En las últimas horas han sido varias las protestas que se han alzado desde el sector de la banca contra la decisión del Ejecutivo de mantener el impuesto extraordinario a la banca ; los últimos han sido las patronales AEB y CECA, que tienen una representación mayoritaria entre las entidades financieras españolas. El gravamen prorrogado afectará a los ingresos de los bancos en 2024, 2025 y 2026. En el paquete estaba también el mantenimiento del impuesto a las empresas energéticas, pero ayer, y dada la oposición de Junts, quedó desactivado hasta su definitiva finalización el 31 de diciembre. En lo que refiere a la banca, en cambio, los socios del Ejecutivo acordaron ‘in extremis’ incorporar una enmienda proyecto de ley del tipo mínimo global que extiende la aplicación del impuesto por tres años en lugar de ser permanente y lo hace progresivo, con un tipo que va del 1% al 6%. En un comunicado muy duro, las asociaciones AEB y CECA consideran que la decisión «afecta al crecimiento económico» y amenazan con «acudir a los tribunales» en caso de que el impuesto se apruebe en los términos anunciados, justificándolo por los «vicios de inconstitucionalidad» que detectan en el gravamen. En la nota, las dos patronales expresan su « rotundo rechazo a un impuesto discriminatorio, que estigmatiza y perjudica la solvencia y competitividad de los bancos españoles » y «merma el crédito a familias y empresas, especialmente a las pymes, que suponen el soporte del tejido productivo español y la base de creación de empleo», afirman. «Es contrario a las recomendaciones de organismos internacionales como el FMI y el BCE, siendo España el único país que ha creado un impuesto adicional de estas características sobre el margen bancario», denuncian, defendiendo que «en un contexto de tensión geopolítica global y en el que España al igual que Europa enfrenta la necesidad de inversiones millonarias, la financiación bancaria es imprescindible para que se puedan acometer».