Publicado: marzo 11, 2025, 9:07 am
Uno -el de 14 años (D. G. P.)- le pegó a su padre cuatro veces en el intervalo de un mes y medio y acabó rompiéndole la nariz. El otro -el de 15 años, (J.J.G.)- era un delincuente habitual muy conocido por la Policía, que lo había perseguido en varias ocasiones. Algunas de ellas en coche, porque a pesar de ser menor de edad estaba especializado en el hurto de vehículos y cuando lo sorprendían salía huyendo… conduciendo él mismo.
Fue lo que hizo el domingo, en una noche cerrada de intensa lluvia y viento, después de que presuntamente asesinara, junto a su compañero, a María Belén en una de las viviendas para menores conflictivos que son de titularidad de la Junta, pero que gestionan entidades sociales de carácter privado.
«Llegó a cometer 37 delitos en un fin de semana«, asegura sobre el menor de 15 años una fuente cercana al caso que conoce a la perfección el drama por el que pasaba una de las familias debido a la situación de su hijo. Era la que denunciaba sus desapariciones, sus huidas de los pisos tutelados. La otra familia, de padres divorciados y con sentencias firmes por violencia de género, siempre ha guardado silencio.
Al chalé tutelado de Badajoz, el de 15 años había regresado hacía poco más de un mes después de que en Mérida, adonde había sido trasladado, protagonizara también varios hechos delictivos. Como en Villafranca de los Barros, su anterior destino. Amenazó con golpear a un profesor por ponerle un cero en un examen.
Este régimen de semilibertad del que gozaban incluía el intento de reinserción y la Administración los matriculaba en colegios de Educación Secundaria. Así había ocurrido en Mérida en los últimos tiempos, donde J.J.G. practicaba balonmano. «Jugaba muy bien», comenta un compañero, quien recuerda que hasta hizo unas pruebas con la selección extremeña. Terminaría siendo expulsado por pegarse con otro jugador…
Así, una y otra vez. Y vuelta a empezar. Del centro de menores a intentar la reinserción y, tras cometer algún delito, de nuevo a los pisos tutelados con la supervisión en este caso de una educadora social. Como María Belén, que este domingo entró en la vivienda sobre las 20.00 horas para hacer su turno, que acababa a las 08.00. Sola, como siempre. Ella seguía cuidándolos y aconsejándolos, en la medida de lo posible, a pesar de que hacía unos días que había denunciado a uno de ellos por un intento de agresión.
En esta ruleta de la vida, casi siempre con familias desestructuradas, con problemas de drogas en muchos casos (donde los chicos también se inician en ello) se encuentran además los episodios de fuga. Como ocurrió con estos dos menores en Carnavales, el pasado 1 de marzo. La familia del menor de 14 años denunció la desaparición, difundió su nombre y fotografía y pidió colaboración ciudadana para dar con él.
Los dos menores se marcharon mientras realizaban una actividad externa con una educadora social. Primero, a Mérida, donde uno tenía novia. Terminarían siendo localizados en Villafranca de los Barros, donde tiene una vivienda el padre del de 15 años.
Según ha podido saber este diario, la familia del menor de 14 años llegó a denunciar que el otro menor le suministraba droga a su hijo y pidió que los separaran.
Sheila Gómez, compañera de la educadora social asesinada, intervino ayer en la concentración de repulsa que realizaron. «Al final ha pasado lo que tanto estábamos temiendo todos», decía incapaz de contener las lágrimas.
El clamor es total: «Los menores son cada vez más agresivos y les sale muy barato matar porque los menores de 16 años son mucho ahora más conscientes que hace años debido al uso de internet y saben que les sale muy barato matar».
Tampoco entendía cómo, si su compañera había presentado una denuncia, le volvieron a asignar a los dos menores que presuntamente han acabado estrangulándola. No son los únicos. Otras compañeras advierten de que existen hasta 60 denuncias acumuladas contra otro menor. «Algo falla en el sistema», se lamentan.
Sin vigilante de seguridad, ni cámaras en la vivienda, vienen denunciando desde hace tiempo que están solas frente a los menores, hasta seis a la vez en algunos casos. «Nos podía haber pasado a cualquiera», decía Sheila, mientras la profesión clama un cambio en la Ley del Menor.
