Publicado: noviembre 4, 2026, 3:02 pm
Los auditores europeos creen que falta ambición en la propuesta de Bruselas sobre el nuevo presupuesto comunitario (Marco Financiero Plurianual para el periodo 2028-2034), que ya está en plena negociación -y tensión- entre los Estados miembros. Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo publicado este miércoles actualiza que hay «un vacío» en el control del gasto en las futuras cuentas de la UE y también incluye que el plan de Bruselas muestra falta de eficacia en el uso de fondos, así como de transparencia y agilidad.
Según la ECA (por sus siglas en inglés)entre, las 28 oportunidades de mejora identificadas previamente por el propio tribunal, los auditores concluyeron que el Ejecutivo comunitario solo ha atendido de forma completa una sola recomendación. De las restantes, 19 recomendaciones se abordaron únicamente de manera parcial, mientras que ocho quedaron del todo desatendidas en el borrador planteado por Bruselas que, eso sí, no gusta a los países y, de hecho, dista mucho de la hoja de ruta que prevé poner sobre la mesa el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en la cumbre del 26 y 27 de noviembre.
La única recomendación asumida íntegramente por la Comisión «fue la simplificación de las normas de flexibilidad, que permiten al presupuesto comunitario responder con mayor rapidez» ante situaciones y necesidades cambiantes. Por el contrario, los auditores destacan que el menor avance se ha producido en el ámbito de la financiación no vinculada a costes reales, un área que sigue generando especial preocupación.
El plan del Ejecutivo comunitario propone cambios de gran calado, como la reducción de las rúbricas presupuestarias de siete a cuatro y la consolidación de los programas de gasto, que pasan de 52 a tan solo 16. Asimismo, en materia de ingresos, la propuesta contempla aumentar las fuentes de recursos propios de la UE de cuatro a nueve. El núcleo de la reforma propuesta es la creación del Fondo Europeo, dotado con 865.000 millones de euros a precios corrientes. Este instrumento unifica grandes partidas del presupuesto comunitario —incluyendo la cohesión territorial, la agricultura, el desarrollo rural y la pesca— bajo un marco único basado en planes de asociación nacionales y regionales presentados por cada país miembro.
Dentro de este nuevo fondo, la Comisión propone ofrecer a los Estados miembros la posibilidad de solicitar préstamos de la UE por hasta 150.000 millones de euros para financiar sus planes de reformas e inversiones. Además, la arquitectura presupuestaria prevé multiplicar por cinco la financiación orientada a reforzar la base industrial de defensa y la capacidad espacial, alcanzando los 131.000 millones de euros.
Pese a esta reestructuración, los auditores muestran reservas ante la extensión generalizada del modelo de financiación no vinculada a costes, inspirado en el fondo de recuperación tras la pandemia. El tribunal advierte de que las condiciones de pago seguirán ligadas al progreso administrativo e indicadores de ejecución (realizaciones), en lugar de evaluar el impacto y los resultados reales alcanzados con los fondos públicos. El informe añade además que las propuestas de la Comisión perdieron la oportunidad de definir legalmente el concepto de «valor añadido europeo» en la legislación. Al carecer de una definición jurídica clara, existe el riesgo de que este concepto se interprete de manera desigual entre programas, impidiendo comparar de forma objetiva el beneficio aportado por la UE respecto a la acción individual de los Estados.
Al mismo tiempo, el Tribunal de Cuentas señala que añadir cinco nuevos recursos propios «incrementará la complejidad y los costes de gestión tanto para Bruselas como para las administraciones nacionales». El órgano fiscalizador sugiere que centrar los esfuerzos «en cerrar las brechas de recaudación en el IVA y las aduanas aportaría recursos adicionales sin aumentar la complejidad del sistema».
Por último, el análisis alerta sobre las limitaciones al control externo en programas como Europa Global, cuyas reglas «no recogen de forma explícita los derechos de fiscalización del Tribunal de Cuentas en el texto principal». Esto genera «incertidumbres legales» sobre la capacidad de los auditores comunitarios para revisar con plenitud el uso del dinero público manejado por entidades o terceros países fuera de la UE, sentencian.
«Nuestro análisis puede ayudar a los responsables políticos de la UE a ultimar las normas del próximo presupuesto a largo plazo», explicó este miércoles Jan Gregor, miembro del Tribunal responsable del examen. Pero tiene claro que el camino marcado por Bruselas no es el correcto: «Necesitamos un presupuesto que muestre claramente qué aporta la UE, que garantice una buena gestión de los fondos y que refuerce la rendición de cuentas y la transparencia».
La realidad es que la negociación del nuevo presupuesto está ahora mismo bloqueada entre los 27, y eso es un problema. La propuesta que hizo la presidencia irlandesa del Consejo -encargada de arbitrar la negociación entre los socios- no ha gustado a nadie, y la pelota ha pasado ahora al tejado de Costa, que tendrá que unir a dos bloques ahora dispares: los países del sur, que piden «ambición» en las cuentas, y los del norte, que quieren «recortes» y apuestan por sacrificios en algunas partidas clave. El reloj corre y cada vez hay más voces que no ven viable un acuerdo entre los 27 antes de que acabe el año.
