Publicado: julio 1, 2026, 5:54 am
Este miércoles 1 de julio ha entrado en vigor la reforma del Real Decreto-ley 7/2026 que fue aprobada en el Consejo de Ministros para endurecer el control sobre el mercado de carburantes, y que incluye medidas impulsadas por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para hacer efectivo ese control y blindar los derechos de los consumidores.
Según ha explicado Consumo en una nota informativa, esta norma buscar señalar a aquellas gasolineras que busquen aumentar sus beneficios aprovechando las ayudas estatales y rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán.
Por tanto, «los consumidores y usuarios podrán saber si hay estaciones de carburantes que puedan estar aprovechándose de las ayudas estatales (como el descuento por litro de hidrocarburo) para aumentar sus beneficios». «Esta información se ofrecerá a través de una lista pública por «comportamiento anómalo» que se ha habilitado en la web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para dar a consumidores y usuarios la posibilidad de reclamar».
Para ello, «la propia CNMC vigilará los márgenes de beneficio de todas las estaciones de carburantes». Hasta ahora, «solo se obligaba a reportar sus datos a aquellos operadores que tuvieran capacidad de refino en España y, con esta modificación normativa, se ha eliminado esa limitación y todos los operadores al por mayor están obligados a desglosar sus costes reales y precios de venta hasta el 31 de diciembre de 2026, estableciéndose como una infracción grave el incumplimiento de este deber de información».
De esta manera, «la CNMC podrá comprobar en qué gasolineras existen anomalías, es decir, en qué estaciones suben el precio de sus carburantes sin justificar que esa subida corresponde a un incremento de sus costes reales. Y los nombres de aquellas gasolineras en las que haya indicios de comportamientos anómalos serán publicados en esta lista pública».
Nuevas obligaciones para las gasolineras
Al mismo tiempo, este nuevo mecanismo impone nuevas obligaciones a las gasolineras para garantizar este cumplimiento. En primer lugar, deben habilitar un canal de reclamación visible, accesible y gratuito tanto en el propio establecimiento como en su página web, y tendrá que estar disponible hasta tres meses después de salir de la lista pública.
Además, se introduce la responsabilidad compartida: si el precio lo ha fijado un tercero, la gasolinera deberá facilitar al consumidor la identidad y contacto del distribuidor mayorista para que pueda así presentar la reclamación económica contra el responsable de fijar el precio.
Además, el Departamento que dirige Pablo Bustinduy ha aclarado que, si la empresa rechaza la reclamación del consumidor, esta deberá informarle de las vías disponibles para resolver el conflicto sin acudir a los tribunales, explicarle cómo acceder a ellas y facilitarle los datos de los organismos competentes para que pueda ejercer sus derechos.
