Publicado: octubre 27, 2026, 11:17 am
Los promotores de centros de datos han recibido con frialdad la nueva versión del decreto que el Gobierno ha remitido al Consejo de Estado con la intención de aprobarlo antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Fuentes del sector consideran que los cambios introducidos son insuficientes en los aspectos que más preocupan a los promotores y cuestionan también la tramitación, pues consideran injustificada la vía de urgencia, que obliga al Consejo de Estado a trabajar con premura en una norma compleja.
La nueva versión del decreto introduce algunas modificaciones respecto al borrador inicial. Entre ellas, destaca que la normativa se aplicará únicamente a los centros de datos con un consumo superior a 10 MW, frente al límite inicial de 1 MW. También se amplía de 18 a 36 meses la antigüedad máxima de las instalaciones renovables que pueden utilizarse para abastecer estos centros. Además, se establece un periodo transitorio durante el cual la obligación de utilizar energía renovable será del 60% hasta 2028 y del 70% entre 2029 y 2031, frente al 80% previsto inicialmente.
Pese a estas modificaciones, las mismas fuentes consideran que los requisitos siguen siendo demasiado exigentes. El principal problema es la obligación de demostrar que el consumo de electricidad renovable coincide con las necesidades del centro hora a hora. Según los promotores, cumplir esta condición obligaría a instalar una capacidad de generación renovable superior a la necesaria en determinados momentos y a incorporar baterías para garantizar el suministro durante la noche.
Otro de los focos de preocupación de los promotores es la posibilidad de que los centros de datos que se acojan al sistema alternativo de cumplimiento puedan ser desconectados de la red eléctrica de forma indefinida y sin recibir compensación económica. Fuentes de la industria consideran que esta condición resulta incompatible con el funcionamiento de estas instalaciones, que necesitan operar de manera continua, las 24 horas del día. Por ende, advierten de que los data centers podrían verse especialmente perjudicados en situaciones de necesidad para el sistema eléctrico.
El sector también critica que la flexibilización de los requisitos de eficiencia energética tenga una duración limitada y que se mantengan las mismas sanciones. Entre las consecuencias más graves figura la pérdida del acceso a la red eléctrica, lo que podría dejar sin utilidad las inversiones realizadas. Los promotores recuerdan que estas infraestructuras se diseñan para funcionar durante periodos de entre 15 y 20 años, por lo que consideran insuficientes las medidas transitorias de entre dos y cuatro años. Según estimaciones de la patronal SpainDC, hasta el 90% de las inversiones previstas podría trasladarse a otros países como Portugal o Francia.
Cuestionan que el Gobierno exima su gigafactoría
El nuevo borrador incluye también un mecanismo que permitiría al Gobierno eximir de determinadas obligaciones a los centros de datos considerados «críticos». Esta disposición podría beneficiar a la futura gigafactoría europea de IA que el Ejecutivo pretende impulsar en Tarragona, un proyecto de cientos de millones de euros que podría encontrar dificultades para cumplir las exigencias del decreto. La medida ha generado críticas entre los promotores al considerar que permitiría establecer diferencias entre proyectos que, en principio, deberían estar sujetos a las mismas reglas y, a su juicio, también pone de manifiesto la dificultad de aplicar los requisitos previstos en el decreto.
En todo caso, la sensación que se respira en el sector es de malestar por la forma en que se está tramitando la norma. Los promotores consideran que el procedimiento de urgencia no está suficientemente justificado, especialmente teniendo en cuenta la complejidad técnica y jurídica del decreto. Asimismo, sostienen que la nueva versión introduce cambios sustanciales que no han podido ser analizados mediante un proceso adecuado de consulta y presentación de alegaciones. El sector también plantea dudas sobre la base legal del decreto y advierte de una posible vulneración del principio de reserva de ley, al considerar que la Ley 7/2026 en la que se apoya no contempla expresamente el mecanismo de excepción propuesto.
