Publicado: noviembre 9, 2026, 1:07 pm
La desproporcionalidad de la Ruta Atlántica está volviendo a ahogar a la isla de El Hierro -un pequeño punto en la inmensidad del Atlántico con 12.040 habitantes censados- con el desembarco de más de 1.300 migrantes en el último fin de semana, casi 2.000 si se contabilizan desde el miércoles pasado.
«Es absolutamente insostenible», advertía el pasado viernes el presidente autonómico Fernando Clavijo, cuando comenzaban a apilarse los 30 cayucos – que transportaron en noviembre más de 4.500 personas, según datos del Cabildo herreño- en el muelle de La Restinga. A lo largo del pasado fin de semana, esos testimonios físicos, descoloridos por el salitre de ocho días en alta mar, de la crisis migratoria han sido retirados y trasladados al punto limpio de La Frontera para su desguace.
Cada cayuco trae consigo la derrota de dos orillas. El fracaso de una África que continúa sin ofrecer horizontes a buena parte de sus jóvenes y la de una Europa que, más de tres décadas después, todavía no ha encontrado una respuesta capaz de contener el fenómeno. «Urgen las medidas de manera urgente», reprochaba Clavijo ante la fragilidad de un archipiélago -y, sobre todo, de la isla de El Hierro- que vuelve a ser el epicentro de una ruta que sigue empujando miles de vidas hacia Europa.
Todo comenzó, al menos simbólicamente, el 28 de agosto de 1994, cuando dos jóvenes pescadores saharauis, Baijea (24 años) y Bachi (22), alcanzaron la playa de Las Salinas (Fuerteventura) guiados por la luz del faro de La Entallada. Difícilmente se podía imaginar que aquella llegada sería el primer capítulo de una historia de proporciones futuras tan difíciles de anticipar. Desde entonces y 22 años después, 270.218 personas en situación irregular han llegado por mar a Canarias -más de la mitad de ellos (142.539) entre 2021 y 2025-, según el informe Demografía de Canarias, Ceuta y Melilla: la porosa frontera sur de España, elaborado por el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social de la Fundación Universitaria CEU San Pablo a partir de datos del INE, Eurostat, los ministerios del Interior y Sanidad y Naciones Unidas, entre otras fuentes oficiales.
Una década más tarde, las rudimentarias embarcaciones pesqueras que comenzaron a aventurarse desde las costas de Senegal, Gambia y Mauritania provocaron que el término cayuco empezase a abrirse paso en el habla cotidiana de los españoles. En 2006, el archipiélago asistió a una de las mayores expresiones de aquella huida colectiva. La falta de futuro, el hambre y la pobreza empujaron a decenas de miles de personas a internarse en el océano, en travesías de una fragilidad estremecedora, mientras el Atlántico se cobraba un número imposible de determinar de vidas. Aquel año llegaron a Canarias 31.678 migrantes. La magnitud de la llamada crisis de los cayucos obligó a desplegar una respuesta diplomática, policial y económica sin precedentes: la operación Hera del Frontex, los acuerdos bilaterales de repatriación con los países africanos de salida y el Plan África, con el que España multiplicó los fondos de cooperación destinados al África subsahariana. Sin embargo, tras la pandemia las cifras repuntaron y, en 2024, 46.843 personas llegaron a las Islas Canarias (un 17% de ellas, 7.963, arribaron a la isla de El Hierro con 11.806 habitantes censados en ese momento).
La gestión migratoria sigue constituyendo, como afirmó en diciembre de 2025 la consejera canaria de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, «el mayor reto humanitario, jurídico y político» al que se enfrenta esta comunidad autónoma. Una crisis estructural para la que el Gobierno de Canarias destinó ese año 190 millones de euros (de los cuales 155,1 millones se dedican a la atención de menores no acompañados) y denunciaba «insostenible sin una respuesta solidaria del conjunto del país».
Los números de este año ya anticipaban que la historia podía repetirse. Las aproximadamente 7.300 llegadas registradas este 2026 en El Hierro antes del último episodio advertían de que se podía superar el balance anterior. Los desembarcos de los últimos días han terminado por confirmar ese pronóstico. Solo en octubre llegaron a la isla 2.776 personas – un 72,8 % de las 3.814 entradas totales a Canarias-, mientras que en los ocho primeros días de noviembre se han contabilizado 4.500 llegadas. La presión sobre los servicios sanitarios, de emergencia y de acogida ha alcanzado niveles extraordinarios en un territorio que, por sus dimensiones y su población, difícilmente puede absorber durante mucho tiempo una concentración semejante de llegadas.
La emergencia ha obligado a reactivar los mecanismos de evacuación y derivación hacia otras islas. El Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés, con 390 personas, y el antiguo convento gestionado por Cruz Roja, donde permanecían alojadas otras 81, soportan una ocupación que ha obligado a la Delegación del Gobierno a fletar ferris especiales desde el puerto de La Estaca con destino a Tenerife y Gran Canaria. El Gobierno de España ordenó también el domingo por la tarde la movilización de dos aviones Airbus A330 desde la base aérea de Gando (Gran Canaria) y el aeropuerto Reina Sofía (Tenerife Sur) para trasladar a la Península a cerca de 500 migrantes recién llegados.
El SOS de Fernando Clavijo parece haber encontrado, finalmente, eco en Moncloa. Después del desencuentro que siguió a su primera petición de ayuda a Pedro Sánchez el pasado viernes, el agravamiento de la crisis -en una isla que ha declarado la «emergencia social» y ve sus recursos al borde del agotamiento- ha precipitado un cambio de escenario. Mañana, 10 de noviembre, la Comisión Interministerial de Inmigración se reunirá «de urgencia» para abordar una situación que amenaza con desbordar la capacidad de respuesta de Canarias.
