Publicado: junio 11, 2026, 10:08 pm
Fue la gran promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el campo español en el último discurso de investidura el 15 de noviembre de 2023: «Y quiero anunciarles que vamos a aprobar una ley de agricultura familiar», destacó el jefe del Ejecutivo. Sánchez justifico la futura norma en que generaría «valor añadido social y vinculación con el territorio». También anunció una Estrategia Nacional de Alimentación aprobada en enero. Sin embargo, una legislatura ‘en coma’ así como los debates presupuestario y sobre la nueva Política Agraria Común (PAC) en Bruselas ponen en riesgo el proyecto. Lo que ha llenado de indignación a organizaciones agrarias como la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).
Fuentes del Ministerio de Agricultura sostienen que «no tiene lógica» aprobar esta norma con el debate sobre la nueva PAC abierto y, explican, que el contenido de la futura regulación está «a expensas de que se definan cuestiones en el marco europeo y en la futura PAC» como la definición de agricultor activo. En el departamento que dirige Luis Planas creen que lo más práctico sería que naciera ya adaptada a la nueva realidad, y ponen en valor, que se ha avanzado en «cuestiones importantes» de la redacción del texto aunque evitan mencionar horizontes temporales para su aprobación.
Fuentes del Ministerio de Agricultura explican que el contenido de la futura regulación está «a expensas de que se definan cuestiones en el marco europeo y en la futura PAC»
En defensa de la «clase media del campo»
El economista agrario y miembro del Centro Mixto de Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid (CEIGRAM-UPM), Tomás García Azcárate, se muestra convencido de que «esta Ley no estará lista en esta legislatura» y añade que «el Gobierno no tiene tiempo tal y como está el Parlamento». Este experto explica que todavía se está negociando la nueva PAC y que aún no se sabe qué márgenes tendrán los países.
«Una legislación como está sirve para definir quiénes son los agricultores profesionales prioritarios para recibir apoyo público», comenta este analista. García Azcárate se pregunta qué pasaría si se tuviera que cambiar su contenido en año y medio. Este analista, que prefiere hablar de «clase media del campo», cree que «lo más importante no es tanto la Ley como que Gobierno y comunidades autónomas acuerden qué van a defender en Bruselas«. El investigador del CEIGRAM – UPM sostiene que, como a la economía español, a la agricultura le va bien «porque a algunos les va muy bien, pero a la mayoría de los españoles no les va tan bien».
García Azcárate menciona la digitalización y la revolución tecnológica en la que, añade, algunos agricultores están ya a la cabeza y apuesta por apoyar «para que los profesionales de mediana y pequeña dimensión entren en la revolución tecnológica y se adapten a la ecológica». Este analista pone como ejemplo las dificultades de la ‘clase media’ en el campo para la adopción del ‘Cuaderno Digital de Explotación’, que permite dejar constancia en tiempo real de toda la actividad de la explotación.
«Lo ideal sería tener una postura política clara de Gobierno y comunidades autónomas sobre qué agricultores profesionales queremos que sean prioritarios y cómo adaptarlos al combate contra el cambio climático», sostiene Tomás García (CEIGRAM-UPM)
La indignación de UPA
UPA encendió la luz de alerta después de un discurso del ministro de Agricultura, Luis Planas, considerando «inútil» aprobar esta norma en mitad de la negociación de la nueva PAC. Esta organización agraria ha convertido la aprobación de una Ley de Agricultura Familiar a nivel nacional en una de sus principales banderas. Su secretario general, Cristóbal Cano, habla muy claro en declaraciones a ‘La Información Económica’: «No coincidimos con este enfoque: la Ley de Agricultura Familiar marcará a nivel nacional las prioridades», apunta el responsable de esta organización agraria.
Cano rechaza que haya incompatibilidades con Europa, porque desde Bruselas se viene insistiendo en apoyar a las explotaciones familiares: «Podemos marcar tendencia», apunta este olivarero quien recuerda que desde el Gobierno se suele decir con orgullo que la Ley de la Cadena Agroalimentaria – reformada en 2021 – ha inspirado normativas europeas posteriores y lamenta que se esté renunciando a marcar tendencia. «Es una estrategia equivocada: Estamos perdiendo tiempo y, además, fue un compromiso del presidente del Gobierno en su discurso de investidura», lamenta el secretario general de UPA.
«Si el Gobierno no legisla ahora, lo veo difícil para la próxima legislatura: es una oportunidad perdida», lamenta el secretario general de UPA Cristóbal Cano
Para García Azcárate (CEIGRAM-UPM) cree que «lo importante no es la ley sino que lo ideal sería tener una postura política clara de Gobierno y comunidades autónomas sobre qué agricultores profesionales queremos que sean prioritarios y cómo adaptarlos al combate contra el cambio climático». El economista agrario abunda en que para la próxima PAC habrá menos dinero «y que el mantra de Bruselas es el de ayudar a quienes lo necesiten, a la clase media agrícola». Este experto cree que sería «difícil» que el PP mostrará «una fuerte oposición política» a un acuerdo de este tipo.
Cano considera «descorazonador» que no se haya avanzado mucho más allá del procedimiento de exposición pública del texto hacia año y medio y, advierte, que «si el Gobierno no legisla ahora, lo veo difícil para la próxima legislatura: es una oportunidad perdida». El máximo representante de esta organización agraria asegura que seguirían insistiendo en esta regulación ante los diferentes grupos políticos y critica que se apueste por ser más proactivos intentando «marcar» las prioridades de la futura PAC.
