Publicado: septiembre 26, 2026, 10:07 pm
Hace una semana, España no conocía a Maricarmen, una mujer de 87 años que iba a ser desahuciada de su piso, en un barrio acomodado de Madrid por no poder pagar los 2.600 euros que le exigía el fondo buitre propietario de su casa. Hoy, Maricarmen -que permanece en un hospital a la espera de tener un techo donde vivir- está a punto de dar su nombre a un decreto ley en materia de vivienda que el Consejo de Ministros tiene planeado aprobar este mismo martes.
El desahucio de esta mujer vulnerable, apoyada por cientos de vecinos del barrio del Retiro y con un aparatoso despliegue policial, convulsionó la política española en cuestión de horas. Miles de manifestantes salieron a la calle y protestaron frente al polémico ático que adquirió la Comunidad de Madrid, el Gobierno responsabilizó del desahucio a Isabel Díaz Ayuso, y el PP replicó que el PSOE y Sumar llevan siete años en el Gobierno, y la vivienda es el mayor problema social del país.
Por un momento, pareció que España retrocedía a la época y épica del 15-M, cuando los activistas de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) fueron protagonistas, entre otros, de una revuelta social que dio lugar al nacimiento de Podemos. Quince años después, aquellos activistas gobernaron ciudades como Madrid y Barcelona, y forman parte del Gobierno de coalición progresista. Ninguna de sus políticas logró frenar los precios de la vivienda. La ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau, líder del movimiento antidesahucios en su día que perdió el cargo en las últimas elecciones municipales, está viviendo una segunda juventud, y se ha ofrecido para encabezar el Frente Amplio que sustituirá a Sumar, que a su vez sustituyó a Unidas Podemos.
Colau ha llegado a pedir a los ministros de Sumar que abandonen el Gobierno si el PSOE no acepta tomar medidas contundentes contra la especulación del precio de la vivienda y los fondos buitre. Durante toda la legislatura, Sumar ha intentado que el PSOE asumiera reformas contundentes en materia de vivienda, con escaso éxito. Protagonizaron incluso un plante durante una reunión del Consejo de Ministros.
Los ministros de Sumar han llegado a pedir la expropiación del piso de Maricarmen, iniciativa rechazada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con cierta ironía. «No soy partidario del ¡exprópiese!», aseguró recordando la célebre expresión con la que Hugo Chávez ordenaba la confiscación de bienes privados.
La tensión de los dos socios de Gobierno ha subido enteros en las redes sociales con Óscar Puente en la vanguardia de combate, aunque nadie piensa que Sumar vaya en serio con sus amenazas. «Ellos están intentando diferenciarse de nosotros con disparates como la expropiación, y seguirán con eso porque les da un poco de espacio, que no tienen porque la oposición desde la izquierda la encabeza Irene Montero, pero saben que ese tipo de propuestas no van a ninguna parte», señalan fuentes de Moncloa.
«El auténtico movimiento tectónico más importante de lo que es un drama terrible es que Junts ha variado su estrategia y ha vuelto a la mesa de negociación con el Gobierno», añaden las mismas fuentes. En efecto, Junts ha reiterado desde hace casi un año, y todas las semanas, que nunca se volvería a sentar con Pedro Sánchez para negociar nada, y que la legislatura estaba acabada. El cambio de Junts se ha producido coincidiendo con las informaciones que aventuran el pronto regreso de Puigdemont, después de una sentencia del Constitucional que no tardará mucho. Las fuentes consultadas, sin embargo, no vinculan ambas circunstancias.
«El desahucio ha agitado mucho la conciencia de la gente, y se ha removido la propia conciencia de los partidos que hemos sido incapaces de aprobar una legislación para impedir este tipo de abusos. Hay mucha presión sobre Junts para que apoye las medidas del Gobierno que puedan favorecer a la mayoría, y también sobre Podemos para que abandone propuestas inviables», señalan fuentes del Gobierno.
La puerta de la negociación está abierta, y no hay duda de que en el otoño más difícil para Pedro Sánchez desde que es presidente -con la crisis de Ceuta abierta en canal, la corrupción menudeando todas las semanas y el ambiente preelectoral electrizado como nunca contra el Gobierno- el decreto Maricarmen podría ejercer de bálsamo político.
En el Gobierno, sin embargo, no lanzan las campanas al vuelo para aprobar el decreto en el Congreso. «La negociación será difícil, pero está abierta, eso es lo más importante, se están intercambiando propuestas, vamos a ver si conseguimos un punto de equilibrio para el decreto. El contexto político para el acuerdo, lamentablemente como consecuencia de un desahucio terrible, está mucho más favorable que hace unos días. Tenemos que ser prudentes, pero cuando el contexto te ayuda, y hay voluntad, es más fácil llegar a un acuerdo».
El spray y el respeto en el Congreso
El caso del gas pimienta ha dejado prácticamente sin habla al Partido Popular. La diputada Ana Vázquez llevó al pleno un spray de gas pimienta para interpelar al Gobierno sobre la crisis de Ceuta. El episodio, que acabó con varias personas intoxicadas por el gas vertido en un cuarto de baño, tendrá consecuencias disciplinarias para la diputada. La mayoría de los diputados del Grupo Popular aplaudieron a Vázquez cuando abandonó el pleno, no así Alberto Núñez Feijóo, quien permaneció serio durante todo el episodio. El gesto grabado por las cámaras en el que la diputada entrega el spray a José Luis Ramos, un periodista que trabaja en el Grupo Popular, para que lo vacíe, ha suscitado un mar de críticas contra Ana Vázquez. La práctica totalidad de los periodistas y el personal que trabaja en el Congreso, de todos los grupos, se han solidarizado con Ramos, que lleva décadas en el Congreso y que goza del respeto, la consideración y el afecto de todos en esa casa.
