Publicado: mayo 3, 2026, 4:07 am
El PSC endurece su discurso sobre la inmigración y la inseguridad en el plano municipal en contraste con la posición del partido a nivel orgánico y los planteamientos públicos del Govern de Salvador Illa. La intención del alcalde socialista de Lérida de prohibir el burka en las calles;el incendio de la formación en Gerona después de que dos concejales de Ripoll levantaran el veto a Aliança Catalana y facilitaran con una abstención los presupuestos de Sílvia Orriols; y posiciones nítidas contra la delincuencia y el incivismo como una campaña del Ayuntamiento de la Bisbal (del PSC) para frenar las okupaciones ilegales -con manual de instrucciones incluido- ponen en evidencia una posición más severa del partido a nivel local.
El primer caso es especialmente paradigmático: la propuesta de ordenanza de civismo y convivencia del Consistorio leridano prevé impedir que se lleve el rostro completamente tapado en la vía pública y en oficinas y espacios municipales, una normativa que hace referencia al velo islámico, al burka y al niqab. El alcalde de Lérida, Fèlix Larrosa, avanzó que el artículo 12 de la nueva normativa establece que para garantizar la interacción social en los términos habituales y propios de una «sociedad libre y democrática» «queda prohibido llevar cualquier prenda, vestimenta u otra indumentaria que oculte el rostro en los espacios públicos». La propuesta se tendrá llevar al pleno en junio y deberá contar con el apoyo de al menos otro partido, sea el PP, Vox o Junts. La prohibición del burka del PSC contempla excepciones: «Lugares de culto u otros espacios donde sea normal o habitual ir con el rostro cubierto en atención a las costumbres sociales aceptadas y sin suponer una alteración de la convivencia mutua o un impedimento a la interacción social en los términos habituales»
Se da la circunstancia de que Lérida fue la primera ciudad que intentó prohibir el velo integral en los espacios municipales. Fue en 2010 y bajo el mando de Àngel Ros, también alcalde socialista y uno de los dirigentes históricos con una posición más férrea al respecto. La medida fue recurrida por la asociación islámica Watani y fue anulada por una sentencia del Tribunal Supremo -después de que el TSJ catalán la avalara- argumentando que los ayuntamientos carecen de competencias para limitar un derecho fundamental.
La propuesta, que da alas especialmente a Aliança Catalana y a Vox, además de al PP -en ascenso en el interior de Cataluña con la vista puesta en las municipales del año que viene- ha tensionado al PSC y al propio Govern. Illa salió al paso y negó que haya «una actitud racista» en la propuesta de ordenanza. «No me gusta el burka. A partir de ahí, no voy a entrar en los marcos porque yo no me encuentro cuando paseo por Cataluña a gente con burka», zanjó en una entrevista en Onda Cero. «No es un problema» que se vea en las calles. «¿De verdad nos tenemos que concentrar en el burka? Yo no lo creo», apostilló el delegado del Gobierno, Carlos Prieto.
Una nueva polémica dentro del partido después de que el propio presidente de la Generalitat interviniera y llamara a filas al PSC a raíz de lo ocurrido en Ripoll y tras la salida de los dos ediles socialistas que facilitaron las cuentas de Orriols (esta semana han sido relevados por dos sindicalistas de UGT). «Nunca pactaremos con los que hacen apología de la intolerancia», avisó Illa tajante en un mensaje dirigido a sus cuadros locales. Es decir, lo que pasó no puede volver a ocurrir, según trasladó.
Estas dos recientes controversias, que muestran el endurecimiento del discurso sobre inseguridad e inmigración por parte de algunos dirigentes locales, se entrecruzan con la preocupación creciente por la seguridad en Barcelona y el área metropolitana, con destacados cargos socialistas –Marta Farrés (alcaldesa de Sabadell) o David Bote (Mataró)- implicados. «La izquierda debe actuar sin complejos en política de seguridad», aseguró Farrés en una entrevista con este periódico sobre la multirreincidencia y la delincuencia en las calles. También Bote es uno de los dirigentes más duros en este sentido, provocando incluso críticas de sus socios de Podemos por su contundencia en varias actuaciones en Mataró durante una oleada de disturbios el año pasado. En Barcelona, por su parte, el alcalde Jaume Collboni ha pactado con Junts intensificar la lucha contra las bandas juveniles.
Existe una preocupación creciente entre algunos alcaldes del PSC en materia de seguridad en el cinturón metropolitano de Barcelona, tradicional feudo socialista. También ante el posible ascenso de Aliança Catalana y especialmente de Vox coincidiendo con el aumento de la inseguridad y la conflictividad en las calles de municipios cercanos o colindantes con la capital catalana (L’Hospitalet, Esplugues o Sant Adrià del Besòs, por poner tres ejemplos).
La inquietud de varios equipos municipales socialistas también es en clave electoral por el temor de que el discurso oficial del partido -más cercano a los comunes- les pueda acabar perjudicando en las urnas.
En este sentido, la posición interna de Illa, Núria Parlon (Interior) y Albert Dalmau (Presidencia y figura con una importante ascendencia dentro del Ejecutivo de la Generalitat), en materia de seguridad, es más contundente que la explicitada en público, según fuentes del Govern. Sin embargo, condiciona al PSC el hecho de tener que depender de los comunes y de ERC para los Presupuestos y las cesiones que deben hacer también en este sentido.
Cabe recordar que Parlon admitió en 2024 que «una parte importante de los delitos los cometen personas sin DNI español», en una de las primeras veces que abordó el tema de la nacionalidad de los delincuentes. Eso sí, enseguida matizó y alertó del efecto de los discursos de odio, que vinculan inmigración y seguridad.
