Publicado: octubre 2, 2026, 3:33 pm
La caída de los reales decretos-ley de vivienda en el Congreso de los Diputados ha abierto un nuevo escenario en el debate sobre el mercado del alquiler. Desde el sector inmobiliario, críticos desde un inicio con el alcance de estas normativas, han recibido con los brazos abiertos la decisión parlamentaria que, a su juicio, «evita profundizar en un mercado del alquiler a dos velocidades». Es el mensaje que ha trasladado la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI), antes de advertir de que la votación no incrementa la oferta ni resuelve las dificultades de acceso y exige una alternativa inmediata.
Desde la patronal inmobiliaria sostienen que las medidas finalmente rechazadas podían aumentar la incertidumbre entre los propietarios y contribuir a endurecer las condiciones exigidas a determinados perfiles de inquilinos. Entre los colectivos que, según la organización, podrían verse especialmente afectados se encuentran los jóvenes, las familias, los autónomos y los trabajadores con ingresos variables.
Fadei reclama ahora que el debate no quede limitado a la derogación de las medidas y que Gobierno y grupos parlamentarios trabajen en una nueva estrategia para incrementar el número de viviendas destinadas al alquiler. Entre sus propuestas figura la creación de un sistema de aval público que cubra al inquilino durante la vigencia del contrato, así como incentivos fiscales para los propietarios que ofrezcan viviendas a precios considerados asequibles. La organización también plantea establecer mecanismos específicos de apoyo para jóvenes y hogares vulnerables.
Otro de los ejes de su propuesta pasa por agilizar los procedimientos relacionados con el alquiler. La patronal defiende vías administrativas y judiciales más rápidas para resolver los incumplimientos contractuales y recuperar una vivienda cuando corresponda legalmente. A ello suma la petición de acelerar la concesión de licencias urbanísticas, movilizar suelo público y promover la colaboración entre las administraciones y el sector privado para aumentar el parque de vivienda en alquiler.
«Hoy se ha frenado una propuesta equivocada, pero todavía no se ha aprobado una respuesta útil», ha afirmado su presidente, Miguel Ángel Gómez Huecas. «El Gobierno y los grupos parlamentarios no deberían leer este resultado como otra batalla entre propietarios e inquilinos. Ambos necesitan más oferta, contratos seguros y reglas estables. Mañana debe comenzar la construcción de una política de vivienda que sume pisos y reparta los riesgos de forma equilibrada» ha apuntado.
Por último, la patronal ha reclamado un Pacto de Estado por la Vivienda con objetivos anuales, evaluación pública y estabilidad regulatoria. «El rechazo de los decretos evita cerrar más el mercado, pero no abre todavía ninguna puerta. Si la política se limita a celebrar quién gana una votación, los ciudadanos seguirán perdiendo oportunidades de acceso. El éxito debe medirse por cuántas viviendas se incorporan y cuántas personas pueden firmar un contrato» ha sentenciado Gómez Huecas.
