la violencia en las cárceles, afectando la seguridad de los internos y la sociedad en general». La organización aboga por una reforma profunda y no meramente operativos que, según ellos, no abordan las raíces de la corrupción y la impunidad.
En respuesta, el OVP ha instado al ministro García Zerpa a tomar medidas radicales: «para que solicite se retire de forma gradual la GNB de todos los penales del país, y que el Mppsp asuma por completo la responsabilidad del control y seguridad en las cárceles».
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