Publicado: junio 3, 2026, 6:08 pm
La Comisión Europea cree que el Gobierno tiene margen para aumentar la recaudación por IVA e impuestos medioambientales en lugar de cargar tanto peso sobre la fiscalidad del trabajo (IRPF y cotizaciones). En concreto, Bruselas recomienda revisar los abundantes tipos reducidos del impuesto y en particular los que benefician a restaurantes y hoteles.
«Un uso más limitado de los tipos reducidos contribuirÃa a simplificar el sistema tributario», sostiene Bruselas, que advierte de que el tipo de IVA del 10% que se aplica en la hostelerÃa tiene «un gran impacto presupuestario y un efecto redistributivo muy limitado». Dicho de otra forma: la bonificación fiscal es cara y beneficia más a quienes más ganan, que son quienes menos lo necesitan (porque gastan más en estos servicios).
Según el último informe de beneficios fiscales del IVA, incluido en los todavÃa vigentes Presupuestos Generales del Estado de 2023, los tipos reducidos de este tributo supusieron una pérdida de recaudación de 25.678 millones de euros en 2023. De los cuales, 5.581 millones (uno de cada cinco euros) son atribuibles a comercio, turismo y pymes.
A diferencia de lo ocurrido con el IVA, en la Comisión Europea destacan que España cada vez carga más peso de la recaudación fiscal en las nóminas de los trabajadores. En concreto, estiman que el 90% del incremento de la carga fiscal en los últimos diez años se debe al IRPF y a las cotizaciones sociales, lo que refleja una «dependencia creciente» de la fiscalidad al trabajo. «La no indexación de los tramos del IRPF y los incrementos en los tipos de las cotizaciones sociales han acelerado el cambio hacia la imposición del trabajo», sostienen los técnicos bruselenses.
La revisión del IVA es una de las principales conclusiones de un exhaustivo informe con recomendaciones a España que ha presentado la Comisión Europea este miércoles. El documento se enmarca dentro del llamado paquete de primavera, donde se evalúa el cumplimiento o no de las reglas fiscales comunitarias paÃs por paÃs.
En esta ocasión, y como viene sucediendo desde 2019, España ha quedado fuera del brazo sancionador bruselense al cumplir con los objetivos de déficit. Un régimen en el que siguen atrapados nueve paÃses (Bélgica, Francia, Italia, HungrÃa, Austria, Polonia, RumanÃa, Eslovaquia y Finlandia) después de que Malta haya abandonado la lista este año. No obstante, la Comisión ha decidido paralizar los expedientes al constatar que los paÃses han adoptado medidas para reconducir su situación.
Además, hay otros cinco paÃses que están en riesgo de enfrentarse al brazo sancionador. Se trata de Bulgaria -a quien se va a abrir expediente- y un grupo formado por cuatro paÃses (Alemania, Estonia, Letonia y Eslovenia) a quienes la Comisión vigila de cerca pero, por ahora, quedan fuera del brazo sancionador. Como novedad, España ha salido también del programa de viligancia tras el rescate financiero de 2012 al haber devuelto ya el 75% de lo prestado.
Sin embargo, pese a que España queda fuera del procedimiento de déficit excesivo, Bruselas ha dado un tirón de orejas al Gobierno al apreciar riesgo de que el paÃs se exceda en los lÃmites de gasto que tiene fijados para 2026. La comisión estima que el gasto neto de medidas de ingresos aumentará un 5,1% en 2026, lo que supone un desvÃo de seis décimas de PIB en términos anuales y siete en el acumulado desde 2024.
De hecho, el ejecutivo comunitario estima que incluso activándose la cláusula de escape por el gasto en defensa -que otorga más flexibilidad fiscal para los paÃses que aumentan el desembolso en estas partidas- España se desviarÃa en cuatro décimas de PIB de los lÃmites previstos.
En cualquier caso, pese al riesgo de incumplimiento, la Comisión ha dado un espaldarazo al despliegue de las reformas e inversiones a las que se comprometió España con Bruselas en su plan fiscal estructural. «En lÃneas generales, ha cumplido con sus compromisos de manera satisfactoria», sostienen.
Asignaturas pendientes
El informe de la Comisión enumera una serie de desafÃos estructurales que afectan a España y emite una serie de recomendaciones para abordarlos. Dentro de esta lista de ‘asignaturas pendientes’, Bruselas cita la sostenibilidad fiscal, la falta de vivienda asequible, la burocracia, la productividad el estado de la red eléctrica o la pobreza infantil.
En lo que respecta a la vivienda, el ejecutivo comunitario reclama incrementar la oferta inmobiliaria y revisar la normativa para facilitar la concesión de permisos y facilitar la disponibilidad de suelo. En esa misma lÃnea, plantean reconvertir edificios infrautilizados e incrementar la oferta de vivienda social y asequible, enfocada al alquiler.
