Publicado: abril 24, 2026, 5:24 pm
Europa persevera en su misión de lograr que la obsolescencia programada y la basura electrónica sean males del pasado. Y no es para menos: según los últimos datos oficiales publicados por la ONU, la generación mundial de residuos electrónicos (RAEE) está aumentando cinco veces más rápido que el reciclaje documentado de estos residuos.
En concreto, se estima que actualmente el mundo produce 62 millones de toneladas de residuos electrónicos al año, una cifra que según las estimaciones aumentará a 82 millones de toneladas para 2030.
Con estas cifras sobre la mesa, la Unión Europea trabaja para intentar que los RAEE se reduzcan y su impacto en el medioambiente sea menos problemático. Una de las líneas más visibles es el llamado ‘derecho a reparar’. Esta norma no nace de una única ley ni de un solo momento. Es, más bien, el resultado de una estrategia legislativa que se ha desplegado por fases en los últimos años y que ahora empieza a aterrizar en uno de los productos más sensibles: el teléfono móvil.
El primer paso llegó en 2021, obligando a los fabricantes a ofrecer piezas de repuesto y facilitar reparaciones. En 2023, la UE reforzó esta línea con el nuevo reglamento de baterías y en 2024 aprobó una directiva específica para fomentar la reparación frente a la sustitución.
En el caso de los smartphones, desde junio de 2025 se exigen dispositivos más duraderos y reparables y a partir de febrero de 2027 las baterías deberán poder sustituirse durante la vida útil del producto. Es precisamente esta parte de la legislación la que en las últimas semanas está ganando protagonismo, impulsado por la cercanía de su aplicación.
Concretamente, el reglamento indica que, a partir de 2027, los smartphones comercializados en los Estados miembros de la UE tendrán baterías más duraderas para soportar un mayor número de ciclos de carga sin perder capacidad y, además, será obligatorio que las baterías puedan sustituirse durante la vida útil del dispositivo, en condiciones que permitan su reemplazo sin procesos destructivos.
En la práctica, no supone la vuelta de las baterías extraíbles, pero sí móviles más fáciles de reparar y con mayor vida útil. No obstante, como toda normativa, hay letra pequeña.
La norma de baterías sustituibles que los móviles premium podrían esquivar
La obligación de que las baterías puedan ser sustituidas por el usuario no es absoluta. La normativa europea introduce excepciones que matizan su alcance real.
En concreto, los fabricantes podrán limitar la venta de baterías de repuesto a reparadores profesionales —y no a los usuarios finales— si el dispositivo cumple determinados requisitos técnicos. Entre ellos, que garantice una alta durabilidad —con al menos un 80 % de capacidad tras 1.000 ciclos de carga— y que cuente con una protección elevada frente al agua y al polvo, como la certificación IP67.
En la práctica, la mayoría de los grandes fabricantes ya cumplen —o están muy cerca de cumplir— estos requisitos, según datos oficiales, etiquetas energéticas europeas y la propia información facilitada por las marcas.
Eso permite a los fabricantes mantener diseños sellados y limitar el acceso a las baterías de repuesto al canal profesional, sin incumplir la normativa, siempre que justifiquen que esa construcción es necesaria para asegurar la integridad del dispositivo o la seguridad del usuario.
Apple, por ejemplo, introdujo esta certificación en 2016 con sus iPhone 7, es decir, hace ya diez años. Y, en cuanto a los ciclos de carga, tal y como se indica en su web, “las baterías del iPhone 15 están diseñadas para conservar un 80 % de su capacidad original tras 1.000 ciclos completos de carga”, es decir, hace ya dos generaciones que los de Cupertino cumplen con ese otro requisito en sus smartphones. Además, según ese mismo portal, el criterio ya se cumple también en los Apple Watch, los iPad y los MacBook.
Samsung, por su parte, ya tenía IP67 en su Galaxy S5 en 2014. Sobre los ciclos de carga, la compañía surcoreana no publica en su web una cifra tan directa como Apple, pero los datos disponibles apuntan a que sus dispositivos también cumplen —e incluso superan— los requisitos de la normativa europea: muchos de sus smartphones están diseñados para soportar hasta 2.000 ciclos de carga antes de caer al 80 % de capacidad, muy por encima del mínimo exigido por Bruselas.
Google y sus Pixel tienen IP67 desde la segunda generación de la familia, que se lanzó en 2017. En el caso de los de Mountain View, su web sí proporciona directamente el dato de los ciclos de carga, indicando que desde el Pixel 8a se conserva hasta un 80 % de la capacidad de la batería “durante aproximadamente 1000 ciclos de carga”.
Xiaomi, por su parte, también ha avanzado en esta línea en los últimos años. La compañía ha incorporado certificaciones de resistencia al agua y al polvo en parte de su gama alta —especialmente en la familia Xiaomi 13 y posteriores—. En modelos recientes como el Redmi 15, la propia marca asegura que la batería puede mantener al menos el 80 % de su capacidad incluso después de 1.600 ciclos de carga completos.
OnePlus, pasó de IP65 en su OnePlus 12 a IP68 en su OnePlus 13. De nuevo, no tenemos dato oficial sobre los ciclos de carga, pero la información de páginas especializadas señala que se cumple el requisito de la UE desde el OnePlus 13.
OPPO, desde 2022, garantiza “una capacidad de batería superior al 80 % incluso después de 1600 ciclos de carga” y tanto sus líneas Reno como sus líneas A cumplen o superan la certificación IP67, así como por supuesto la familia Find X, su gama más alta.
La lista continúa con la mayoría de fabricantes del sector, que en la práctica ya cumplen —o están muy cerca de cumplir— los requisitos que marca Bruselas.
