Publicado: abril 29, 2026, 3:00 am
Hay algo profundamente moderno -y altamente inquietante- en la idea de que un país entero pueda quedarse sin luz durante doce horas y, un año después, seguir sin tener del todo claro por qué ocurrió ni qué se ha hecho exactamente para evitar que vuelva a suceder. Tras el gran apagón del 28 de abril de 2025, España sigue atrapada en una paradoja: hubo un fallo monumental, con siete fallecidos y pérdidas millonarias, pero -según quienes estaban al mando- nadie falló realmente.
La fría luz de los datos, que suele ser menos sentimental que los discursos, no deja en buen lugar a Red Eléctrica Española (REE), la empresa encargada de que el sistema funcione sin sobresaltos. Sin embargo, su presidenta, Beatriz Corredor, que fue ministra de Vivienda en 2008 con Rodríguez Zapatero, ha optado por una estrategia que podríamos llamar “culpa difusa”: aquí fallaron otros. O todos. O el sistema. Pero no REE.
El problema es que los informes —tanto nacionales como europeos— no son tan comprensivos. Apuntan a decisiones discutibles en la gestión del sistema, especialmente en un día en que las renovables dominaban el mix energético y las instalaciones capaces de estabilizar la red estaban bajo mínimos. Traducido al lenguaje cotidiano: había más riesgo del habitual y menos red de seguridad. Y alguien tenía que haberlo visto.
Más llamativo aún es que, un año después, la misma presidenta de REE no pueda garantizar que algo así no vuelva a ocurrir. La frase: «el sistema está completamente seguro si todo el mundo cumple con sus obligaciones”, es técnicamente impecable y políticamente insuficiente. Doce meses después, no hay un balance público completo, ni un relato claro de responsabilidades, ni un plan detallado y coordinado que permita a ciudadanos y empresas dormir tranquilos.
Mientras tanto, el país sigue funcionando. No ha habido otro apagón, lo cual es, sin duda, una buena noticia. Pero esa tranquilidad se parece más a un aplazamiento que a una solución. Se han aplicado medidas parciales, parches que reducen el riesgo inmediato, pero no eliminan la sensación de fragilidad. Es como reforzar la puerta principal mientras se ignora que las ventanas siguen abiertas.
El coste del apagón tampoco fue menor: unos 1.600 millones de euros en un solo día, según estimaciones empresariales. Una cifra lo suficientemente elocuente como para recordar que la electricidad no es solo un servicio, sino la columna vertebral de la economía. A eso hay que añadir el coste de las medidas de emergencia y un aumento aproximado del 13% en la tarifa eléctrica. En otras palabras, la factura del susto ya se está pagando.
Sin embargo, ayer martes se cumplía, en teoría, el plazo para reclamar daños. “En teoría” son dos palabras peligrosas en Derecho, porque suelen anunciar lo contrario. La apertura de expedientes por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha introducido un matiz delicioso para los juristas: ¿cuándo empieza a contar el reloj? Dicho de otro modo, ¿cuándo empieza a caducar la indignación?
Emerge aquí una de las ironías más finas del caso. Para el ciudadano medio, el apagón ocurrió el día en que se le fundió el frigorífico y perdió la compra. Para el sistema jurídico, en cambio, el apagón quizá aún no ha ocurrido del todo: está esperando a que alguien explique quién fue el responsable. Sin causa conocida, el tiempo se vuelve elástico.
La CNMC, por su parte, ha hecho algo que en España siempre llega tarde pero llega: poner nombres. Sus 55 expedientes rompen el cómodo anonimato de los informes previos y señalan con distinto grado de severidad a los implicados. A Red Eléctrica de España le atribuye una infracción muy grave; a otras eléctricas, incumplimientos de menor intensidad; y a la Asociación de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, un reproche especialmente duro por reducir capacidad sin autorización.
Esta jerarquía de culpas es más que un detalle técnico: es el mapa de la batalla judicial que viene. El problema de fondo no es jurídico, sino casi filosófico. Vivimos en sistemas tan interconectados que cuando fallan, la causalidad se fragmenta. ¿Quién apaga la luz en un sistema donde todos dependen de todos? La respuesta honesta sería: varios. La respuesta jurídica, en cambio, exige concretar. Y esa necesidad de concreción es la que convierte un fallo colectivo en una larga guerra de informes, recursos y sentencias.
Porque no nos engañemos: esto va para largo. La CNMC tiene hasta 18 meses para resolver, sus decisiones podrán recurrirse ante la Audiencia Nacional y, después, ante el Tribunal Supremo. Paralelamente, discurrirán las demandas civiles, con su obligatorio intento de conciliación previo. Traducido a lenguaje común: el apagón fue instantáneo; su explicación tardará años.
