Publicado: abril 16, 2026, 4:48 pm
El Ministerio de Defensa ha dado la razón a Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y rechaza el recurso que Santa Bárbara Sistemas -la filial española de General Dynamics- presentó el año pasado contra los contratos de artillería de más de 7.200 millones de euros que les fueron adjudicados. Según fuentes de Defensa, consultadas por 20minutos, la resolución acuerda «la desestimación íntegra de todas las pretensiones planteadas» por la compañía.
El pasado 22 de diciembre, el departamento que encabeza Margarita Robles adjudicó a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y EM&E dos contratos para el desarrollo de los programas de modernización militar para los nuevos sistemas de artillería de ruedas y de cadenas por un importe conjunto cercano a los 7.240 millones.
La adjudicación de ambos contratos se realizó sin publicidad debido a que, según Defensa, la UTE de Indra y EM&E era «la única empresa capacitada técnicamente para el desarrollo del proyecto». Las dos compañías recibieron, además, una prefinanciación de 3.000 millones de euros a través de dos préstamos públicos sin intereses para poder acometer los proyectos.
En respuesta a esta decisión, Santa Bárbara Sistemas presentó el recurso de alzada ante la Subdirección de Adquisiciones de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, que el departamento debía contestar antes del 22 de abril. Al mismo tiempo, la compañía solicitó medidas cautelares para que la adjudicación se suspendiese temporalmente
A principios de este año Santa Bárbara Sistemas presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para intentar suspender esos 3.000 millones en préstamos que las dos compañías habían recibido del Ejecutivo a un interés del 0%. El Alto Tribunal, que admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo, todavía no se ha pronunciado en relación con la solicitud de cautelares por parte de Santa Bárbara para bloquear esos préstamos.
La filial española entendía que, como único fabricante nacional de sistemas de artillería y especializado, además, en la producción de vehículos de combate terrestre, el préstamo concedido a sus rivales le provocaría un «perjuicio irreparable». A finales de febrero anunció que interpondría un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional si el Ministerio de Defensa desestimaba el recurso de alzada.
La contratación se realizó con «pleno respeto a la legalidad vigente»
En un comunicado emitido esta tarde, Defensa responde que «el procedimiento se ha desarrollado con pleno respeto a la legalidad vigente» e incide en que, en el ámbito de la contratación vinculada a la Defensa Nacional, «las decisiones de adjudicación deben atender a la protección de los intereses esenciales de seguridad, a la garantía del suministro, a la autonomía estratégica y a la disponibilidad operativa de las capacidades militares, aspectos todos ellos debidamente valorados por la Administración conforme al marco jurídico aplicable en España y la Unión Europea».
La misma resolución deniega el acceso al expediente de contratación solicitado reiteradamente por Santa Bárbara «al no concurrir los presupuestos legales que justifiquen dicho acceso, en línea con las resoluciones del Tribunal Supremo».
«En consecuencia, se confirma la validez de las adjudicaciones realizadas a favor de las citadas UTEs, manteniéndose plenamente eficaces los actos administrativos impugnados», concluye el texto, que destaca que con esta resolución se «refuerza la seguridad jurídica del proceso y se avala la actuación de la Administración en un ámbito de especial relevancia para la defensa y la industria nacional».
