Publicado: julio 1, 2026, 5:33 pm
El Ministerio de Trabajo quiere que la información sobre salarios que circula dentro de las empresas sea más transparente y accesible para los trabajadores. Para ello, propone que los trabajadores puedan solicitar a la empresa -y esta esté obligada a informarles- de cuál es el salario medio que cobra la gente que hace sus mismas funciones o que puedan conocer los criterios que se utilizan para determinar las retribuciones.
El departamento que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha hecho llegar a los sindicatos este miércoles el borrador de un real decreto que recoge estas cuestiones. El texto, al que ha tenido acceso La Información Económica, es la trasposición de una directiva europea sobre transparencia e igualdad retributiva entre hombres y mujeres que España tenía pendiente desde hacía tiempo.
Lo que hace esta nueva norma propuesta, que todavía se está negociando con los sindicatos y patronal para tratar de alcanzar un acuerdo, es ir más allá de lo que ya recoge la legislación vigente. En la actualidad, las empresas ya están obligadas a informar a los trabajadores que lo soliciten sobre información salarial, la existencia de brecha salarial de género y a adoptar medios para reparar las discriminaciones que existen.
Ahora, Trabajo prevé que ese acceso sea más completo. Esto se traduciría, por ejemplo, en que los trabajadores puedan conocer «los criterios que se utilizan por parte de las empresas para determinar las políticas de fijación de las retribuciones de las personas trabajadoras y los niveles retributivos», según se refleja en el texto. Para las empresas de más de 50 trabajadores, esta exigencia se ampliaría también » a los criterios de progresión retributiva» o, dicho sea de otra manera, las razones con las que se justifican las subidas de sueldos.
Como novedad, la propuesta de Díaz prevé que los trabajadores tengan derecho a recibir por escrito información sobre su nivel retributivo individual y los salarios medios -con detalle por sexo- de los grupos o categorías de empleados que realicen funciones similares a las suyas o de valor semejante.
El derecho a reclamar esta información corresponde tanto al trabajador que lo desee como a la representación legal de los trabajadores, aunque también se puede ejercer a través del Instituto de las Mujeres o del organismo de igualdad que sea competente. Si la información que traslada la empresa es «inexacta» o está «incompleta» el trabajador tendría derecho a reclamar detalles adicionales.
Las compañías tendrían que responder a esa reclamación en un plazo máximo de dos años, de forma accesible para las personas con discapacidad y no podrán negarse a suministrar los detalles incluso cuando existan cláusulas de confidencialidad sobre salarios o la empresa lo impida unilateralmente.
UGT y CCOO exigen que se apruebe el refuerzo del control horario
Tras recibir el texto, los sindicatos se han comprometido a estudiar a fondo la propuesta y volverse a reunir a mediados de este mes. Sin embargo, tanto UGT como CCOO han aprovechado para trasladar su molestia al Ministerio de Trabajo con el retraso de la norma para endurecer el registro horario. De hecho las dos organizaciones han amenazado con no pactar más iniciativas con el Gobierno si no se desatasca esta medida antes del 1 de agosto.
«Para hacer un diagnóstico real necesitamos saber cuántas horas trabajan las mujeres en este país y cómo se retribuye el valor por hora», ha señalado Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral de UGT. «Estos datos son imposibles conseguir si el registro horario en este país no es efectivo, digital, interoperable y desde luego no es claro con la diferencia salarial entre las mujeres y los hombres», ha agregado.
«Hemos dejado de manifiesto la importancia que tiene para garantizar a transparencia retributiva el control y el registro horario para que el salario sea fundamental en la reducción de la brecha de género y para ello volvemos a exigir que el acuerdo alcanzado en la mesa del diálogo social sobre el registro horario pueda ver la luz antes de que finalice este mes de julio como una condición sine qua non para poder garantizar la transposición efectiva de todas las normas que vienen promovidas por el marco de la Unión Europea», ha trasladado, por su parte, Javier Pacheco, secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO.
