Publicado: mayo 26, 2026, 12:08 pm
La cuenta de pagos básica, conocida por sus siglas CPB, «no está cumpliendo el objetivo» de inclusión financiera para el que fue diseñada de manera «efectiva». Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden del Informe de Inclusión Financiera 2025, que elabora el Banco de España (BdE). El documento contabiliza un volumen de aperturas promedio de 25.000 anuales, cifra «muy inferior» al flujo de inmigrantes irregulares, lo que se traduce en que «en el mejor de los casos» llega a uno de cada ocho extranjeros, cuyo número se estima que oscila entre los 614.000 y las 838.000 personas.
Por ello, el organismo ve necesario facilitar la apertura de este tipo de productos o bien de cuentas adaptadas a las necesidades de la población foránea sin regularizar, que es uno de los colectivos que mayores problemas de bancarización afronta. «Los altos flujos de inmigración irregular en los últimos años apuntan a que se ha incrementado la magnitud del problema de exclusión financiera«, ha explicado durante la presentación la subgobernadora del BdE, Soledad Núñez.
«Las entidades bancarias muestran escasa disposición a abrir CPB y aplican las condiciones de apertura de este tipo de cuentas de un modo restrictivo», especifican. En concreto, apelan a que la principal razón es la normativa antiblanqueo, que expondría a las entidades a riesgos de sanciones y reputacionales. Esto abocaría a la banca a evitar la comercialización de las CPB y ofrecer en su lugar productos con una operativa más limitada a los colectivos vulnerables. No obstante, también alegan motivos como falta de conocimiento por parte de los potenciales clientes y, en algunos casos, de los empleados que los atienden sobre dicho producto.
Precisamente, una de las principales trabas para las personas que viven en situación irregular es la dificultad para justificar el origen de los fondos con los que quieren abrir una cuenta, dado que no pueden cobrar por su trabajo por un medio regular. «El acceso presencial a los servicios bancarios ha mejorado en los últimos años para algunos grupos en riesgo de exclusión financiera, aunque los canales alternativos son poco usados. Aun así, hay otros grupos, como la población inmigrante de reciente llegada, en los que se ha identificado un riesgo de exclusión. Este riesgo podría estar aumentando en un contexto de elevada inmigración», sostienen para añadir que todavía existe margen para iniciativas que reduzcan los riesgos de exclusión financiera.
La puesta en marcha de la cuenta de pago básica se enmarca dentro de la directiva europea 2014/92 y tiene por objeto garantizar a los ciudadanos la posibilidad de elegir su proveedor de cuentas de pago en cualquiera de los países de la Unión Europea, además de promover la inclusión financiera. En España permiten prestar servicios de depósito de fondos, retirada de dinero en efectivo en las oficinas o cajeros automáticos dentro de Europa, domiciliación de recibos y pagos mediante la tarjeta de débito o de prepago. Las comisiones están reguladas con un coste de tres euros mensuales, en las que se excluye a personas en situación de vulnerabilidad, en cuyo caso es gratuita.
Desde el ejercicio 2022, el número de CPB abiertas anualmente ha oscilado entre 15.000 y 33.000. Así, a finales de 2023 el total de CPB que permanecían operativas alcanzaba la cifra de 64.489, lo que apenas representaba el 0,1% del total de las cuentas de pago abiertas en España en ese año. La cifra se disparó hasta las 422.903 a finales de 2024 como consecuencia de una reclasificación. Sin tener en cuenta este efecto el número hubiera sido de 82.903. «Las CPB contribuyen sólo en una pequeña parte a la cobertura potencial de la bancarización de los inmigrantes y, por lo tanto, no desempeñan el papel para el que estarían destinadas en la inclusión financiera de este colectivo», agregan.
Mejora de los servicios bancarios pese al cierre de oficinas
El informe también detecta una mejora en el acceso a los servicios bancarios de la población en su conjunto a pesar de la reducción de oficinas y cajeros automáticos. Algo que ha sido posible gracias al despliegue de las oficinas móviles -conocidas como ofibuses-, que ha sido especialmente intenso en 2024. El Banco de España contabiliza 608 municipios menos sin acceso (-18,7%), dado que el cierre de oficinas se ha concentrado en poblaciones que ya cuentan con más puntos de acceso, pero también por el incremento de las oficinas móviles (1.166) desplegadas en zonas rurales.
Esto ha beneficiado a 219.304 residentes, por lo que la población sin acceso ha caído un 33,5%, situándose a finales de 2024 -últimos datos disponibles- por debajo del medio millón de personas (435.000), esto es, el 0,9% de la población española.
