Publicado: noviembre 2, 2026, 6:14 am
Con su salida, la expresidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala dejó cerca de 2,500 millones de pesos comprometidos en proyectos, mismos que ya están siendo revisados por autoridades fiscalizadoras, aunado a que la nueva dirección del instituto detuvo por lo menos uno de estos contratos.
Entre los proyectos que más llama la atención están el identificado como “Contrato INE/051/2025” para la fabricación de las Credenciales para votar a cargo de las empresas COSMOCOLOR, S.A. DE C.V., en participación conjunta con ICARDS SOLUTIONS, S.A. DE C.V. y TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO, el cual le costaría al INE poco más de 61,742,070 dólares, equivalente a unos 1,200 millones de pesos.
Este caso llama la atención debido a que fue adjudicado a un consorcio donde participa la empresa Cosmocolor, cuyo vicepresidente, Fernando Marón Kahwagi fue visto en una celebración junto a José Alfredo Hernández Casillas, identificado como contratista cercano a la entonces presidenta del INE Guadalupe Taddei.
Según el fallo, esta contratación se dio el 10 de diciembre de 2025 y concluiría hasta junio de 2031. Mientras que el contrato fue firmado por Jesús Octavio García González Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración y Apoderado Legal; a esta persona se le acusa de conflicto de intereses ya que durante su labor en el INE era representante legal de Cajas Graf, una empresa proveedora del INE y cuyo dueño es José Alfredo Hernández Casillas.
En otro de los proyectos con expediente “Contrato INE/002/2026”, el INE de Taddei entregó a la empresa Full Circle Media un contrato hasta diciembre de 2027 por más de 134.8 millones de pesos para el desarrollo de materiales para radio, televisión, plataformas digitales, medios impresos y exteriores con el fin de desarrollar la creatividad y la producción de los materiales de difusión.
Otro de los contratos de largo plazo que dejó Guadalupe Taddei es el otorgado a la empresa “Tecnología de Gestión y Comunicación”, por más de 119 millones de pesos para el desarrollo, implementación o gestión de una plataforma tecnológica diseñada para manejar información pública oficial relacionada con las adquisiciones del Estado. El contrato fue adjudicado en diciembre de 2025 y se prevé finalice hasta el año 2031.
Asimismo, la exconsejera presidenta del INE dejó a cargo del instituto el pago de diversos contratos para el arrendamiento de vehículos, seguros de vida y gastos médicos que suman poco más de 1,080 millones de pesos.
Aunque no todos estos contratos están ligados a la presunta red de corrupción encabezada por el proveedor José Alfredo Hernández Casillas, con el apoyo de Guadalupe Taddei, estos y otros proyectos han prendido las alertas de las autoridades fiscalizadoras, las cuales han anunciado el inicio de investigaciones para identificar el alcance de las irregularidades al interior del INE.
Alertas
El viernes pasado, durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, dio a conocer que por esta red de corrupción ya hay cinco personas imputadas, al tiempo que mantienen abiertos, al menos 18 expedientes sobre posibles irregularidades detectadas desde mayo de 2025.
A su vez, ese mismo día, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios, confirmó que este organismo inició una investigación de oficio y revisará el 100% del gasto del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Y es que adelantó que el máximo órgano de fiscalización del país ya identificó que dos grupos empresariales acumularon operaciones por 8,870.3 millones de pesos con diversas entidades públicas entre 2014 y 2026, de los cuales 3,790.3 millones de pesos corresponden a organismos electorales locales.
Entre las operaciones irregulares están empresas factureras y simulación de competencia, conflicto de interés y una posible redes de complicidad con servidores públicos.
Ante ello, se dijo que analiza a cerca de 57 proveedores del INE que figuran simultáneamente como servidores públicos.
