Desde hace casi diez años, dos sectores de la economía española libran su particular guerra con el Ministerio de Hacienda para conseguir una rebaja de once puntos porcentuales en el IVA. Muy conocido es el caso de las peluquerías , que han salido incontables veces a la calle y conseguido dos votaciones favorables en el Senado en apenas un año, pero mismo caso es el de los gimnasios. Con menos éxito mediático, exigen un incentivo fiscal que desde la patronal aseguran que les ayudaría a lidiar con las consecuencias de las inminentes reformas laborales del Ejecutivo socialista y a remontar tras una pandemia de la que aún no se han recuperado del todo. No es un problema menor o que afecte a pocos, pues el sector de las actividades deportivas (no incluye espectáculos de deporte) ya representa el 3,3% del PIB nacional y todo indica que le queda mucho camino por recorrer. El informe ‘La industria del deporte y el fitness’, elaborado por la escuela de negocios OBS School y la Universidad de Barcelona, recoge los sensacionales datos de crecimiento que ha arrojado esta industria en los últimos treinta años. Desde 1996 el número de abonados en España –sobre el total de la población– ha pasado del 7,1% al 16,5% actual, con una buena previsión de crecimiento. Solo entre 2022 y 2023, por ejemplo, la tasa de afiliados aumentó cuatro puntos porcentuales, y por lo que indican los datos por tramos de edad seguirá haciéndolo en el futuro (para el grupo entre los 14 y 24 años la penetración es del 41%). Merced a todo esto, el sector ingresa 2.100 millones de euros anualmente, da servicio a 5,5 millones de personas y ocupa a otras 250.000, según el INE. Estos resultados demuestran la recuperación tras la Pandemia, que tuvo un efecto devastador en el gremio, con un 53% menos de facturación en un año. Superado el trance, ahora el IVA aparece como el principal obstáculo que se interpone entre el sector y su expansión, más en el escenario laboral que se dibuja en un futuro próximo. Según ha explicado a ABC Adolfo Ruiz, presidente de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (Fneid), la reciente subida del SMI y la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en la que trabaja el Gobierno provocarán un aumento de costes, especialmente en un sector en el que «no podemos reducir la jornada sin afectar al cliente», explica. Esta historia empezó en 2012, cuando –amenaza de rescate mediante– el Gobierno de Mariano Rajoy se atrevió a hacer lo que ningún otro desde 1986 –año de la puesta de largo del IVA– y subió tres puntos el tipo general (del 18% al 21%), dos puntos el reducido (del 8% al 10%) y pasó a las peluquerías, gimnasios, entradas de espectáculos (cine, teatro, etc.), discotecas, floristerías o funerarias, entre otros, del tipo reducido al general; es decir, que estos gremios asumieron trece puntos de aumento de una tacada. El problema es que a partir de 2014 algunos servicios fueron regresando a tipos más bajos, como las actividades culturales, las entradas de espectáculos o las floristerías –actualmente estas últimas tributan al 4%–, pero no los servicios de imagen personal (peluquerías y similares) y las actividades deportivas (gimnasios fundamentalmente). Como ya se ha dicho, las primeras han conseguido el apoyo de todos los grupos del Congreso a excepción del PSOE, que se ha quedado solo en su empeño de mantener en el tipo alto a un sector formado mayoritariamente por pequeños autónomos. La estructura empresarial de los gimnasios es bien distinta, pues de los cerca de 4.300 locales que hay en España (incluyendo los públicos) una cuarta parte pertenecen a cadenas de franquicias. Ni son autónomos ni juegan con márgenes tan ajustados como las peluquerías, pero sí pueden argüir el bienestar público que generan como argumento a su favor para exigir la rebaja. No es motivo poco importante, tratándose el IVA de un impuesto que pagan los usuarios. En el caso de los gimnasios el carácter de servicio esencial es muy evidente, explica Ruiz, por el ahorro que le garantizan al Estado en términos de gasto sanitario. Siempre que el Ejecutivo se ha opuesto a la rebaja ha alegado un perjuicio para la recaudación. Exactamente, el Gobierno cifra el dinero que se dejaría de ingresar en 90 millones de euros , o al menos esa fue la justificación que dio Hacienda en 2023, cuando rechazó una enmienda a los Presupuestos que había planteado el PDeCAT para rebajar el IVA de los centros deportivos. Para el presidente de Fneid, el argumento del Fisco languidece cuando se tienen en cuenta los numerosísimos informes que explican cuanto dinero le ahorra al Estado la práctica del deporte. Deloitte lo cifra en 7.200 millones anuales y el propio Ministerio de Cultura y Deporte en 5.000 millones, con otros 2.500 en bajas laborales y baja productividad. Aun así el sector no lo tiene fácil, pues el Estado lidia con unos gastos crecientes y la historia demuestra que al IVA le cuesta bajar una vez ha subido, y cuando lo hace pocas veces vuelve a la casilla de salida.