Publicado: septiembre 16, 2026, 5:19 pm
El Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles la convalidación del real decreto ley con el que el Gobierno pretendía regular, por primera vez, la actividad de los llamados grupos de interés o lobbies. Los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN han sido suficientes para derribar una norma que había causado un fuerte rechazo a sindicatos y patronal, al considerarlos implícitamente como lobbies. Por este mismo motivo, la norma generaba suspicacias en Sumar y entre los socios parlamentarios del Gobierno. La Cámara Baja ha rechazado la convalidación del decreto por 179 votos en contra, 155 a favor y 12 abstenciones.
El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, había intentado, en balde, convencer a los grupos parlamentarios de que no tumbaran la norma. López, encargado de defender la convalidación, ofreció aprobar un nuevo real decreto ley antes de octubre que «aclare» que los sindicatos y la patronal quedan fuera del radar de la regulación. «Es muy evidente que el diálogo social tiene protección y encaje constitucional, por lo que no forman parte de lo que es un ‘lobby’ o un grupo de interés», señaló el ministro desde la tribuna en el Congreso.
Sin embargo, la propuesta no fue suficiente para convencer a partidos como PNV o Junts, que dieron la espalda al Ejecutivo. La formación jeltzale se abstuvo al considerarla demasiado densa y reclamó un nuevo texto más sencillo. Por su parte, el partido independentista catalán criticó que la norma trate de la misma forma a las pymes y asociaciones sociales que a las grandes empresas exigiendo una «barrera burocrática desproporcionada».
Desde ERC, que votó a favor, trasladaron que no les gusta la forma en que se ha tramitado la norma, mientras que Eh Bildu -que también la apoyó- rechazó que se dispense el mismo trato a la patronal o a las empresas que a los sindicatos. Sumar, socio menor de la coalición de gobierno, trasladó a López que incluir a los agentes sociales es un «gravísimo error» y le exigió una fecha concreta para el decreto prometido para enmendar la situación, aunque votó a favor. Podemos también se abstuvo.
En la bancada de la oposición, Vox acusó al Gobierno de atentar contra la separación de poderes y trasladó que no apoyarán a un ejecutivo «presidido por un autócrata». Finalmente, el PP también votó en contra, aunque coincidió en la necesidad de regular la situación de los grupos de interés. El principal partido de la oposición reclamó que se reactive el proyecto de ley que decayó la pasada legislatura y que se excluya a sindicatos y patronal.
Dinero europeo en juego
El Ejecutivo había prometido a Bruselas aprobar esta norma como parte de las reformas pactadas en el plan de recuperación. De hecho, el hito está incluido en la última solicitud de pago del programa, que concluye este año. El Gobierno tiene previsto presentar la petición del último pago, dotado con 26.000 millones a finales de mes, de ahí que se acelerase su tramitación.
La no aprobación de la norma podría suponer la pérdida de hasta 1.500 millones de euros de dinero europeo, aunque la cuantía final la determinará la Comisión Europea en función de la importancia que otorgue a este hito cuando llegue el momento de valorar la petición de desembolso.
La regulación -pionera en España en esta materia- definía lo que son estos «grupos de interés», lo que se entiende por «influencia» y los altos cargos «susceptibles de recibir influencia». La norma excluía explícitamente de su ámbito de aplicación a propias administraciones públicas, las autoridades públicas extranjeras y los partidos políticos, pero no los sindicatos y la patronal.
Esto último molestó tanto a la patronal como a los sindicatos, que pidieron a los grupos parlamentarios que frenaran la iniciativa. Las dos partes arguyen que su papel como agentes sociales está reconocida en la Constitución española, por lo que no se les puede juntar . El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, suspendió todo contacto con el Gobierno hasta que se produjese la votación de hoy y los sindicatos tacharon de «despropósito» el hecho de que se les obligue a inscribirse en un registro público y amagaron con «rebelarse».
La norma obligaba a crear un registro de estos lobbies que debe ser de acceso público y gratuito. Mientras que mandata a los altos cargos a que publiquen en el plazo de un mes todas las reuniones y contactos que mantengan con los grupos de interés registrados. El incumplimiento de estas condiciones preveía sanciones de hasta 40.000 euros en los casos más graves y la prohibición de realizar esta actividad hasta cinco años.
La existencia de un registro público de los grupos de interés es algo novedoso para España, pero en la Unión Europea se implantó por primera vez en el año 2011. En la actualidad, Bruselas tiene contabilizados casi 18.000 organizaciones e individuos que buscan influir en la política de las instituciones europeas. De hecho, tanto CEOE como UGT y CCOO están registrados como grupos de interés en la base de datos de la Unión Europea.
