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Manuel Aragón atribuye la proliferación de causas judiciales contra políticos a «la falta de eficacia del control político»

Publicado: noviembre 19, 2026, 7:07 pm

Actualizado Jueves,
19
noviembre
2026
–
20:31

El ex magistrado del Tribunal Constitucional Manuel Aragón sostiene que el protagonismo que han alcanzado las actuaciones judiciales contra políticos no se explica «sólo porque hayan aumentado los casos de actuaciones políticas irregulares». Es, sobre todo, «la consecuencia de que el control político no esté cumpliendo con eficacia su ineludible función y haya que recurrir al poder judicial como última vía de control del poder».

Aragón ha pronunciado estas palabras en el acto de entrega del XXXII Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio, celebrado este jueves en el Casino de Madrid.

El jurista ha rechazado que ese fenómeno suponga, «por sí solo, una ‘judicialización de la política’, como algunos erróneamente sostienen». Lo que hay, a su juicio, es «una actuación debida de los tribunales, que no pueden dejar de juzgar, cuando son llamados a ello, las conductas jurídicamente irregulares de todos los ciudadanos (incluidos los que ocupan cargos públicos)».

Según Aragón, la causa principal del actual protagonismo del Poder Judicial «no cabe atribuirla al correcto funcionamiento del Estado de Derecho, sino al mal funcionamiento del Estado democrático». Y ha rematado: «No critiquemos, entonces, al Estado de Derecho por lo que necesariamente tiene que hacer, sino al Estado democrático por lo que, lamentablemente, no hace».

Tampoco admite el ex magistrado la «mal entendida ‘politización de la justicia'». La justicia sólo estaría politizada, ha explicado, «si el acceso a los órganos que la desempeñan se basara en criterios ideológicos y no en el mérito y la capacidad, y si las resoluciones que dictan se sustentasen en razones políticas y no en las estrictas razones del Derecho». «No es eso, por fortuna, lo que sucede en España», ha dicho antes de pedir que se rechacen «por mendaces» las «acusaciones generalizadas de politización que, con lamentable frecuencia, se están imputando, desde algunos sectores, a los órganos de nuestra jurisdicción ordinaria».

Aragón también se ha referido al Consejo General del Poder Judicial. «En cuanto que el Poder Judicial ha de ser independiente, también debe serlo, obviamente, su órgano de gobierno». De ahí, según ha dicho, «la necesidad de que la política no influya en el modo de selección de sus miembros» y de que los nombramientos que hace el Consejo en la cúpula de la jurisdicción ordinaria respondan a «criterios objetivos que eliminen, o al menos reduzcan drásticamente, la discrecionalidad». Sus palabras suponen asumir la propuesta de renovación del sistema para que las Cortes no intervengan en la elección final de sus vocales, como sí hacen ahora.

Aragón ha tenido palabras duras para el Tribunal Constitucional, del que formó parte entre 2004 y 2013. Con Conde-Pumpido en la mesa presidencial, ha dicho que no consideraba «este momento y lugar» adecuados para criticar lo que «el Tribunal hace», «pero sí para criticar lo que ‘con el Tribunal se hace’, al designarse a la mayoría de sus magistrados mediante un sistema de mero reparto por cuotas políticas, que daña, sin duda alguna, la imagen del Tribunal».

Por eso ha pedido volver «al auténtico consenso en la designación (que incluye vetos mutuos)», la fórmula que se siguió para la primera composición del tribunal y que «después, de manera lamentable, se abandonó».

Además de Conde-Pumpido, entre los asistentes estaban la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló; la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

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