Publicado: septiembre 29, 2026, 5:04 pm
Foment del Treball ha reclamado este martes recuperar en el Estatuto de los Trabajadores el despido objetivo por absentismo de los trabajadores que tienen bajas médicas recurrentes o de larga duración. Además, en la receta contra el absentismo, la gran patronal catalana apuesta porque las mutuas laborales puedan ejercer más control sobre el trabajador enfermo bajo el argumento de que las bajas por contingencias comunes alcanza un «coste inasumible» que impacta en la competitividad de las empresas.
Estas son algunas de las principales propuestas incluidas en el ‘Libro Blanco sobre el Absentismo Laboral’, presentado este martes por el presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, que a su vez es el vicepresidente de la patronal española CEOE.
En la presentación, Sánchez Llibre ha asegurado que el absentismo es la gran plaga que lastra la competitividad de las empresas. Por ello, ha planteado simplificar el despido de los trabajadores que no acudan a su puesto, aunque tengan una justificación médica o de otro tipo, excluyendo los casos por discapacidad. Además, quiere que las empresas dejen de abonar los complementos por incapacidad temporal porque cuestiona que el hecho que los trabajadores cobren lo mismo trabajando que de baja desincentiva su vuelta al trabajo. De esta manera, las empresas dejarían de hacerse cargo de la prestación entre los días 4 y 15 de baja y pasen a realizarse directamente a través de las mutuas, aumentando el actual 60% de financiación pública. En este capítulo, Foment pretende además eliminar la obligación de cotizar durante los periodos de baja y el sistema de pago delegado por parte de las empresas.
Otra de las propuestas es, precisamente, dar «más protagonismo» a las mutuas laborales en las bajas de enfermedad común (que gestiona la sanidad primaria pública) para que puedan tener más control sobre el proceso que deja al trabajador en casa. Así, en sintonía con el postulado del PP, apunta a que los profesionales de estas mutuas asumirían «la asistencia sanitaria y la rehabilitación» en caso de contingencia comuna, ha precisado el presidente de la patronal.
De hecho, la propuesta de Foment es la vuelta a la reforma del 2012 aprobada por el gobierno del PP y derogada por el ejecutivo de Pedro Sánchez en 2020. La norma permitía dar por finalizado los contratos a causa de faltas intermitentes, aunque estuvieran justificadas médicamente. «No queremos la misma ley del 2012, pero sí alguna cosa semejante», ha señalado Jordi García Viña, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universitat de Barcelona y miembro del grupo encargado de elaborar el Libro Blanco.
La patronal propone modificar la Ley General de la Seguridad Social para impedir que los convenios puedan establecer cláusulas de complementos y declarar nulas las que ya estén vigentes. También apunta que hay que retocar el artículo 20.4 del Estatuto de los Trabajadores para que las empresas puedan conocer la fecha de baja y de alta el mismo día en que se produzcan y mantener un canal de comunicación permanente con el trabajador durante el proceso. «Lo que no puede ser es que a un trabajador le salga igual ir a trabajar o quedarse en casa», ha defendido Sánchez Llibre. Sin embargo, ha admitido la incapacidad para cuantificar el nivel de fraude asociado al absentismo laboral.
La patronal también plantea revisar las reglas sobre desconexión digital durante las bajas y eliminar el consentimiento del trabajador para determinados reconocimientos médicos, de manera que puedan establecerse controles obligatorios en determinados supuestos. Los jóvenes, entre los colectivos con mayor incidencia, a diferencia de lo que pasaba antes de la pandemia que eran los trabajadores de más edad.
En este contexto, García Viña ha reclamado recuperar «la cultura del esfuerzo» y «el compromiso» entre los jóvenes para evitar, según ha defendido, que determinados procesos de incapacidad temporal lleguen a producirse.
Con este conjunto de propuestas, Foment pretende abrir un debate sobre el modelo de gestión del absentismo y trasladar sus planteamientos a la negociación colectiva y a las administraciones públicas, con el objetivo declarado de reducir el volumen y el coste de las bajas laborales.
