Publicado: noviembre 18, 2026, 3:07 pm
La Diputación Permanente del Congreso cuya aritmética favorece, ahora sí al Gobierno, ha convalidado en una maratoniana sesión un total de siete decretos ley aprobados por el Ejecutivo ya en tiempo de descuento. Todas las normas han recibido la luz verde pero no por ello el debate ha sido amable. La sesión ha sido una sucesión de reproches cruzados a cuenta de la crisis de Ceuta, de la dana de Valencia de hace dos años y de la más reciente denominada Adam, de los muertos en los accidentes de Adamuz y Urda y, por supuesto, del oportunismo del Ejecutivo por tratar ahora de poner medidas sobre la mesa y repartir dinero abusando de la Diputación, en un claro ejemplo de «estrategia propagandística» y de «compra de votos», según la derecha, para suplir su falta de gestión durante la legislatura.
La dejadez del Gobierno en las primeras semanas tras la crisis migratoria sufrida por Ceuta ha sido una constante en las intervenciones de la oposición en el debate del primer decreto, que ni siquiera ha sido frenada por los datos proporcionados por el ministro de Administración Territorial, Ángel Víctor Torres, quien ha asegurado que ya han retornado a Marruecos 16.475 migrantes. Por parte de las formaciones situadas a la izquierda del PSOE se ha reprochado al Gobierno su inacción ante los presuntos casos de violación de los derechos humanos de los migrantes por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y desde el PP, la diputada Sofía Acedo ha insistido en que tras lo sucedido en la ciudad autónoma «el Gobierno no merece seguir ni un minuto más» en el poder.
El decreto ley destinado a paliar los daños causados por las inundaciones de la dana Adam ha dado pie a un duro cruce de críticas sobre la riada anterior, esto es, la padecida por Valencia hace dos años. El ex presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sido el foco de la batalla por parte de los partidos de la izquierda en tanto que desde la derecha se ha insistido en la falta de medidas y actuaciones por parte del Ejecutivo desde aquella tragedia hasta el punto de que el territorio afectado por la misma ha vuelto a padecer el impacto de las inundaciones ocasionadas por Adam. El episodio de El Ventorro o la polémica frase «si necesitan ayuda que la pidan», han salido inevitablemente a relucir.
El tercer decreto que contempla medidas de protección para las mujeres que sufran transtornos menopáusicos o sean víctimas de la violencia de género; amplía la edad de cobertura para cuidados por enfermedad grave; flexibiliza los requisitos para las parejas de hecho sin registro cuando existan hijos en común y eleva las pensiones para las víctimas de terrorismo ha dado pie para que la mayoría de los grupos haya pedido más avances en estos terrenos a fin de que los trámites administrativos no sean obstáculo para acceder a derechos. Desde la derecha se ha acusado al Gobierno de acordarse de estos problemas a las puertas de unas elecciones y se le ha criticado por haber rechazado antes propuestas similares aduciendo afectación presupuestaria.
La norma que prevé el refuerzo de la seguridad en el transporte ferroviario, defendido por el vicepresidente y ahora también ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, aborda el tiempo de conducción de los maquinistas y nuevos procedimientos para la comunicación de riesgos amparando el derecho del personal a detener la marcha o no iniciarla ante un riesgo grave o inminente. Las medidas han sido calificadas de «muy limitadas» e «insuficientes» para recuperar la confianza de los ciudadanos en el tren. La oposición ha considerado que vienen a demostrar que el sistema tenía muchas deficiencias. Desde el PP se ha recordado la lista de ministros de Transportes de Sánchez: José Luis Ábalos, «en la cárcel»; Raquel Sánchez, la que «encargó trenes que no cabían por los túneles» y finalmente, Óscar Puente, el «faltón y sectario».
El debate ha continuado con el decreto que contempla las indemnizaciones a las víctimas del accidente de Urda. La cuantía total es de 30 millones de euros: 15 en ayudas directas y otros 15 como anticipos del seguro de responsabilidad civil. Las indemnizaciones por fallecimiento son en total de 144.242 euros y por lesiones oscilan, según la gravedad, entre los 4.808 y los 168.283 euros. Todas ellas están exentas del IRPF y son compatibles con otras previstas en la legislación nacional y europea. Al Gobierno se le ha reprochado haber sido incapaz de garantizar los servicios públicos. El PSOE ha comparado los casos de Angrois y Urda y las actitudes de los ex ministros Ana Pastor y Óscar Puente. La oposición ha acusado una vez más al Gobierno de utilizar la desgracia para «comprar votos».
El decreto de protección a familias monoparentales, defendido por el ministro de Asuntos Sociales, Pablo Bustinduy, equipara a este tipo de núcleos familiares con dos hijos a las familias numerosas y, además, refuerza el mecanismo de respuesta ante el impago de las pensiones alimenticias. Este decreto, también ha sido considerado necesario pero «insuficiente» por la mayor parte de los grupos. La oposición ha recalcado que el propio real decreto reconoce que en ocho años no se ha mejorado la protección social de niños y familias vulnerables. «¿Por qué no lo han hecho antes?», ha sido la pregunta más repetida por la derecha que, además, ha señalado que el decreto se remite a un artículo -el 33- de una ley de Familias que no se ha aprobado.
Por último, la Diputación ha convalidado el decreto ley de medidas para el despliegue de la reforma del sistema de atención a la dependencia que establece la teleasistencia universal y gratuita para este colectivo; reduce los plazos administrativos para la declaración de dependencia a un máximo de tres meses y refuerza la ayuda que se presta a domicilio. la principal crítica que se ha hecho a este decreto es la falta de financiación y la falta de corresponsabilidad del Estado.

