Publicado: octubre 17, 2026, 3:41 pm
El gasto en pensiones contributivas, que rondará los 200.000 millones de euros en 2026, es la mayor partida del presupuesto consolidado del país, lo que de forma recurrente abre el debate sobre su sostenibilidad, aunque normalmente no en temporada electoral porque los pensionistas suponen un caladero de más de 9,5 millones de votos.
Por esta razón el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha intentado zanjar esta semana la polémica iniciada en sus propias filas sobre la necesidad de hacer cambios en un sistema que podría «petar» y lo ha hecho comprometiéndose a seguir revalorizando las pensiones con la inflación.
Ya lo señaló el Banco de España hace años cuando urgía al Gobierno de Pedro Sánchez a hacer una reforma y advertía de que el envejecimiento del votante mediano dificultaba políticamente tomar medidas que restasen renta a la población de mayor edad.
La última reforma la llevó a cabo en 2021 el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, entonces ministro de la Seguridad Social, e incluyó la llamada «cláusula de cierre», un mecanismo de evaluación trienal del gasto del que se encarga la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y que conlleva la adopción de medidas automáticas si se supera un determinado desfase entre ingresos y gastos.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, recordaba esta semana que ya se ha aprobado el primer examen de la AIReF, y una posterior revisión, aunque con la objeción de que parte de los ingresos del sistema provienen de las transferencias directas del Estado, que tendrá que seguir cubriendo el déficit de la Seguridad Social.
En este sentido, Cuerpo apuntaba a que existe «un segundo mecanismo de cierre», que es el cumplimiento de las reglas fiscales con Europa, lo que garantiza la sostenibilidad del conjunto de las administraciones públicas.
La reforma de Escrivá asumió el compromiso de volver a revalorizar las pensiones al coste de la vida, pero con la vista puesta en el pico de gasto que se alcanzará en 2050 como consecuencia de la jubilación de la generación del ‘baby boom’, los hijos del desarrollismo económico de los 60 y principios de los 70.
Por ello, se pusieron en marcha medidas del lado de los ingresos, como el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), una sobrecotización finalista que busca rellenar la denominada hucha de los pensiones de cara a ese pico de gasto.
Además, bajo el Gobierno de Sánchez se han puesto en marcha diferentes medidas encaminadas a aumentar la edad efectiva de jubilación, como mayores penalizaciones al retiro anticipado e incentivos a su retraso (jubilación activa, demorada o parcial).
Impulso del mercado laboral
Estas medidas, sumadas al retraso de la edad legal de jubilación, que en 2027 se situará en los 67 años (65 años para 38 años y medio cotizados), han logrado aumentar la edad efectiva hasta los 65,4 años.
Además, en un mercado laboral con cifras récord de empleo se han recuperado los 2,51 cotizantes por pensionista que el sistema tenía en 2011.
Un cambio al que ha contribuido el dinamismo del empleo extranjero impulsado en estos últimos meses por el proceso de regularización extraordinaria.
Dudas sobre el pico de gasto del ‘baby boom’
La propia AIReF asegura que las pensiones serán sostenibles siempre que lo sean el conjunto de las Administraciones Públicas, puesto que su viabilidad no solo radica en los ingresos por cotizaciones sociales sino en la recaudación total del Estado, que es el que garantiza el dinero necesario para cubrir ese gasto.
En este punto, surgen voces críticas con las partidas que debe asumir la Seguridad Social, los denominados «gastos impropios», o con que las medidas adoptadas sean suficientes para abordar el reto demográfico.
Fedea, por ejemplo, ha señalado la necesidad de «tomar medidas de contención del gasto» con cambios en la forma de calcular las pensiones iniciales y también en el modo de revalorizarlas.
Y ha advertido que, incluso con estas medidas, puede ser necesario recurrir «a aportaciones complementarias de recursos procedentes de la caja general del Estado». Para Fedea las previsiones de aumento del gasto que defienden el Gobierno se quedan cortas: ellos las sitúan en torno a 5 puntos de PIB frente a menos de 2,5 del Gobierno.
