Publicado: diciembre 9, 2025, 4:24 pm
La Comisión Europea ha abierto una investigación antimonopolio contra Google al sospechar que su sistema de inteligencia artificial —especialmente funciones como AI Overviews o AI Mode— podría estar usando sin permiso contenido publicado en la web (artículos de medios, páginas de editores, vídeos de usuarios de YouTube) para entrenar sus modelos y generar resúmenes automáticos.
La preocupación central de Bruselas es que Google podría estar concediéndose un acceso privilegiado a esos contenidos —sin compensar a sus autores ni ofrecer una opción real de opt-out, esto es, de no participar— y con ello distorsionar la competencia, al dar ventaja a sus propios productos frente a otras empresas de IA.
Por si fuera poco, ya existió una queja colectiva —de editores independientes— en julio de 2025, alegando que AI Overviews estaba provocando pérdidas de tráfico e ingresos para medios, porque los usuarios recibían la información directamente en los resúmenes sin necesidad de entrar en sus webs.
En este contexto, la investigación busca determinar si Google vulnera las normas de competencia de la UE, sobre todo si está imponiendo condiciones injustas a creadores y editores, y si ese uso preferente de contenidos le otorga una ventaja competitiva desleal.
Esta no es la primera vez que Europa pone bajo la lupa a Google: el gigante tecnológico ha vivido bajo el escrutinio de los investigadores europeos prácticamente desde que llegó a nuestro continente.
Nace Google… y nacen los problemas
4 de septiembre de 1998. Es una fecha que cualquiera que trabaje en el vasto sector tecnológico sabe reconocer: es el día en que oficialmente nació Google.
Otro dato que es ampliamente conocido es que su nombre se debe a un error. A mediados de los años 90, dos estudiantes de doctorado de Stanford, Larry Page y Sergey Brin, trabajaban en un proyecto que pretendía organizar la información de internet, que por entonces crecía a una velocidad casi incontrolable. Aquella idea se llamaba BackRub, porque analizaba los ‘enlaces de vuelta’ (backlinks) de cada página -es decir: los enlaces que otra página web hace hacia la tuya- para medir su relevancia.
Con el tiempo, el proyecto empezó a hacerse demasiado grande para quedarse en un laboratorio. Necesitaba un nombre nuevo, uno que representara su ambición: ordenar cantidades casi infinitas de información. Una tarde de 1997, mientras Page y Brin debatían en una sala del campus con otros compañeros del programa, alguien propuso una palabra: ‘googol’. Es un término matemático que representa el número 10 elevado a 100. Es decir, un 1 seguido de cien ceros. Una cifra tan inmensa que simbolizaba a la perfección el volumen de información que querían organizar. Solo faltaba comprobar una cosa: si el dominio estaba libre.
Uno de los estudiantes se acercó al ordenador, comenzó a teclear y cometió un pequeño fallo: escribió ‘google.com’ en vez de ‘googol.com’. Y resultó que ese dominio sí estaba libre.
Google salió del laboratorio, pero su desembarco no fue de un día para otro. En aquellos tiempos la tecnología, aunque avanzaba rápido, no vivía los saltos de gigante que hoy vemos con la inteligencia artificial, por ejemplo. Hasta el año siguiente de su nacimiento la plataforma no se abrió realmente al público en Estados Unidos y en Europa y España no aterrizó hasta comienzos de los 2000. Los problemas no tardaron en llegar.
A medida que el buscador se convertía en la puerta de entrada a internet para millones de personas, también empezaba a acumular un poder sin precedentes sobre la forma en que los usuarios accedían a la información y sobre cómo las empresas competían online. Ese dominio fue precisamente lo que despertó las primeras alertas en Bruselas, marcando el inicio de una relación compleja entre la Unión Europea y Google, una historia de investigaciones, expedientes y multas que se prolonga hasta hoy.
Casos de Europa contra Google
Los primeros roces no estuvieron relacionados con la competencia, sino con la privacidad.
A mediados de los años 2000, Google comenzó a recibir las primeras advertencias formales de las autoridades europeas de protección de datos por la forma en que almacenaba y gestionaba la información de los usuarios. El Grupo de Trabajo del Artículo 29 —el organismo que reunía a los reguladores de privacidad de la UE antes del RGPD— reclamó a los motores de búsqueda mayor transparencia y límites claros para la conservación de los logs de búsqueda. En respuesta a esta presión, Google anunció en 2007 que reduciría el tiempo durante el cual mantenía identificables esos registros a un máximo de 18 meses antes de anonimizar los datos, una decisión comunicada públicamente por la compañía. Aunque el Grupo 29 no estableció un plazo concreto, sus recomendaciones fueron decisivas para que Google cambiara su política y acortara la retención de datos.
Poco después, a partir de 2006, llegó la primera gran polémica pública: Google Street View. Las autoridades de protección de datos de varios países europeos obligaron a la compañía a difuminar rostros y matrículas y a limitar el almacenamiento de imágenes.
Este no fue el único incidente con Street View: se descubrió que los coches del servicio habían captado también datos de redes Wi-Fi, lo que abrió investigaciones adicionales en Francia, Alemania, Reino Unido o España. En nuestro país la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso a Google una sanción de 300.000 euros en 2017 en la resolución de este conflicto.
En paralelo, comenzaban los primeros avisos en materia de competencia. En 2007 y 2008, la Comisión Europea examinó con especial atención la compra de DoubleClick, el gigante de la publicidad digital. Aunque finalmente aprobó la operación, dejó constancia de su preocupación: Google pasaba a controlar simultáneamente el buscador más utilizado del mundo, los datos de navegación de millones de usuarios y, ahora, una parte esencial de la infraestructura publicitaria en internet. Ese recelo, con el tiempo, resultaría fundado: esa integración vertical sería años más tarde el origen de la mayor investigación europea en el sector AdTech.
Ese mismo periodo también estuvo marcado por el intento de acuerdo publicitario entre Google y Yahoo!, un movimiento que Bruselas y Estados Unidos consideraron potencialmente dañino para la competencia y que la compañía de Mountain View retiró antes de enfrentarse a un expediente formal.
El verdadero punto de inflexión llegó en 2010. Ese año, la Comisión Europea abrió su primera gran investigación antimonopolio contra Google, acusándola de manipular los resultados de búsqueda para favorecer sus propios servicios —como Google Shopping, Google Maps o Google Local— y de penalizar artificialmente a competidores. También se cuestionó que el buscador utilizara contenido de webs rivales sin permiso, en lo que se conoció como «scraping». Tras varios años de análisis y después de que Bruselas rechazara los compromisos voluntarios propuestos por Google en 2013, la Comisión dio un paso histórico: en 2017 impuso una multa de 2.424 millones de euros por el ‘caso Google Shopping’, la primera gran sanción contra el buscador por abuso de posición dominante.
Esa decisión abrió una etapa marcada por expedientes cada vez más ambiciosos. En 2018, la UE multó a Google con 4.340 millones de euros —la sanción más alta impuesta en Europa a una sola empresa— por prácticas anticompetitivas en Android. Bruselas concluyó que la compañía obligaba a los fabricantes a preinstalar su buscador y su navegador como condición para acceder a Google Play, lo que cerraba el paso a sistemas y aplicaciones rivales.
Un año más tarde, en 2019, llegó una tercera gran multa: 1.490 millones de euros por restringir a webs y anunciantes el uso de plataformas publicitarias de la competencia a través de contratos de AdSense.
Durante la primera mitad de la década de 2020, la Comisión Europea centró su atención en las adquisiciones estratégicas de Google y en su negocio publicitario. En 2020 aprobó la compra de Fitbit, pero lo hizo con condiciones estrictas: Google no podría utilizar los datos de salud de los usuarios para su negocio publicitario durante al menos una década.
Aun así, la preocupación en torno al sector AdTech siguió creciendo hasta el punto de que, este pasado mes de septiembre y tras una investigación de varios años, Bruselas impuso a Google una multa de 2.950 millones de euros por abusar de su posición dominante en el mercado de la tecnología publicitaria y llegó a sugerir la posibilidad de que la compañía tuviera que desinvertir parte de su negocio para corregir esa distorsión. Poco después la empresa tecnológica anunció que iba a recurrir la sanción.
