Publicado: mayo 6, 2026, 3:02 pm
España no cumple con todo lo que tendría que cumplir en lo que se refiere al fondo de recuperación pospandemia, cuyo plazo para realizar reformas acaba en agosto de este año pese a los reclamos precisamente del Gobierno de Pedro Sánchez para ampliar ese margen ante la crisis energética actual. Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo (ECA por sus siglas en inglés) publicado este miércoles revela que, por ejemplo, España publica fondos adjudicados en lugar de pagados, incumpliendo la normativa de transparencia de la Unión Europea. Además, recoge que adjudica el 75% de las ayudas a entidades públicas.
España fue uno de los diez Estados miembros seleccionados por el Tribunal para realizar visitas de auditoría y videoconferencias con el fin de analizar sus sistemas de gestión, y hay conclusiones preocupantes: el Gobierno, por ejemplo, no recopila sistemáticamente los costes reales de las medidas, sino que solo recoge datos de los perceptores finales y contratistas. Esos costes reales sí se ven reflejados en otros países estudiados como Estonia o Rumanía.
Precisamente por no centralizar esos datos, alerta el organismo, España sufrió retrasos de varios meses para responder a las solicitudes de información de los auditores, al tener que pedir los datos manualmente a los organismos ejecutores. Asimismo, el país es señalado en el documento por incumplir el Reglamento al publicar en su lista de los 100 mayores beneficiarios los importes adjudicados en lugar de los importes recibidos; sí ve el Tribunal en cambio dinámicas positivas a la hora de publicar «estadísticas destacadas» sobre el progreso del plan, con mapas y gráficos incluidos.
Eso sí, esa lista de los 100 mayores beneficiarios en España actualmente solo incluye a perceptores de medidas vinculadas a solicitudes de pago ya enviadas a la Comisión, y hay una falta de desglose de los pagos porque el Gobierno solamente indica los importes por «componente» del plan y no por medida específica, lo que dificulta saber exactamente a qué proyecto va el dinero.
Más allá del caso español, el Tribunal de Cuentas avisa de que, en general, el fondo de recuperación no es suficientemente transparente: adolece de lagunas en la trazabilidad y la transparencia del gasto. La información pública sobre los perceptores del dinero, los costes reales de las medidas y los resultados alcanzados es insuficiente. Las constataciones críticas de los auditores llegan en un momento en que los legisladores de la UE negocian el próximo presupuesto de siete años de la Unión, inspirado en el modelo de gasto del MRR de «financiación no vinculada a los costes», insisten.
«Los ciudadanos tienen menos confianza en las finanzas públicas si el dinero no se gasta con total transparencia», explicó Ivana Maletic, Miembro del Tribunal responsable de la auditoría. «No disponemos de una visión completa de cómo se utilizan los fondos. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se utilizan los fondos públicos, quién los recibe y cuánto se gasta realmente. Estas lagunas en materia de transparencia del MRR no deberían extenderse a los futuros presupuestos de la UE».
No disponemos de una visión completa de cómo se utilizan los fondos
La Comisión Europea no recopila datos sobre los importes reales pagados por cada medida del fondo de recuperación, ni siquiera cuando los Estados miembros disponen de tales datos. Esta falta de información, inciden los auditores, «socava la capacidad de la Comisión para evaluar si los Estados miembros han utilizado los fondos de manera eficiente». Además, en el ámbito de los Estados miembros, la información sobre los costes reales de las medidas es importante «para ajustar las estimaciones de costes y garantizar que la financiación recibida por cada país se mantenga próxima a los costes reales».
«Sin embargo, los países no utilizan sistemáticamente los datos de costes reales para actualizar las estimaciones en caso de ahorros o sobrecostes. Aunque algunas medidas experimentaron sobrecostes, en varios países los costes reales de la mayoría de las medidas finalizadas incluidas en la muestra de los auditores fueron inferiores a los estimados», recogen. Si se mantiene esta tendencia, es posible que la financiación total recibida por un Estado miembro no se aproxime razonablemente a los costes reales.
En cuanto a la transparencia, el Ejecutivo comunitario y los países publican información conforme a las normas del fondo y proporcionan una transparencia adecuada sobre la consecución de los hitos y objetivos. Sin embargo, dado que estos suelen estar orientados a las realizaciones más que a los objetivos que se alcanzan, «la información sobre los resultados y el cumplimiento de los objetivos generales es mínima». Además, las normas de transparencia del fondo «no prevén la divulgación completa del flujo de fondos».
Aunque todos los Estados miembros publican la lista exigida de los cien mayores perceptores finales -aunque en el caso de España se hizo con retraso-, esta lista no refleja adecuadamente el uso global del dinero, recoge el informe. En primer lugar, recuerda el Tribunal de Cuentas, los organismos públicos, como los ministerios, representan más de la mitad de los perceptores, y los Estados miembros no están obligados a publicar los pagos posteriores que estas autoridades realizan a los contratistas a través de la contratación pública, «de modo que no los publican», concluyen.
Al mismo tiempo, terminan en el informe, ninguno de los diez países examinados por los auditores había superado el número mínimo de cien en sus listas publicadas. Por lo tanto, alertan de que la información pública sobre quién se beneficia en última instancia del fondo de recuperación histórico, aprobado en plena pandemia del covid, y en qué medida es incompleta.
Bruselas, por su parte, ha defendido su papel en la reacción al informe del Tribunal y recuerda la Comisión, según fuentes, que diferencia de las ayudas tradicionales de la Unión Europea, estos fondos de recuperación se entregan solo cuando los países cumplen objetivos y metas específicas previamente pactados, y no mediante el reembolso de facturas o costes reales. Según el Ejecutivo comunitario, este sistema permite centrarse en obtener resultados tangibles de forma eficiente, evitando que el proceso se pierda en la burocracia de revisar cada gasto individual,.
En este sentido, la Comisión ha rechazado las recomendaciones de los auditores para endurecer el control sobre el coste real de los proyectos. Bruselas sostiene que no tiene base legal para obligar a los Estados miembros a entregar esos datos detallados y que reabrir las normas actuales solo generaría más carga administrativa. La Comisión insiste en que su nivel de transparencia es elevado, ya que publica voluntariamente informes de progreso y la lista de los 100 mayores beneficiarios de cada país, superando incluso lo que la ley le exige, concluyen.
