Publicado: abril 25, 2026, 10:07 am
A cuatro días de una votación clave en el Congreso, la presión social escala sobre la futura prórroga de los alquileres. Los sindicatos de inquilinos han enviado más de 50.000 cartas al Partido Popular y Junts para evitar que ambos partidos tumben el Real Decreto-ley. Además, mañana domingo está convocada una manifestación ciudadana frente a la sede nacional de los populares en Madrid a las 12 de la mañana.
La norma, promovida por Sumar, socio minoritario del Gobierno, plantea congelar durante dos años los contratos de alquiler que expiren en 2026 y 2027. En concreto, establece una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los arrendamientos que venzan entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, además de fijar un límite del 2 % a la revalorización de las rentas. Una medida introducida por el partido de Yolanda Díaz dentro de un paquete para intentar paliar las consecuencias economicas de la guerra de Irán y aprobado en un bronco Consejo de Ministros marcado por el plantón de los socios al Gobierno. «Somos conscientes que no existe aún una mayoría parlamentaria para poder convalidarlo, pero no por ello vamos a renunciar a dar una respuesta a la emergencia habitacional que sufre buena parte de la ciudadanía española», señaló en su momento Pedro Sánchez.
Tanto PP, Vox y Junts expresaron su posición en contra del decreto-ley. El portavoz popular, Miguel Tellado, aseguró el 20 de marzo que su partido se preparaba para dar el visto bueno al decreto que incluía buena parte de las medidas que su partido -junto a Junts y PNV- reclamaban, pero no así «el de izquierdas», el que plantea las medidas relacionadas con la vivienda.
El pasado miércoles, el ministro Bustinduy intentó presionar por medio de una carta a los de Núñez Feijóo en la que le recordaba que la prórroga de los alquileres que vencen antes de diciembre de 2027 afecta a más de dos millones y medio de personas. «En las condiciones actuales de mercado, la renovación de esos contratos supondría para muchos de ellos tener que afrontar subidas intempestivas de hasta un 50% en el precio de los alquileres. Para cientos de miles de familias, eso equivaldría a tener que abandonar su vivienda, con el profundo trastorno que implicaría para sus vidas», asegura en la misiva.
Además, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 remitió una carta a 541 inmobiliarias y fondos de inversión que gestionan o concentran 50 o más propiedades cada una para informarles de que deben cumplir con la norma en vigor desde finales del pasado marzo. En ella, subrayan de «obligado cumplimiento» para todos los contratos de vivienda habitual que caduquen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, hasta que se decida el futuro de este decreto-ley el próximo martes.
