Publicado: octubre 1, 2026, 2:07 pm
Joaquín Parra, ex presidente del CD Badajoz de fútbol, empresario del sector de hidrocarburos y vinculado en su etapa inicial a la cloaca del PSOE que presionó a la juez Beatriz Biedma para que abandonara la investigación del caso del hermanísimo en la Diputación de Badajoz, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a diez años de prisión por los delitos de fraude fiscal, falsedad documental y blanqueo de capitales.
A Parra, empresario sevillano dueño de varias gasolineras y que también fue candidato a la Alcaldía de Badajoz en 2023, aunque no consiguió representación, se le considera autor de un delito contra la Hacienda Pública, de otro continuado de falsedad en documento mercantil y de cuatro de blanqueo de capitales. Además, la sentencia le impone multas que superan los 32 millones de euros y se le incauta cuatro vehículos de alta gana y un barco de su propiedad al considerarlos que están relacionados con los beneficios obtenidos de forma ilícita.
Según la resolución judicial, Parra dirigió un entramado empresarial destinado a defraudar 13,1 millones de euros de IVA en la actividad de sus gasolineras y eludir así el 21% de este impuesto de la venta de más de 63 millones de euros de combustible. Para ello, se utilizaron sociedades instrumentales y facturas falsas y, posteriormente, se blanqueó parte del dinero mediante empresas de su entorno.
Esta condena de ahora se suma a la dictada por la Audiencia Nacional en noviembre de 2025, que le impuso siete años y medio de prisión y 15 millones de euros de multa por delitos similares cometidos antes de su llegada al club pacense, una entidad que figuraba en la causa como responsable civil subsidiario por un supuesto desvío de más de tres millones de euros, aunque finamente no se ha probado que el club pacense se hubiera beneficiado económicamente de la trama de su entonces presidente.
Joaquín Parra formó parte -según los apuntes de la agenda de Leire Díez que recogen los informes de la UCO– del grupo de WhatsApp denominado ‘Vacaciones y Viajes’ que, a partir del 23 de agosto de 2024, organizó una trama para expulsar de la investigación del caso de David Sánchez Pérez Castejón en la Diputación de Badajoz a la juez Beatriz Biedma. En el mismo figuraban la conocida como fontanera del PSOE, Luis José Sáenz de Tejada, ex magistrado; Javier Pérez de Olset, empresario, y el propio Joaquín Parra. Una de las primeras acciones, como ha denunciado en su escrito dirigido a la Audiencia Nacional la propia Biedma, fue ofrecer una rueda de prensa en Badajoz donde Parra acompañó a Sáenz de Tejada, quien denunció una presunta trama judicial existente en Badajoz.
Posteriormente, Parra denunció que Leire Díez se puso en contacto con él para obtener información de la jueza a cambio de beneficios en las causas judiciales en las que él estaba inmerso por la trama de los hidrocarburos. Fue el propio Joaquín Parra quien presentó a Luis José Saénz de Tejada, que era su abogado, a Leire Díez, al que consideraba «buen conocedor de la presunta corrupción existente en Badajoz» al llevar «más de una década investigando la corrupción en el entorno judicial» de la ciudad. Parra asegura tener audios de conversaciones con Leire Díez donde la fontanera del PSOE le pide información y contactos en Badajoz «que pudieran afectar a la reputación de la jueza que instruía la causa judicial», según ha confirmado el propio empresario en sede judicial.
En su comparecencia en la Audiencia Nacional ante el juez Santiago Pedraz, Parra confirmó que Díez le dijo expresamente que «venía de parte del Gobierno» y que estaba «buscando mierda» sobre el PP y la judicatura de Badajoz. Según fuentes jurídicas, el antiguo mandatario del club pacense explicó que le ofrecieron ayuda legal a cambio de colaborar, una propuesta que admitió que «no terminó de creerse».
El empresario afirmó que Díez le trasladó que, cuando Sánchez «estuviese a punto de caer, hacia el 2031», sería el momento de sacar la «mierda» del PP en Badajoz. Además, confirmó que fue él quien presentó a Díez al exjuez Luis José Sáenz de Tejada con el fin de localizar información comprometida contra jueces y fiscales pacenses.
En su declaración, Parra detalló que él, Díez, Sáenz de Tejada y el empresario Javier Pérez Dolset se reunieron en varias ocasiones en un piso de Madrid al que la ‘fontanera’ se refería como «piso franco del PSOE». Estos encuentros fueron grabados por Parra, y cuyos audios ya han sido solicitados por la Fiscalía para incorporar a la causa. En aquellas citas también se planteó la posibilidad de que Sáenz de Tejada asumiera la defensa de David Sánchez, hermano del presidente del Ejecutivo, una oferta que el propio David habría rechazado.
Respecto a Antonio Balas, el miembro de la Guardia Civil a quien querían «quitar de en medio» según afirmó Parra ante la UCO, el empresario señaló que le prometieron ayuda a cambio de apartarlo. Díez le aseguró tener contactos con dos fiscales: una en Málaga y otra en la Audiencia Nacional.
Por último, Parra recordó lo que le trasmitió Leire Díez para justificar su campaña de presión a la justicia: «Cuando tú sufres en tus propias carnes las injusticias, cuando imputan a tu esposa y a tu hermano, entonces te das cuenta de que hay que limpiar».
Leire Díez recurre
Por otro lado, Leire Díez ha recurrido la personación de la jueza Beatriz Biedma, que envió a juicio a David Sánchez -hermano del presidente del Gobierno-, como perjudicada por un delito de calumnias en la causa en la que se investiga una trama presuntamente liderada por la exmilitante socialista para obstaculizar causas judiciales que afectan al PSOE o al entorno de Pedro Sánchez.
En su recurso ante el juez del caso, Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso Efe, la abogada de Leire Díez considera que el delito de calumnias por el que se ha permitido su personación para ejercer la acusación particular en esta causa no está acreditado. A su entender, ese delito no quedaría justificado por el hecho de que las denuncias contra ella que supuestamente impulsó el exjuez Luis José Sáenz de Tejada se hayan archivado.
Manos Limpias
Por último, el sindicato Manos Limpias, que promovió la denunció contra David Sánchez Pérez-Castejón que desembocó en una sentencia de culpabilidad por prevaricación y a una pena de nueve años de inhabilitación, ha presentado un recurso de apelación contra la sentencia del caso emitida por la Audiencia de Badajoz. Así, considera que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura tiene la competencia directa de fondo «elevando la pena» sin que proceda en ningún caso, bajo su criterio, la devolución de la causa al tribunal sentenciador de Badajoz. Así, señala que la sentencia recurrida imputa a todos los condenados (11), «de forma plana e indiferenciada» a la pena de inhabilitación especial en su extensión absoluta de 9 años por cada delito de prevaricación administrativa, pero considera que «esta aplicación mimética e indiferenciada» infringe el artículo 66.1.6ª del Código Penal, que obliga a ponderar «la mayor o menor gravedad del hecho, y las circunstancias personales, según apunta en su escrito el abogado José María Bueno.
De esta manera, considera probado que los principales responsables «de la trama delictiva» para la adjudicación del puesto de trabajo para el hermano del presidente del Gobierno fueron Miguel Ángel Gallardo, el propio David Sánchez y Francisco Martos, ex diputado de Cultura, por lo que pide para los dos primeros que se aumente la pena a 14 años de inhabilitación especial (el doble para el ex presidente de la Diputación por haber cometido dos delitos, según la propia sentencia) y para el ex alcalde de Castuera tres años menos, 11 años. Para el resto de condenados, Manos Limpias pide mantener las mismas penas.
