Publicado: septiembre 15, 2026, 8:11 pm
Bruselas aspira a que el mercado laboral europeo sea homogéneo en cuanto al reconocimiento de los méritos y los derechos; que tampoco haya fronteras en la movilidad laboral, y por eso este martes ha presentado en Estrasburgo un paquete de medidas en este sentido. Por ejemplo, la Comisión Europea quiere acelerar la homologación de títulos profesionales y reforzar la vigilancia del trabajo ‘en negro’ en toda la Unión.
Y es que la Ley de Portabilidad de Cualificaciones plantea que los títulos universitarios y profesionales se puedan expedir en un formato digital estandarizado integrado en la Cartera de Identidad Digital de la UE. Además, la plataforma europea Europass incorporará una herramienta en línea gratuita de comparación de títulos, que conectará las bases de datos nacionales para dar claridad a empleadores y trabajadores sobre el contenido y la equivalencia de los estudios.
Por otro lado, el Ejecutivo comunitario propone una reforma de la Directiva sobre Cualificaciones Profesionales, que, dicen, reducirá drásticamente los plazos de homologación de profesiones reguladas, como médicos, enfermeros, ingenieros y profesores, recortando el tiempo de espera de tres meses a solo cinco semanas en casos de reconocimiento automático, y de cuatro meses a once semanas para los demás procedimientos. Para atajar la escasez de personal sanitario, se aprobó el primer marco común de formación para fisioterapeutas, extendiendo el reconocimiento automático a esta profesión y sentando las bases para abarcar progresivamente otros diez sectores con alto déficit de mano de obra.
Respecto a las titulaciones obtenidas fuera de la Unión Europea, la nueva directiva que se plantea establecer normas comunes para homologar cualificaciones de profesionales de terceros países, reduciendo los periodos de tramitación de un promedio de catorce meses a tan solo cuatro. Este procedimiento recortará hasta la mitad los costes administrativos de contratación para los empleadores y aplicará un reconocimiento automático para programas de formación específicos en profesiones críticas como medicina, odontología, veterinaria o arquitectura, siempre que cumplan con rigurosos controles de calidad a nivel europeo.
Por otro lado, Bruselas quiere reforzar el mandato de la Autoridad Laboral Europea (ELA), dotándola de mejores instrumentos para apoyar a los inspectores nacionales y realizar evaluaciones de riesgo de inspección basadas en el análisis de datos europeos. Para mejorar la supervisión sobre el terreno, se creará la figura de los oficiales de enlace de inspección nacional en cada Estado miembro y se ofrecerán subvenciones a organizaciones que asesoren a trabajadores y empresas sobre sus derechos y obligaciones transfronterizas.
Una de las ampliaciones clave en la ELA será la capacidad de intervenir en abusos contra trabajadores de terceros países residenciados en la UE, persiguiendo prácticas ilegales como el trabajo no declarado, el pago de salarios inferiores al mínimo legal o el falso trabajo autónomo. La norma contempla reforzar las inspecciones conjuntas y concertadas de carácter voluntario entre países y simplificar los procedimientos de mediación para resolver disputas laborales sin llegar a los tribunales.
Entre las medidas destaca, al mismo tiempo, la creación del Pase Europeo de Seguridad Social (ESSPASS, por sus siglas en inglés), un mecanismo que permitirá a los ciudadanos solicitar y recibir de forma íntegramente telemática sus documentos de cobertura social y sanitaria. A través de la Cartera de Identidad Digital de la UE, los trabajadores podrán almacenar y presentar en su teléfono móvil la Tarjeta Sanitaria Europea y el documento portátil para trabajadores desplazados. De esta forma se facilita «una verificación instantánea y segura por parte de los inspectores y administraciones públicas», insiste la Comisión. Es decir, los trabajadores reclamar la seguridad social y el seguro de enfermedad en cualquier país de la UE.
El proceso de digitalización documental y el uso de firmas digitales prevé generar importantes ahorros económicos a lo largo de un periodo de 12 años: Bruselas calcula un beneficio de 64 millones de euros para las empresas, 69 millones para los proveedores de atención médica y 72 millones para las inspecciones de trabajo. Asimismo, las nuevas herramientas de seguridad tecnológica «permitirán evitar fraudes por valor de hasta 277 millones de euros en el mismo plazo, al tiempo que se mantendrá la opción de emitir formatos en papel provistos de elementos físicos de seguridad comprobables para quienes lo soliciten», termina el comunicado del Ejecutivo comunitario.
«Este paquete supondrá un cambio profundo y positivo para el mercado único. Para los europeos, se trata de una mayor autonomía: vuestra elección, vuestros derechos, vuestras competencias. Las personas deberían poder trabajar en toda Europa con sus derechos sociales protegidos y sus cualificaciones reconocidas más rápidamente», reconoce la vicepresidenta de la Comisión Europea Roxana Minzatu, encargada de los Derechos Sociales. «La movilidad laboral justa debe funcionar para todos, tanto si deciden conocer otras partes de Europa como si deciden quedarse en su país de origen».
