Publicado: julio 10, 2026, 3:01 pm
El Ministerio de Hacienda ha remitido a primera hora de este viernes el esperado borrador con su propuesta de reforma de la financiación a las comunidades autónomas. El departamento que dirige Arcadi España ha hecho llegar a los gobiernos autonómicos el texto que llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del 29 de julio en el que se debatirá la propuesta, cuyas líneas principales presentó el Gobierno el pasado enero. El Gobierno insiste en que mantiene su «mano tendida» a todas las comunidades para seguir debatiendo el modelo en las próximas reuniones y traslada que está «abierto al diálogo».
Las comunidades autónomas llevaban meses reclamando al Ejecutivo que les enviara un documento en el que se vieran las ‘tripas’ del modelo que presentó María Jesús Montero -predecesora de Arcadi España- el pasado enero. El documento, al que ha tenido acceso La Información Económica recoge los detalles técnicos que ya había adelantado Hacienda en enero.
Una vez se discuta la propuesta en el CPFF de finales de julio -que previsiblemente saldrá adelante porque el Gobierno tendría suficiente con el más que probable voto a favor de Cataluña-, el Ejecutivo llevará un texto normativo ya articulado a Consejo de Ministros después de verano. Superado este trámite, la idea es que la norma llegue rápido al Congreso para que pueda estar aprobada antes de que acabe el año. Algo que se antoja difícil, dado que en este momento el Ejecutivo no tiene garantizados los apoyos parlamentarios suficientes para sacarla adelante.
El objetivo es que la ley pueda estar en vigor según empiece 2027. Pero esto no es condición suficiente para que se aplique. Las comunidades que quisieran adherirse al nuevo sistema (es voluntario) tendrían que firmar un acuerdo de aceptación en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales correspondiente. Además, sería necesario que se apruebe una ley de régimen de cesión de tributos del Estado a cada autonomía, que recoja el alcance y las condiciones de dicha cesión.
21.000 millones más para las autonomías… y una alteración sustancial del reparto
En líneas generales, la reforma que pretende el Gobierno cedería unos 21.000 millones de euros que actualmente corresponden al Estado para aumentar la financiación de las comunidades autónomas. De esta forma, se conseguiría que ningún territorio pierda recursos con la actualización del modelo.
Este incremento de recursos se lograría mediante una mayor cesión del Estado de los dos grandes impuestos del sistema tributario español: el IRPF y el IVA. Así, el porcentaje cedido en el impuesto a la Renta pasaría del 50% actual al 55%, mientras que el del IVA pasaría del 50 al 56,5%. De igual modo, pasarían a formar parte de los recursos del sistema el impuesto sobre el Patrimonio, el tributo sobre los depósitos bancarios, el juego y los residuos en vertederos.
A estos recursos se sumaría también otra aportación del Estado para reducir las diferencias entre las comunidades que reciben más recursos por habitantes y las más perjudicadas por el sistema. Además, se plantea un mecanismo para que las autonomías que lo deseen puedan recibir directamente una parte del IVA que generan las pymes en su territorio, se crea un fondo climático para aportar un extra de financiación a las autonomías del Mediterráneo y un fondo que garantiza que ningún territorio empeora su situación financiera respecto al sistema actual.
También se prevé la posibilidad de sustituir el actual sistema de entregas a cuenta, a través del cual el Estado entrega anticipos de la financiación esperada para cada territorio que después liquida dos años después del cierre del ejercicio presupuestario, por uno de transferencia de fondos «inmediata».
Sin embargo, el sistema que ha diseñado Hacienda altera sustancialmente el reparto de fondos por habitante en cada territorio. Según estimaciones de Fedea en base a la propuesta del Ejecutivo -que siempre se ha negado a aportar cálculos de financiación por habitante ajustado- Cataluña sería la comunidad que más financiación por habitante ganaría con el nuevo sistema.
En concreto, mejoraría sus recursos en unos 500 euros por habitante, pasando de ser la octava comunidad con mayor financiación a la tercera con más recursos, solo por detrás de Baleares y Canarias. La propuesta también mejoraría sustancialmente los recursos que reciben Comunidad Valenciana (496 euros más por habitante), Murcia (468 euros), Baleares (450), Madrid (409 euros), Andalucía (367 euros) o Castilla-La Mancha (301 euros).
Sin embargo, las cuatro autonomías que forman el bloque de las autodenominadas ‘infrafinanciadas’ -porque reciben menos recursos por habitante que la media- seguirían estando por debajo del promedio nacional.
