Publicado: septiembre 26, 2026, 2:07 am
La prolongación en el tiempo de la crisis ceutí ha derivado en un choque en canal entre el Gobierno central y el de Juan Jesús Vivas, que discrepan sobre cómo gestionarla: qué hacer con los menores, donde alojar a los mayores mientras se resuelve su situación, quién debe poner soluciones… Sin embargo, hay una cuestión en la que ambos ejecutivos aún afrontan la situación bajo la misma postura: las organizaciones no gubernamentales son clave. Ante una crisis «compleja», en palabras de Pedro Sánchez, y que puso a Ceuta «en peligro», según Vivas, ambos se han apoyado en las entidades humanitarias para gestionar lo que respectivamente les compete. Desde los repartos de comida hasta la asistencia a las personas más vulnerables y las garantías de protección de la infancia, los gobiernos han dejado en manos de las ONGs buena parte de la gestión de los miles de inmigrantes que han estado, y están, en la ciudad autónoma desde hace ya casi dos meses.
Elogiadas por ambos ejecutivos, y también desde la Unión Europea, las ONGs desempeñan su tarea, sin embargo, bajo un permanente cuestionamiento por parte de un sector de la sociedad, del que Vox y organizaciones de la derecha radical han ejercido como portavoces. El partido de Santiago Abascal ordenó el 31 de julio, cuando Ceuta atravesaba su momento más crítico, suspender las ayudas a ONG «que colaboren o financien la invasión migratoria de Ceuta» en las cuatro comunidades autónomas que cogobierna con el PP. En una iniciativa parlamentaria de hace unas semanas, Vox pidió conocer los fondos públicos que reciben las entidades que asisten a los inmigrantes en la ciudad, algo que también reclamó la organización Hazte Oír, sembrando ambos la duda sobre la pertinencia de recurrir a las ONGs para prestar estos servicios de acogida.
La delegación en estas organizaciones de buena parte de la gestión de los inmigrantes se produce en virtud tanto del marco de colaboración habitual establecido con las ONGs como de adjudicaciones de contratos y subvenciones extraordinarias. El Gobierno central, a través de la Dirección General de atención humanitaria y del sistema de acogida de Protección Internacional -adscrita al Ministerio de Migraciones-, tiene contempladas autorizaciones para que más de medio centenar de organizaciones presten servicios de acogida. Entre ellas, algunas de las que están atendiendo sobre el terreno en Ceuta: Cruz Roja, Accem, Engloba, Cepaim, Sur Acoge, CEAR… A estas, el Gobierno les encarga, por «acción concertada», la atención a personas inmigrantes. Y, a cambio, reciben fondos públicos para cubrir el gasto.
Cuántos es lo que reclama saber Vox. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 1 de septiembre, a propuesta del Ministerio de Migraciones que dirige Elma Saiz, una partida de 44.515.828 euros destinados a «prestación de servicios, realización de obras y la adquisición de suministros esenciales para atender las necesidades básicas de personas migrantes» en Ceuta. Este dinero no va en su totalidad a ONGs, pero sí buena parte -la ministra, cuando lo anunció hace unas semanas, no detalló cuánto-.
Cuando inicialmente esta partida era de solo 6,5 millones de euros, el Ministerio señaló a Cruz Roja como encargada «de manera prioritaria» de prestar la atención a personas vulnerables para la que se aprobaba la dotación. Entre sus actuaciones en Ceuta, esta organización ha estado repartiendo entre 3.000 y 4.000 kits de comida al día a los inmigrantes. El incremento de fondos que el Ministerio de Saiz destina a las ONGs a raíz de la crisis en la ciudad autónoma también se contempla en un suplemento de crédito en su sección de los Presupuestos, en concreto en la partida correspondiente al «concierto social de atención humanitaria y protección internacional».
En paralelo, el Ministerio de Infancia también ha recurrido a estas organizaciones para atender a los menores extranjeros no acompañados que hay en Ceuta. La cartera que dirige Sira Rego, por ejemplo, concede -en virtud del decreto de ayudas a la ciudad aprobado esta semana en el Congreso- una subvención de 550.000 euros a Save the Children para la puesta en marcha de la Unidad Multidisciplinar de Apoyo a la Infancia Migrante No Acompañada en Emergencias (Unaime), en la que también trabajan el Gobierno central, el área de menores de Ceuta y Unicef. Igualmente, la cartera de Rego subvenciona con 160.000 euros a Acnur para la «protección de la infancia refugiada». Y, por el lado del Gobierno de Sánchez, también desde el Ministerio de Igualdad se ha recurrido a las ONGs «para mejorar las condiciones de los espacios donde se encuentran las mujeres».
Pero las organizaciones humanitarias no solo están ejecutando buena parte de las atribuciones que corresponden a La Moncloa, sino también las que competen al ejecutivo ceutí. La ciudad autónoma, que tiene en sus manos la tutela de los más de 2.000 menores no acompañados ya filiados, licitó antes de la entrada masiva y adjudicó después una serie contratos para dar acogimiento residencial a 100 niños y niñas. La Fundación Samu y la Asociación Engloba resultaron adjudicatarias del grueso del contrato -uno de los 10 lotes quedó desierto-, presupuestado inicialmente en 7.913.700 euros.
Además, como el Gobierno central, también el ceutí ha aprobado en esta crisis una modificación de su presupuesto para aumentar las partidas destinadas a subvencionar a organizaciones que atienden a inmigrantes. En concreto, para crear una línea de crédito hacia Acnur dotada con 30.000 euros, que se suma a otras ya previstas a ONGs como Luna Blanca, que igualmente se encargó del reparto de comidas a los inmigrantes.
Pero, pese a que tanto Sánchez como Vivas están concediendo un papel crucial a las entidades humanitarias en la gestión de la crisis, sí hay un punto donde han chocado: cuando entra en juego la posibilidad de que estas organizaciones se hagan cargo de los menores fuera de la ciudad, en la península. El Ministerio de Infancia puso sobre la mesa, como una de las opciones para aliviar la situación, que «organizaciones de protección a la infancia» sean las que «desarrollen la acogida y el cuidado» de unos 500 menores inmigrantes, sobre todo niñas, y que lo hagan en la península. No haría falta que la tutela se transfiera a las comunidades autónomas -las del PP, mayoría, se oponen- ni darles fondos para atender a los niños, pues se encargaría esa misión a organizaciones de infancia -entre ellas, ONGs-. Pero el gobierno de Vivas, por ahora, no concede luz verde a ningún traslado.
