Publicado: junio 11, 2026, 4:08 am
En España hay 1,5 millones de personas que trabajan en los denominados servicios esenciales. Un sector heterogéneo donde caben desde las cuidadoras al personal de seguridad, la limpieza de edificios, jardineros, los monitores en los polideportivos o el personal que atiende las cafeterías de los edificios públicos. En definitiva, servicios centrados en las personas que son clave para funcionamiento diario de la economía y en particular del sector público. Ahora, las grandes patronales del sector se han unido bajo una misma marca: AlianzAS. Una confederación empresarial que preside Antonio Sigüenza. Su gran reivindicación es que el Gobierno levante el veto a la revisión en los precios de los contratos públicos. Una limitación que, denuncian, les impide repercutir los aumentos de costes que sufren, como las subidas del salario mínimo.
¿Cuál es la situación actual de los servicios esenciales?
Somos un sector que hasta ahora no tenía voz propia y que está dando sus primeros pasos con mensajes muy claros. Nuestra principal reclamación es que se permita la revisión de precios en los contratos públicos. No queremos que sea algo obligatorio, solo que se permita. Creo que nadie está en contra. No entendemos que el Ministerio de Hacienda, estado todo el mundo a favor, no sea capaz de dar el paso para iniciar una negociación.
Hacienda alega que permitir esa revisión de precios sería muy costoso para las arcas públicas ¿Qué le parece?
Nos parece una especie de falacia y una excusa barata. Si no ¿Por qué se suben los sueldos a los funcionarios públicos? ¿No se da cuenta Hacienda de que limitando las revisiones de precios en los contratos públicos dificulta que se puedan mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras que prestan esos servicios? Se podría limitar la subida, por ejemplo, a la que se apruebe para los funcionarios públicos. Lo que no nos parece justo es que haya trabajadores de dos categorías.
¿Cuánto estiman que costaría permitir esa revisión
Un estudio de CEOE estima que incrementar un 3% el coste de mano de obra supondría 540 millones de euros. Pero es que no se ve el efecto retorno. Esto supone necesariamente una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores y ello lleva también un retorno a la economía real, más consumo, ahorro, recaudación de impuestos… En todas las relaciones económicas existentes en nuestro país se producen revisiones de precios y no pasa nada.
La situación es tal que incluso los propios sindicatos han llegado a posicionarse a favor de su mensaje. Dicen que la situación también les perjudica a ellos a la hora de negociar
En esto vamos de la mano. Si no puedes revisar los precios de un contrato que tienes en vigor y te vence un convenio ¿Qué tipo de negociación vas a hacer? Es muy difícil, por no decir imposible. Imagina que estamos con un IPC del 3,5% y de repente no puedes hacer ningún tipo de revisión de costes. Cuando negocias un convenio te llegan los sindicatos y te dicen: «Oye, quiero mínimo un 3,5% de subida salarial». Y tú dices: «es que no puedo subir nada porque tengo que asumir un sobrecoste del 3,5%». Además, los servicios esenciales son sectores donde más del 70%, incluso el 90% del coste total son las personas. Son todo dificultades. Y a esto se une un efecto malvado en el que no tiene que ver el Gobierno que es la sentencia Somoza Hermo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
¿Cómo afecta esa sentencia?
Esta sentencia estableció que en los casos en que se producía un traspaso de contratación pública donde la mayoría del coste fuese salarial se produce una sucesión de empresas y no una subrogación. Cuando se produce una sucesión, tu empresa se tiene que hacer cargo de las deudas de la que estaba antes en el contrato. ¿Quién va a querer licitar un servicio si sabes que el actual adjudicatario ha entrado en concurso de acreedores y no sabes lo que puede haber detrás?
«Nuestra principal reclamación es que se permita la revisión de precios en los contratos públicos. No queremos que sea algo obligatorio, solo que se permita»
¿Creen que esto puede tener algo que ver con la falta de Presupuestos?
No creemos que tenga nada que ver con la falta de presupuestos. En absoluto.
Además, la mayoría de los servicios son autonómicos o locales. Si hablamos de limpieza o mantenimiento, seguridad privada… la mayoría de los edificios son de las entidades locales. En restauración colectiva, la mayoría de concesiones son de comunidades autónomas. En actividades deportivas en 95% son los ayuntamientos, la dependencia la pagan y gestionan comunidades y ayuntamientos…
Pero hemos visto muchos retrasos en las entregas a cuenta y eso afecta al día a día de las comunidades autónomas…
Puede ser que eso suponga una pega para afrontar nuevas inversiones y nuevos gastos pero ¿han dejado de subir los sueldos de los funcionarios?
¿Se ha reunido con el nuevo ministro de Hacienda para comentarle la situación?
Estamos pendientes de una cita. Hay cordialidad, la directora del gabinete del ministro dice que nos va a recibir para tener una reunión conjunta con UGT, CCOO y nosotros. Tenemos contactos con los grupos parlamentarios, nos reunimos con el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso. Esperamos poder iniciar un proceso de diálogo para los servicios. Con la anterior vicepresidenta tuvimos dos reuniones de carácter técnico, pero aquello paró y no sabemos por qué. Yo tengo mi propia idea, creo que es una persona dentro del ministerio que veta las soluciones. Tenemos la esperanza de que algún día se pueda debatir en el Congreso.
Han podido hablar con los grupos parlamentarios ¿Qué les han transmitido?
Algunas propuestas plantean unos límites a la revisión de precios, incluso cuando el aumento de costes es consecuencia de los costes laborales, que es lo que más nos afecta. Ahora mismo no podemos hacer revisión, ni si quiera por otro tipo de costes. Igual que ha habido posibilidades de revisión para el transporte por la subida de los precios del gasóleo, para nosotros no se contempla nada. Cada propuesta tiene sus cosas, pero nos da igual, lo que queremos es que se pueda debatir.
Han encontrado una aliada en Yolanda Díaz, que ha presionado para cambiar la ley de desindexación
La vicepresidenta segunda nos recibió junto a UGT y CCOO conjuntamente y nos trasladó su apoyo desde el primer momento. Siempre que tenemos ocasión de estar con ella nos lo ha vuelto a trasladar.
Al mismo tiempo, ustedes ven con recelo a normas que han salido de su departamento como la reducción de jornada
Es verdad que en otras cuestiones discrepamos. Nosotros no nos oponemos a las mejoras sociales. No decimos no a bajar la jornada laboral porque sí, sino porque es una modificación de las condiciones de los contratos que estamos prestando. Si me he comprometido con un ayuntamiento a estar 8 horas al día porque en el contrato lo dice, tengo que contratar a otra persona y eso tiene un coste. Pedimos que se nos permita readaptar las condiciones con quien nos ha contratado para hacer una justa y lógica modificación, como pasaría en la empresa privada.
La guerra en Irán está teniendo un impacto económico notable ¿están notando diferencias con esta crisis respecto a otras como la de Ucrania?
El impacto de Ucrania afectaba sobre todo a gas y el impacto fue brutal. Ha habido decisiones políticas que han reducido el efecto de la guerra en Irán, que ha sido más rápido en este caso. No digo más importante, sino más rápido. Es verdad que los porcentajes que suponen los costes energéticos para nuestras empresas no son como otros sectores, pero pensemos por ejemplo en las residencias. Son edificios que tienes que mantener 24 horas al día y 365 días al año en condiciones de confort permanentes. Y el coste de la energía es importante.
Ha llegado a señalar que la imposibilidad de actualizar precios sumada al panorama geopolítico está poniendo en entredicho la viabilidad de algunas empresas de servicios esenciales
Estamos en un mundo donde se han producido una serie de circunstancias extraordinarias, imprevisibles. Nadie suponía que podía haber una pandemia ni las guerras que estamos teniendo. Estamos en una situación en la que la inflación está instalada, controlada, pero instalada. Cuando las empresas de servicios, que tienen que sobrevivir, licitan asumen un riesgo. Y no estamos en contra de que se asuma un riesgo, pero hay decisiones que no dependen de nosotros, que dependen del mismo Gobierno. Si por real decreto me estás subiendo el salario mínimo, es una decisión tuya. Me estás cambiando las reglas del juego en mitad del partido. Eso no es justo. Hay empresas que tiran la toalla. Grandes sectores que están abandonando los servicios esenciales. Y las pequeñas y las medianas lo pasan peor.
Lo que pasa es que nuestros contratos son de servicios. Salvo casos muy puntuales, no son de gran importe y, por lo tanto, no son casos que sean muy llamativos. No es lo mismo que se pare una obra del AVE a que no haya servicio de limpieza en un pueblo de Segovia, pero hay miles y miles de contratos como ese. Somos el 48% del presupuesto base de licitación pública de España, el doble que las obras, y se nos ignora. Por ejemplo, no estamos en la Junta Consultiva de Contratación Pública. Los servicios esenciales siempre han sido el patito feo y es lo que queremos intentar poner fin.
Ahora que se empieza a hablar de adelanto electoral ¿Cree que con otro Gobierno se solucionaría la situación?
Estamos hablando ya de política ficción. Para nosotros fue muy interesante convencer al principal partido de la oposición de que esta situación no era la correcta. Máxime cuando el PP fue quien propició esta ley [la de desindexación]. Creo que ha habido declaraciones tanto de Feijóo y Juan Bravo [vicesecretario de Hacienda del PP] manifestando que si el PP llega a gobernar modificará la ley. Pero son declaraciones. La experiencia nos hace ser bastante cautos con las declaraciones.
