Publicado: julio 27, 2026, 10:07 am
Las acusaciones populares reclaman una condena de 13 años de prisión para Begoña Gómez. Así consta en el nuevo escrito de acusación presentado este lunes ante el juez Juan Carlos Peinado, en el que atribuyen a la esposa del presidente del Gobierno un delito de tráfico de influencias (dos años) y dos de malversación (11 años).
La solicitud supone una rebaja sustancial respecto a los 24 años que se reclamaban en el primer escrito enviado al Juzgado 41 de Madrid. La modificación responde al auto de la Audiencia Provincial de Madrid que ratificó el juicio con jurado para Begoña Gómez, pero limitando a dos los cuatro delitos que se le imputaban.
Del nuevo escrito de acusación desaparecen la corrupción en los negocios y la apropiación indebida, como estableció el tribunal que revisa las decisiones de Peinado. Por el primero se pedían cuatro años y por el segundo, seis. Además, ahora se acusa solo por un delito de tráfico de influencias y no por tres (se pedían dos años por cada uno, ahora solo dos años).
La Audiencia de Madrid no vio apropiación indebida del software de la cátedra de Gómez en la Complutense, pero sí consideró que los hechos podrían suponer una malversación. Ello ha llevado a que el escrito de Hazte Oír -que coordina a las acusaciones populares- pida condena por dos delitos de malversación: uno continuado por emplear a su asesora en La Moncloa para sus tareas profesionales privadas (petición de tres años) y otro agravado por el uso privado que hizo del software de la Complutense (ocho años).
Para la asesora en La Moncloa Cristina Álvarez se solicitan seis años de prisión como cooperadora necesaria en la malversación de Begoña Gómez que habría supuesto el uso del software. La rebaja en su caso es muy sustancial: el primer escrito de acusación pedía 22 años de cárcel para ella.
Ya no se acusa al empresario Juan Carlos Barrabés, para el que Gómez escribió cartas de recomendación. La investigación contra él por las adjudicaciones públicas que recibió sigue adelante en un procedimiento diferente.
Ahora el juez Peinado dará traslado a las defensas para que preparen sus escritos, en los que de nuevo reclamaran la absolución. Cuando lleguen, el magistrado tendrá vía libre para dictar un nuevo auto de apertura de juicio oral contra la esposa de Pedro Sánchez.
Como en el primer escrito de acusación, se solicita que en el juicio con jurado declare como testigo el presidente del Gobierno, para que explique el uso de La Moncloa en la consecución por parte de Gómez de una cátedra extraordinaria en la Complutense.
El número de testigos propuestos alcanza el centenar. Que finalmente sean convocados ante el jurado dependerá de lo que decida el magistrado que presidirá la vista oral, que aún no ha sido designado.
Uno de los testigos presentados es el rector de la UCM, Joaquín Goyache, que se reunió con la acusada en el palacio presidencial. La creación de la cátedra es el núcleo del delito de tráfico de influencias. La acusación popular indica que, «materialmente, no fue una estructura académica, sino un instrumento de captación de financiación y de medios humanos y técnicos de las más punteras empresas tecnológicas del país, puestos al servicio del desarrollo del proyecto personal de la acusada».
Añade que el acceso directo al rector, su citación en La Moncloa, la reunión allí celebrada y la exposición del proyecto «fueron promovidos y aprovechados por Begoña Gómez», siendo «consciente de la influencia que se ejercía sobre el rector y, en cadena, sobre quienes se encontraban orgánica, institucional o académicamente por debajo de él», de la misma forma que fue consciente «de la presión moral derivada del escenario en que tuvo lugar la reunión y de su relación matrimonial con el Presidente del Gobierno». Todo ello afectó a la voluntad de los funcionarios y autoridades académicas que intervinieron en la creación de la cátedra», se afirma.
