Publicado: diciembre 11, 2025, 3:30 pm
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves retrasar la entrada en vigor de Verifactu —el nuevo sistema de facturación electrónica en tiempo real que va quiere introducir Hacienda para evitar fraudes— hasta el año que viene. La Cámara Baja ha convalidado el real decreto-ley que desarrolla la moratoria de Verifactu hasta el 1 de enero de 2027 para las pymes y hasta el 1 de julio de 2027 en el caso de los empleados por cuenta propia. La iniciativa ha salido adelante con 179 votos a favor y se tramitará ahora por la vía de urgencia.
Las presiones de Junts, que ha abanderado la iniciativa, y de las asociaciones de autónomos han sido clave para demorar la entrada en vigor de un sistema de facturación que estaba previsto a partir del 1 de enero de 2026.
El decreto que ha salido adelante incluye también otras dos disposiciones relacionadas con la administración local que nada tienen que ver con la facturación electrónica. La primera es la devolución a la Generalitat de las competencias de gestión sobre los funcionarios locales con habilitación nacional, una vieja reivindicación de los partidos nacionalistas. Y la segunda es la posibilidad de que las entidades locales que tuvieron superávit fiscal en 2024 puedan utilizar esos fondos para sufragar inversiones «financieramente sostenibles» en 2025, 2026 y 2027.
En lo que respecta a Verifactu, el texto justifica la prórroga en que «subsisten circunstancias que justifican una nueva ampliación del plazo de exigibilidad, motivadas tanto por la necesaria adecuación de los sistemas informáticos de facturación como por la conveniencia de garantizar una implantación ordenada y homogénea en el conjunto del tejido empresarial».
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha salido a defender la convalidación en nombre del Gobierno, ha reconocido que la presión de los autónomos ha sido definitiva. «Lo piden los autónomos y las organizaciones que los unen. Respondemos a una demanda de interés general», ha señalado. No obstante, Torres ha reivindicado el valor de Verifactu para luchar contra el fraude fiscal que supone la doble contabilidad.
El sistema de verificación de facturas Verifactu establece que los sistemas informáticos de facturación tienen que generar un registro que no puede modificarse ni borrarse y que tiene que estar accesible para la Agencia Tributaria, ya sea remitiendo la información directamente o manteniéndola almacenada en condiciones de seguridad.
Críticas al Gobierno
Sin embargo, los grupos parlamentarios que han intervenido en el debate sobre la convalidación se han mostrado muy críticos con el Gobierno. Los reproches se han concentrado en el escaso margen con el que se ha aprobado la moratoria, el hecho de que se haya mezclado con otras dos iniciativas que nada tienen que ver o la situación de los empresarios que ya se habían adaptado a los cambios.
«El problema es que van tarde, hace meses que tenían que haberlo hecho», ha señalado Josep Pagès, representante de Junts, que ha reprochado al Gobierno que haya apurado hasta el final. Pagès ha defendido que la implantación de Verifactu es «muy costosa y complicada» para los autónomos, pero también ha sido crítico con el trato dispensado a las pymes y autónomos que ya han hecho el cambio.
«Nos encontramos que las empresas que hicieron la solicitud están condenadas a quedarse en el sistema todo el año y las que entraron para prepararse y realizar pruebas no pueden salir hasta 2026″ ha señalado. «Hace falta que puedan dar marcha atrás», ha agregado. «No puede ser que el beneficio sea solo para quienes lo dejan todo para última hora y que se penalice a quienes han sido previsores», ha concluido.
Desde ERC también han sido muy críticos con el Ejecutivo, tanto por la falta de previsión como por mezclar distintas iniciativas. La diputada Inés Granollers ha calificado el decreto como un «churro» que mezcla «medidas que nada tienen que ver unas con otras» y ha reprochado al PSOE que de «volantazos». «Este cambio de rumbo a última hora es un error grave. Las empresas serias, muchas, sobre todo pymes, ya habían hecho el esfuerzo por adaptarse. ¿Quién va a compensar a las pymes que habían hecho los deberes?», ha señalado.
El Partido Popular, que ha votado en contra de la convalidación, ha justificado su decisión en la mezcla de iniciativas. «Estas tres materias no deberían ir nunca juntas, Si hubieran venido tres iniciativas separadas, nuestro voto habría sido diferente», ha señalado Antonio Martínez, diputado popular. «Solo hay urgencia y mala gestión», ha añadido. Martínez ha subrayado que hubiera sido suficiente con una orden de la Agencia Tributaria para demorar Verifactu, un extremo en el que han incidido otros grupos parlamentarios.
