Publicado: mayo 27, 2026, 8:07 am
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido este miércoles a la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz, de Madrid, para recabar documentación requerida en el marco de la investigación en torno a la considerada fontanera del PSOE, Leire Díez.
Según informan fuentes de la investigación a EL MUNDO, se trata de requerimientos de información ordenados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco del denominado ‘caso Leire’. En este procedimiento también está imputado el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) Vicente Fernández por el supuesto cobro de comisiones.
Las mismas fuentes precisan que la UCO se ha desplazado hasta el domicilio particular del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien hasta el momento no se encontraba imputado en este procedimiento (sí por el cobro de comisiones ilegales en el marco del caso Koldo).
La Guardia Civil también se está procediendo a obtener documentación en el despacho profesional de Gaspar Zarrías. El histórico dirigente del PSOE andaluz está relacionado con Leire Díaz, a la que contrató cuando se puso en marcha la supuesta operación para desacreditar las investigaciones de la UCO. Zarrías tuvo que declarar como testigo sobre sus vínculos con la fontanera en otra investigación que se sigue en los juzgados de Madrid por esas actividades contra la unidad de la Guardia Civil.
En el marco de la causa de la Audiencia Nacional en la que se ha activado la operación, que permanece bajo secreto de sumario, fueron detenidos el pasado mes de diciembre el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y hombre de confianza de la ex vicepresidenta María Jesús Montero; la fontanera de Ferraz y del socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso.
Díez fue directora de Relaciones Institucionales de Correos, que depende de la Sepi. En este procedimiento, se investigan delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
Dentro del caso Sepi se investigan diversas operaciones bajo sospecha de haber generado comisiones ilegales. La más cuantiosa es la que afecta al rescate de Tubos Reunidos con 113 millones de euros. En el último auto de prórroga del secreto, el juez Pedraz explicaba que acababa de recibir un nuevo informe de la UCO que suponía ampliar los hechos que estaban bajo investigación y el número de imputados.
