Publicado: mayo 28, 2026, 8:08 am
Nuestras carreteras, con excepción del 10% de la red de autovías que se sufragan mediante peajes, se financian con impuestos de los contribuyentes, que en lo relativo a su conservación y reposición representan 2.800 millones de euros anuales (M€) de inversión para el conjunto de las Administraciones Públicas con un impacto medio anual de 111 euros por contribuyente. Y según nuestros cálculos, alcanzar un umbral técnico óptimo de conservación requiere incrementar la inversión actual un 56% hasta 4.370 M€/año.
La conservacion de nuestro patrimonio viario, el tercero más extenso del mundo en autovías requerirá invertir 58.369 M€ durante la próxima década, con los referidos 4.370 M€ en conservación y más de 14.000 M€ en inversiones de puesta a cero para resolver el déficit de inversión acumulado en la década pasada, según el último análisis realizado por la Asociación Española de la Carretera.
La carretera debe también modernizarse y adaptarse a cuestiones esenciales como la mejora de la seguridad vial, garantizar la movilidad eléctrica interurbana, cumplir requisitos de transición ecológica como el redimensionamiento de elementos esenciales como el drenaje y facilitar la conducción autónoma. Y debemos también realizar inversiones planificadas en cierres de itinerarios de vías de gran capacidad y aumentos de capacidad en tramos de autovías congestionados. En total nuestras carreteras requerirán 105.000 M€ de inversión durante la próxima década.
Existe una alternativa vigente en toda la UE que es el pago por el uso de la infraestructura. Modalidad que ya aplica en España para la inversión en infraestructuras aeroportuarias, portuarias y de transmisión de energía eléctrica pero no así en autovías, lo que sitúa a nuestro país en una excepción en la UE al acumular en nuestro territorio más del 70% de las autovías gratuitas europeas.
El modelo de pago por uso en autovías analizado por Seopan plantea unas tarifas medias de 0,03 euros por kilómetro para vehículos ligeros y de 0,14 para vehículos pesados, inferiores a las actualmente implantadas en la UE. Para un conductor medio, el coste anual en recorrer 3.700 km de trayectos interurbanos representaría 111 euros.
A falta de una alternativa mejor, el modelo del pago por uso está ligado al uso efectivo de la infraestructura en trayectos interurbanos, permitiendo con ello, entre otras ventajas, obtener recursos para financiar la totalidad de las inversiones de conservación y reposición que nuestro país debe afrontar en la próxima década, y que según se ha indicado representan más de 58.000 M€.
No se trata por tanto de pagar más a cambio de nada, sino para restituir la calidad de nuestras carreteras al nivel que deben estar, modernizando además una infraestructura crítica para nuestra seguridad, bienestar y competitividad, que concentra más del 90% de nuestra movilidad interior de personas y mercancías.
