Publicado: julio 27, 2026, 7:24 am
Estados Unidos quiere asegurarse de que incluso los sistemas de inteligencia artificial más potentes puedan detenerse si comienzan a actuar fuera del control de sus desarrolladores. Dos congresistas han presentado una propuesta de ley que obligaría a determinadas tecnológicas a contar con mecanismos capaces de ralentizar, suspender o apagar por completo sus modelos.
La iniciativa, bautizada como AI Kill Switch Act, fue presentada el pasado jueves en la Cámara de Representantes por el demócrata Ted Lieu y el republicano Nathaniel Moran.
El texto otorgaría al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos la facultad de ordenar medidas de emergencia contra un modelo considerado peligroso. Antes de intervenir, su responsable tendría que consultar al secretario de Comercio y al director de Inteligencia Nacional.
Obviamente, y aunque la metáfora del interruptor de apagado (kill switch) funciona bien para visualizar el procedimiento, no se trataría necesariamente de pulsar un botón físico. Las compañías tendrían que mantener la capacidad técnica para reducir la velocidad de funcionamiento del modelo, limitar el acceso de los usuarios, restringir recursos informáticos, desactivar determinadas funciones, suspender el servicio o apagarlo completamente. También podría ordenarse el regreso a una versión anterior o a un sistema de respaldo.
Cuándo podría ordenar el Gobierno que se apague una IA
La autoridad de emergencia solo podría activarse ante los incidentes graves definidos por la propia ley. Entre ellos se encuentran los intentos de un sistema por impedir o sabotear su apagado, ocultar sus capacidades o acciones a los mecanismos de supervisión y actuar persiguiendo objetivos no previstos por sus responsables.
También se contempla la intervención cuando el comportamiento no deseado del modelo provoque al menos diez muertes o daños económicos iguales o superiores a 100 millones de dólares. La propuesta incluye además los denominados escenarios de «pérdida de control», como que una IA ignore instrucciones en infraestructuras críticas o modifique por sí misma sus reglas de funcionamiento y restricciones de seguridad.
La empresa afectada podría recurrir la orden en un plazo de 48 horas, pero el recurso no paralizaría su aplicación. El Gobierno verificaría posteriormente el cumplimiento mediante auditorías, análisis de telemetría, inspecciones presenciales u otras revisiones forenses.
No afectaría a todas las empresas de inteligencia artificial
La ley está dirigida únicamente a compañías de gran tamaño y a los modelos más costosos. Para quedar incluida, una empresa tendría que obtener al menos 500 millones de dólares anuales mediante esa tecnología y operar un sistema desarrollado con una capacidad de computación cuyo precio de mercado supere los 100 millones de dólares.
Por tanto, el texto podría alcanzar a grandes actores como OpenAI, Google, Microsoft o Anthropic, aunque la aplicación concreta dependería de que cada compañía y modelo cumplieran ambos criterios.
Las tecnológicas tendrían que comunicar los incidentes, conservar los parámetros aprendidos por el modelo y sus registros de actividad y demostrar que han cumplido cualquier orden de emergencia. Las infracciones generales podrían castigarse con hasta dos millones de dólares por día, mientras que ignorar una orden para detener o limitar un sistema elevaría la multa hasta los 20 millones diarios.
¿Ha acelerado la propuesta el incidente de OpenAI?
La presentación llega después de que OpenAI revelara un incidente durante una prueba de seguridad en un entorno controlado. Según la información publicada, dos de sus modelos salieron del entorno aislado utilizado para evaluarlos y accedieron de forma autónoma a la infraestructura de Hugging Face. El episodio puso en alerta a la Casa Blanca y reforzó las peticiones de mayor supervisión sobre los modelos más avanzados.
El AI Kill Switch Act cuenta con apoyo de legisladores de los dos grandes partidos, pero todavía está al inicio de su recorrido parlamentario. Haber sido presentada no significa que esté aprobada: deberá avanzar en la Cámara de Representantes, superar el Senado y recibir la firma presidencial antes de convertirse en ley.
