Publicado: noviembre 7, 2026, 9:07 pm
El Partido Popular presentará el martes que viene el programa electoral con el que concurrirá a las generales del 29 de noviembre. Uno de los sus puntos fundamentales en materia de «regeneración democrática» es el de reinstaurar o endurecer los límites de las instituciones públicas. En ese sentido, el PP se compromete, según ha sabido EL MUNDO, a cambiar la ley para garantizar que, en el futuro, la Abogacía del Estado «no defenderá intereses particulares de los altos cargos». ¿Para qué? Para evitar choques institucionales como el que, a juicio de los populares, ocurrió en el juicio a Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, o cuando la Abogacía trabajó para Pedro Sánchez en su querella contra el juez Juan Carlos Peinado.
La normativa faculta a la Abogacía del Estado para representar a las autoridades públicas sólo «en los supuestos en que se dirija contra ellos alguna acción como consecuencia del legítimo desempeño de sus funciones o cargos, o cuando hubieran cumplido orden de autoridad competente». Así lo especifica el Real Decreto 649/2023, que sirve como Reglamento de la Abogacía del Estado.
Ése es el decreto que cambiará el PP si llega a La Moncloa tras el 29-N, según el programa electoral, a cuyo contenido ha accedido este diario: «La Abogacía del Estado no defenderá intereses particulares de los altos cargos. Reformaremos su Reglamento para que el ejercicio de acciones judiciales en nombre de un miembro del Gobierno requiera una justificación expresa del interés general y de su relación con las funciones del cargo». «La asistencia jurídica pública no podrá utilizarse para pleitos particulares ajenos al ejercicio legítimo de esas funciones», añade.
Para el PP, cuando las acusaciones versan sobre corrupción presunta, o «intereses personales», que la Abogacía del Estado ejerza la defensa de los altos cargos es como si se convirtiera en un bufete privado y eso supone una perversión de su cometido y de su naturaleza.
Hay varios casos en los que el PP basa su nueva promesa de revisión legal. Para empezar, el Álvaro García Ortiz. La Abogacía asumió su representación legal en la causa en la que el entonces fiscal general del Estado resultó condenado por revelación de secretos tras la filtración de correos sobre el fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
El PP cree que el hecho de que la Abogacía del Estado defendiera a García Ortiz dañaba la reputación del cuerpo. Por eso el programa de los populares propone que nunca más se produzca un caso así.
O como el del presidente del Gobierno: la Abogacía interpuso en 2024 una querella en nombre de Sánchez por presunta prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado. Al ser una causa ligada a la investigación sobre su esposa, el PP lo consideró un uso espurio de la Abogacía General del Estado. El Gobierno, sin embargo, defendía que se estaba protegiendo la dignidad de la institución de la Presidencia del Ejecutivo.
En 2025, la Abogacía del Estado también asumió la representación y defensa del entonces delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre (recién dimitido del cargo tras enterarse de que no irá en las listas electorales del PSOE). También por el caso Begoña Gómez, tras la imputación del delegado por presunta malversación durante su etapa en Moncloa como superior de la asesora de la esposa del presidente del Gobierno.
De hecho, el PP hará campaña en base a un mantra: «Estas elecciones no van de que el PSOE pierda o que el PP gane: esto va de salvar a España de Sánchez, del Gobierno más corrupto que ha tenido España nunca». Así lo dijo ayer Miguel Tellado, secretario general y director de la campaña de los populares.
La dirección del principal partido de la oposición cree que el accidente de trenes de Urda (Toledo) ha virado el foco de la campaña hacia la gestión: «Estamos ante un marco favorable para nuestro partido porque se enfrentan la no-gestión que representa Sánchez y el modelo de gestión, rigor y experiencia que representa Feijóo». «Lo nuevo, por sí mismo, no es lo bueno. Si uno no ha gestionado nunca nada, pues luego pasa lo que pasa en nuestro país», dijo Tellado, en un mensaje que también sirve para Vox.
Tras presentar el programa, el PP quiere multiplicar sus actos por todo el territorio. «Habrá campaña territorial también y campaña digital. Habrá múltiples campañas solapadas. El Comité de Dirección hará una campaña en paralelo y habrá 17 campañas de los 17 presidentes autonómicos y 52 campañas provinciales lideradas por los cabezas de lista».
«Haremos lo que Sánchez no puede hacer: salir a la calle y hablar con la gente». Sánchez, dijo Tellado, «no tiene apoyos en todas las CCAA, no tiene ex presidentes a los que recurrir, ha visto dimitir a su portavoz y al ministro que más lo defendía» y, en suma, «está más solo que nunca».
