Publicado: abril 23, 2026, 3:00 am
La economía no es solo crecimiento, inflación o productividad; es también distribución: cómo se reparten los euros que genera la actividad económica entre trabajo y capital.
Y, sin embargo, incluso en ese reparto aparentemente técnico, el lenguaje condiciona cómo lo entendemos. Se denomina ‘beneficio’ a lo que remunera al capital y ‘coste laboral’ a lo que retribuye el trabajo. No es neutral: convierte en buena noticia cada euro de rentabilidad financiera y en problema cada euro que mejora el salario.
Porque esa forma de nombrar la economía no es inocente: condiciona el reparto. Y cuando se acepta que el salario es un ‘coste’ que hay que contener, lo que se decide es quién participa del crecimiento y quién queda al margen.
En este Primero de Mayo, tal vez ha llegado el momento de invertir esa mirada. Aumentar los ‘beneficios’ de las personas trabajadoras —salarios, poder adquisitivo, capacidad de vivir con dignidad— es la mejor garantía de estabilidad económica y democrática, aunque implique que la parte que se apropia el capital sea algo menor.
El salario no es solo una variable económica: es el principal mecanismo de distribución de la riqueza, el vínculo entre crecimiento y vida cotidiana y, en última instancia, una condición de cohesión social, estado del bienestar y democracia.
España crece y el empleo ha resistido los shocks recientes, pero esa fotografía está incompleta: millones de personas trabajadoras no perciben ese crecimiento en sus bolsillos. La clave está en cómo se reparten sus frutos. La inflación —especialmente en alimentación, energía y vivienda— ha erosionado el poder adquisitivo de los salarios, que en muchos casos no han recuperado su valor real, mientras los beneficios empresariales han mostrado una notable resiliencia, incluso expansión en algunos sectores. Corregir esta brecha exige subidas salariales claras a través de la negociación colectiva.
De ahí que estemos ante un conflicto distributivo cada vez más evidente, agravado por la incertidumbre geopolítica, las tensiones energéticas y una política monetaria restrictiva, con un riesgo claro: que el ajuste vuelva a recaer sobre el trabajo.
Y cuando no hay reglas, ese es precisamente el resultado. La negociación individualizada, el debilitamiento de los marcos sectoriales o los descuelgues no son neutrales: favorecen el dumping salarial, erosionan la cohesión y trasladan el coste de las crisis a quienes menos capacidad tienen para soportarlo.
A ello se suman mecanismos más silenciosos. La extensión de la compensación y absorción está vaciando de contenido muchos incrementos pactados en convenio: subidas que existen sobre el papel, pero no en la nómina. Es una forma de neutralizar la negociación colectiva e impedir la recuperación del poder adquisitivo.
Por eso, la negociación colectiva no es un elemento accesorio, sino una pieza central del equilibrio económico. Un instrumento de política económica capaz de ordenar el conflicto distributivo, evitar desigualdades excesivas y dar respuestas coordinadas ante shocks globales.
Subir salarios a través de los convenios no es solo justicia social —que lo es—, sino también eficiencia económica: mejora el consumo, sostiene la demanda y refuerza el tejido productivo, alejando la economía de modelos basados en la precariedad y la devaluación salarial.
La propuesta sindical para el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva va en esa dirección: incrementos salariales sostenidos, cláusulas de garantía frente a la inflación y límites a la compensación y absorción para que las subidas se traduzcan en salarios reales. Se trata de recuperar poder adquisitivo, pero también de redefinir el papel del salario en el modelo económico.
Porque lo que está en juego va más allá de las cifras: es el tipo de sociedad que queremos. Cuando la riqueza se concentra, los beneficios crecen muy por encima de los salarios y amplias capas de la población sienten que el progreso no les alcanza, la consecuencia no es solo económica, sino política. La desigualdad erosiona la confianza, debilita el contrato social y abre espacio a la desafección democrática.
La evidencia es clara: las sociedades más desiguales son más inestables y vulnerables a la polarización. Frente a ello, el salario no es solo una renta individual, sino un mecanismo de integración, una garantía de participación en la prosperidad y una forma concreta de ciudadanía económica.
Hablar de salarios es, por tanto, hablar de democracia: de cómo se distribuye el poder y de quién se beneficia del crecimiento. España necesita un modelo en el que ese crecimiento se mida por su capacidad para mejorar la vida de la mayoría, con mejores salarios, menor tiempo de trabajo y una contribución más equilibrada de los beneficios empresariales al esfuerzo colectivo.
El salario no es solo una variable económica: es el principal mecanismo de distribución de la riqueza
No se trata de una disyuntiva entre ‘costes del capital’ y ‘beneficios salariales’, sino de construir un equilibrio más justo y sostenible. Porque sin salarios dignos no hay consumo, sin consumo no hay crecimiento sólido y, sin una distribución justa de la renta, no hay democracia que resista. Este Primero de Mayo conviene recordarlo.
