Publicado: abril 16, 2026, 12:57 pm
El tiempo apremia cada vez más a España para que termine de adjudicar todos los fondos europeos de recuperación que le asignó la Comisión Europea en el año 2021. Las administraciones tienen hasta el 31 de agosto para tener ejecutadas todas las inversiones del plan y, aunque España ha desplegado ya la mayor parte de las ayudas, todavía tiene 27.000 millones pendientes de resolver que se podrían perder si no se ejecutan antes. Cuatro meses y medio de trabajo a contra reloj.
Así lo advierte EsadeEcPol, el laboratorio de ideas de la escuela de negocios Esade, en su último informe de ejecución del plan de recuperación. La organización destaca que, con datos actualizados a 12 de marzo, ya se han adjudicado 63.403 millones en ayudas directas, el 70% de todas las que se han convocado (sin tener en cuenta los préstamos).
El centro de estudios advierte de que estos 27.000 millones restantes son, además, los más difíciles de ejecutar porque corresponden a los programas más complejos. Los proyectos a gran escala o las grandes licitaciones ya están resueltas, pero quedan pendientes procesos que exigen coordinación de varias administraciones, que afectan a beneficiarios de menor tamaño o capacidad técnica y a sectores y territorios donde cuesta que fluya la inversión.
Desde Esade señalan, además, que cerrar esa brecha es una cuestión de «capacidad de choque operativa» más que de «voluntad política». Para acelerar en los trabajos, el centro de estudios aconseja simplificar procedimientos y anticipar tramitaciones para cerrar los procesos que todavía están abiertos. En esa línea, recomienda desplegar unidades de apoyo técnico para ayudar a las administraciones con menos capacidad de ejecutar y eliminar duplicidades en la fiscalización.
Para Esade, la renuncia del Gobierno a 60.000 millones de euros en préstamos (prácticamente tres de cada cuatro euros concedidos en créditos) adoptada en diciembre del año pasado es «un síntoma claro de que la ventana de oportunidad se estrecha» y de las dificultades reales para absorber el capital en los plazos previstos.
Las grandes autonomías y la construcción concentran la mayor parte de los fondos
El análisis de cómo se están repartiendo los fondos ya ejecutados dibuja un panorama en el que una fracción minoritaria de empresas ha recibido la mayor parte de los recursos. En concreto el 71,4% de todo el dinero público distribuido se ha concentrado en un 1% de las empresas adjudicatarias, concretamente las que más volumen de fondos manejan. Estas firmas son «probablemente» grandes gestoras de infraestructuras (como Adif) o grandes corporaciones industriales, sospechan en Esade.
En cambio, la empresa ‘tipo’ (la mediana, hablando estadísticamente) del plan ha recibido una asignación «residual». En concreto, el importe mediano de los fondos recibidos por esta firma es 2.310 veces más pequeño que el de ese 1% de empresas grandes adjudicatarias. Algo que refleja, para Esade, un despliegue del plan «a dos velocidades muy distintas». Por un lado, grandes proyectos estratégicos que absorben casi todo el capital y, por otro, micro ayudas que llegan a mucha gente (como el kit digital), pero que suponen una fracción minoritaria del dinero repartido.
Si ponemos el foco en el reparto territorial, las comunidades donde se han ejecutado más inversiones han sido Cataluña (3.722 millones), Andalucía (3.090 millones) y Madrid (2.475 millones). Un reparto que se puede explicar porque son las autonomías que mayor peso económico tienen el país y con mayor capacidad para captar y gestionar fondos.
Sin embargo, en Esade advierten de que este reparto supone un riesgo de que las disparidades entre territorios se acaben reforzando, en lugar de reducirse. En cambio, en términos per cápita, País Vasco, Aragón y Baleares son las que más volumen de fondos han repartido, con más de 700 euros por habitante.
En cuanto al sector, el protagonista indiscutible es la construcción, donde se han repartido 13.000 millones, uno de cada cinco de todos los ejecutados. Una cifra que triplica con creces al siguiente sector, que es el comercio (3.889 millones). Buena parte de esos fondos, sostiene Esade, están vinculados a grandes infraestructuras ferroviarias, líneas de alta velocidad, corredores de mercancías o modernización de estaciones, gestionadas por Adif. También a rehabilitación energética de edificios, restauración ambiental de zonas degradadas y desarrollo de infraestructuras hídricas. «No se trata únicamente del ladrillo tradicional», apuntan.
Después de la construcción, aparecen otras actividades como información y comunicaciones (3.552 millones), recogida y tratamiento de aguas (2.446 millones), actividades profesionales, científicas y técnicas (2.379 millones), transporte y almacenamiento (1.977 millones). En el otro lado del espectro, están educación (705 millones) y salud y servicios sociales (567 millones). «Sectores críticos para la resiliencia social a largo plazo, como educación y salud, continúan recibiendo asignaciones marginales en la mayoría de territorios», lamentan en Esade.
