Publicado: septiembre 16, 2026, 6:09 pm
La grave situación que atraviesa Ceuta tras el asalto masivo de inmigrantes del pasado 30 y 31 de julio ha abierto un nuevo frente de batalla entre el Gobierno y la oposición y, sin embargo, la hostilidad no ha impedido que el Congreso, con el voto a favor de los populares, haya convalidado por 304 síes frente a 33 noes (Vox) y siete abstenciones (Junts) el decreto de medidas urgentes para ayudar a la ciudad a recuperar la normalidad y reimpulsar su economía. La cuantía contemplada en la norma alcanza los 309 millones de euros.
Al mismo tiempo, y para dejar constancia de que la mayoría de los grupos parlamentarios no respaldan ni la respuesta del Ejecutivo al asalto masivo a la frontera ni la gestión de la crisis que viven los ceutíes, la Cámara ha aprobado la moción presentada por los populares reprobando al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y exigiendo el refuerzo inmediato y permanente de la Policía Nacional, la Guardia Civil y, mientras resulte necesario, las Fuerzas Armadas, en Ceuta, a las que además se urge a dotar de todos los medios y condiciones adecuadas para que protejan la frontera, garanticen el orden público y recuperen la normalidad.
También pide establecer dispositivos especiales de seguridad en calles, espacios públicos, centros educativos y en los itinerarios cotidianos de escolares, mujeres y menores así como adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo el retorno o la devolución de quienes entraron ilegalmente, recurriendo para ello a todos los instrumentos jurídicos nacionales, europeos y bilaterales disponibles e incrementando de manera urgente los efectivos y medios destinados a la identificación y a la tramitación de todos los expedientes de devolución, retorno o asilo.
La moción plantea además para el caso de los menores, priorizar su identificación y la localización de sus familias para proceder, atendiendo a su interés superior, a su retorno al entorno familiar o a su entrega a los servicios de protección de su país de origen.
Finalmente, el Congreso insta al Gobierno a convocar de nuevo a la embajadora de Marruecos en España para pedir explicaciones por las reiteradas reivindicaciones hechas por miembros del Gobierno marroquí sobre Ceuta y Melilla y por la actuación de sus autoridades ante los acontecimientos del 30 y 31 de julio. Y a ello añade, la exigencia de que el Gobierno llame a consultas ya al embajador de España en Rabat.
