Publicado: junio 18, 2026, 6:07 pm
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destinado al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid relata que el entramado empresarial creado por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habría cobrado cerca de 4,4 millones de euros al grupo Quirón por unos servicios para los que «carecería de los medios necesarios», según las tesis de la Agencia Tributaria.
En el informe, al que ha tenido acceso EL MUNDO, la UCO pone el foco en una operación empresarial que, según los investigadores, permite reconstruir cómo se habría articulado la presunta operativa económica bajo investigación, dentro de la pieza separada en la que el juez Antonio Viejo investiga a González Amador por presunta corrupción en los negocios en el marco de sus relaciones con Quirón Prevención.
Según la Benemérita, el punto de partida es la compra, en diciembre de 2020, de la sociedad Círculobelleza SL por parte de Maxwell Cremona, empresa propiedad de González Amador. La operación tuvo un importe de 499.836 euros y benefició a María Gloria Carrasco, propietaria de la mercantil y pareja de Fernando Camino Maculet, directivo de Quirón Prevención.
La UCO destaca que, hasta ese momento, Círculobelleza era una sociedad con una actividad limitada. Según la documentación analizada por los investigadores, la empresa había declarado una cifra de negocio de 58.862 euros en 2020 y en años anteriores había facturado cantidades aún inferiores.
Además, la Guardia Civil subraya que en la documentación de la operación «no se ha localizado ninguna referencia a la valoración efectuada de la mercantil CIRCULOBELLEZA» ni tampoco «al método o los motivos por los que se establece un importe de compraventa cercano a 500.000 euros».
Para los investigadores, la operación resulta especialmente relevante porque se produjo pocos meses después de que Maxwell Cremona registrara un fuerte incremento de ingresos. Según recoge el documento, la sociedad facturó en 2020 cerca de 1,97 millones de euros a FCS Select Product. De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, esos ingresos procederían de una comisión del 4,5% por una labor de intermediación en una operación de venta de material sanitario valorada en más de 45 millones de euros durante la pandemia.
La UCO no afirma que esos fondos tengan un origen ilícito. Sin embargo, sí señala que, teniendo en cuenta que Maxwell abonó casi medio millón de euros por Círculobelleza, «parece lógico pensar que, al menos parte de los fondos utilizados, tendrían su origen precisamente en esta facturación», en referencia a los casi dos millones de euros percibidos por la intermediación.
Tras la compra, Círculobelleza cambió de nombre y pasó a denominarse Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering. A partir de ese momento, la sociedad comenzó a desarrollar una actividad económica muy superior a la que había mantenido hasta entonces.
Según la documentación citada por la Guardia Civil, Masterman facturó a Quirón Prevención 327.320 euros en 2021 y otros 335.000 euros en 2022. Paralelamente, Maxwell Cremona facturó también a la misma compañía 722.180 euros en 2021. La documentación incorporada a la causa refleja una intensa relación comercial entre las sociedades vinculadas a González Amador y Quirón Prevención durante los años posteriores a la adquisición de la mercantil.
Fue precisamente en ese momento de la cronología, en 2021, cuando comenzó la relación sentimental entre González Amador y Díaz Ayuso, según una exclusiva publicada por la revista Lecturas en mayo. Sin embargo, según explican fuentes de la Comunidad de Madrid, durante ese periodo no se produjo ninguna modificación, ampliación ni remodelación de los contratos existentes con Quirón Prevención, que se remontaban a 2010.
Otro de los elementos que la UCO considera relevante es la presencia recurrente de Fernando Camino Maculet en la operativa. Camino fue socio de Círculobelleza hasta pocos meses antes de la compraventa, es pareja de la mujer que recibió los casi 500.000 euros abonados por Maxwell Cremona y, además, figura como presidente de Quirón Prevención y consejero de MAPE Asesores, otra de las sociedades que aparecen en las operaciones económicas analizadas.
La Guardia Civil incorpora además a su informe diversas conclusiones elaboradas previamente por la Agencia Tributaria. Entre ellas figura una que sostiene que Masterman carecía de medios suficientes para prestar determinados servicios de consultoría facturados a Quirón Prevención.
La valoración no procede de la UCO, sino de Hacienda, aunque los agentes de la Benemérita la asumen. En el informe tributario citado se concluye que «según la AEAT, la sociedad MASTERMAN SL carece por completo de medios personales y materiales necesarios y suficientes para la prestación de los servicios» facturados a Quirón Prevención. En otro apartado, la Agencia Tributaria añade que la sociedad «carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría, objeto de los servicios facturados» a Quirón.
En este sentido, el informe de la Guardia Civil no formula una conclusión definitiva sobre la existencia de delito, sino que describe una secuencia de operaciones económicas, señala las conexiones entre los distintos intervinientes y solicita nueva información bancaria, tributaria y de la Seguridad Social para determinar el origen y el destino de los fondos movidos entre las sociedades investigadas.
