Publicado: noviembre 19, 2026, 11:41 am
La Comisión Europea ha abierto un expediente contra España tras detectar la presencia de barreras fiscales discriminatorias que afectan a los fondos de pensiones y a las compañías de seguros de vida extranjeras. Desde el Ejecutivo comunitario se argumenta que estas medidas nacionales «vulneran el principio de libre circulación de capitales garantizado por el derecho de la Unión», según recoge el comunicado de prensa compartido este jueves.
La advertencia se ha formalizado mediante el envío de una carta motivada a las autoridades españolas, en la que se detallan las objeciones normativas y se establece un plazo de dos meses para aportar soluciones. Si las explicaciones remitidas desde Madrid no resultan convincentes para Bruselas, los servicios de la Comisión podrán avanzar hacia la siguiente fase mediante la emisión de un dictamen motivado.
Bruselas ha activado procedimientos de infracción similares contra otros siete países: Bélgica, Alemania, Italia, Austria, Polonia, Portugal y Rumanía. Todos estos expedientes responden a fallos en la correcta aplicación de las reglas comunitarias relativas a la libertad de movimiento de capitales. Si no hay una reacción satisfactoria, el último paso de la Comisión sería llevar a los gobiernos ante la justicia europea (TJUE).
En su comunicación oficial, el Ejecutivo comunitario señala que los marcos tributarios de los Estados miembros expedientados «imponen trabas fiscales discriminatorias que frenan la inversión transfronteriza». Dichas limitaciones perjudican directamente la operativa de las aseguradoras de vida y fondos de pensiones con sede en otros países del bloque.
Para la Comisión Europea, «garantizar la plena efectividad de esta libertad resulta imprescindible para el adecuado funcionamiento del mercado único de capitales«. Esta fluidez financiera, insiste Bruselas, «es considerada una pieza clave para la competitividad empresarial europea y para asegurar la sostenibilidad a largo plazo» del sistema de pensiones de los ciudadanos.
El origen concreto del litigio reside en el trato desigual que aplican las leyes nacionales: se exime del impuesto sobre la renta a los fondos de pensiones y aseguradoras locales, mientras que se grava a las entidades homólogas procedentes de otros Estados miembros o del Espacio Económico Europeo que obtienen ingresos en dicho territorio, añade la Comisión.
A este desequilibrio se suma la imposibilidad «de que las entidades extranjeras puedan deducir las reservas técnicas destinadas a cubrir compromisos futuros con sus clientes«. En cambio, las firmas nacionales sí cuentan con el derecho «a deducir tales reservas de su base imponible», lo que genera una ventaja competitiva respecto a sus competidores comunitarios.
