Publicado: julio 8, 2026, 6:07 am
Fue una apuesta política. También un gesto hacia un socio distante como Podemos, en un momento, a principios de año, en el que La Moncloa hacia guiños a los partidos que sostienen la gobernabilidad. Pero el proceso de regularización de migrantes, que ha desbordado las previsiones iniciales del Gobierno -un total de 1.174.978 solicitudes– tiene también un reverso económico importante para las arcas públicas. De hecho, una de las justificaciones claves que el Ejecutivo sostiene en sus informes es que «la regularización aumenta la recaudación fiscal y refuerza el sistema de pensiones». Es una de las palancas que esgrime para llevar adelante la iniciativa. «La incorporación plena de estas personas al sistema administrativo y económico refuerza la Seguridad Social y mejora la recaudación tributaria», constata el Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030 anunciado por Pedro Sánchez hace una semana y con una dotación inicial prevista de 500 millones.
La regularización concede un permiso para residir y trabajar en España. Aún está por saber cómo repercutirá en las arcas públicas.
En sus dos vertientes, de hecho, en el gasto y en la recaudación. Porque el Consejo de Estado, en sus consideraciones afeó al Gobierno el que no detallara el impacto presupuestario de esta iniciativa. Algo que calificó de «laguna llamativa». En concreto expuso en su dictamen: «La memoria también contiene un detallado análisis de los impactos que se asocian a la proyectada reglamentación, especialmente en lo referido a las cargas administrativas que comporta, si bien resulta sorprendente que, en relación con el específico impacto presupuestario, sólo señala que ‘está siendo objeto de estudio’, lo que representa una laguna llamativa a la vista del alcance del proceso de gestión que esa nueva reglamentación comportará».
En la exposición de motivos del Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, el Gobierno incide: «El acceso a una autorización de residencia, por parte de personas sin ella, incrementa las cotizaciones, reduce la economía sumergida y genera un impacto fiscal neto favorable».
En los estudios con los que ha trabajado el Gobierno de cara a la regularización se ha estudiado la que se hizo en 2005. Y en base a ella, La Moncloa extrae un dato, que queda recogido en sus informes: «La regularización de 2005 generó más de 4.400 euros anuales por persona regularizada a través del IRPF y cotizaciones», concluye el texto de trabajo que aborda la claves económicas y sociales de la regularización extraordinaria, fechado en abril. El propio Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030 incide en esa cifra: «Tiene efectos fiscales positivos: la regularización extraordinaria de 2005 aumentó los ingresos por IRPF y cotizaciones en más de 4.400 euros al año por cada persona migrante regularizada; y la evidencia disponible para otros países indica que la inmigración tiene en términos agregados un efecto fiscal neto positivo sobre las finanzas públicas».
Atendiendo a esta cifra, y con los datos oficiales proporcionados por el Ejecutivo, el Estado podría ingresar 5.169 millones de euros, toda vez que hay 1.174.978 solicitudes de regularización. Por afinar y acotar el dato, según el desglose oficial, a fecha de 30 de junio, se habían producido 160.000 altas laborales, lo que, atendiendo a la base de 2005 -más de 4.400 euros anuales por persona regularizada a través del IRPF y cotizaciones- supondrían unos ingresos anuales para las arcas públicas de 704 millones de euros. Cifra provisional y que crecerá a medida que se vayan tramitando expedientes de solicitud -a fecha de 2 de julio se encontraban en fase de tramitación 609.737 expedientes-.
«El acceso a una autorización de residencia, por parte de personas sin ella, incrementa las cotizaciones, reduce la economía sumergida y genera un impacto fiscal neto favorable», concluye el Gobierno en la exposición de motivos del Real Decreto. «Lo que sí cambia, y de forma sustancial, es la balanza de las aportaciones: las personas regularizadas pasan de usar los servicios públicos sin cotizar formalmente a financiarlos con sus impuestos y contribuciones», ahonda el informe económico.
Esta necesidad de que las personas migrantes aporten para aumentar la recaudación y dotar de recursos al Estado del bienestar es una circunstancia que ha sido analizada de manera concienzuda por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia. Este órgano, que se ubica en el Palacio de La Moncloa, y adscrito al Gabinete de la Presidencia del Gobierno, reporta directamente al Presidente y a su jefe de Gabinete, ha trabajado en un informe que presentó a finales del mes de marzo titulado ‘España ante el reto migratorio: dos futuros posibles’, un estudio sobre la evolución de la sociedad y la economía del país en vista de la llegada de población extranjera. En este documento técnico, se reconoce que el Estado del bienestar está «bajo presión» y que «reducir los flujos migratorios empeora el equilibrio de las finanzas públicas. Aunque genera cierto ahorro en gasto, este no compensa la pérdida de ingresos por cotizaciones y tributos que aportan los inmigrantes».
Es más, esta Oficina hace una proyección que aterriza escenarios: en un escenario de baja migración, la caída de ingresos a largo plazo sería considerable y, para compensarla únicamente con impuestos, podría ser necesario aumentar la recaudación del impuesto de sociedades en torno a un 14% o en torno a un 6% en el IVA. En cuanto a las pensiones, la conclusión es clara: «con menos inmigración, financiar las pensiones será cada vez más complicado». Según las proyecciones, en 2075 cada trabajador tendría que aportar alrededor de 2.000 euros anuales adicionales para mantener el nivel actual de prestaciones.
