Publicado: octubre 6, 2026, 2:23 pm
La Comisión Europea insiste en su plan de vivienda en medio de las protestas que se están dando, con acampadas incluidas, por la crisis habitacional en toda España. «No existe París sin parisinos. No existe Roma sin romanos. Una ciudad está definida por sus ciudadanos. Y una ciudad necesita a sus ciudadanos. Los trabajadores de saneamiento que limpian nuestras calles. Los conductores de autobús que nos llevan de A a B. Los estudiantes y los jóvenes que dan nueva vida a los barrios antiguos», ha resumido el comisario de Vivienda, Dan Jorgensen, ante el Parlamento Europeo.
En ese mensaje, ha insistido en que «las segundas residencias o los alquileres de corta duración» no son la raíz del problema, «pero en algunas zonas, en algunas grandes ciudades» sí son parte del mismo. Así, ha defendido la estrategia de Bruselas, centrada sobre todo en limitar la compra de segundas residencias en zonas tensionadas, entre otras medidas.
Jorgensen en su breve mensaje desde la tribuna ha insistido en esa idea. «Los alquileres de corta duración, las segundas residencias y las propiedades vacías no son la causa fundamental de estos problemas. Pero en algunas partes de Europa, incluso en algunas de nuestras ciudades más grandes, sí contribuyen a este problema. Son parte del desafío. Desde que asumí el cargo, esta cuestión se ha planteado una y otra vez», comentó.
Según el Ejecutivo comunitario, en determinadas zonas, una parte considerable del uso no principal corresponde a la actividad de alquiler a corto plazo, que ha crecido rápidamente en los últimos años. Entre 2018 y 2024, la actividad casi se duplicó, con un crecimiento del 93% en las cuatro principales plataformas (véase Airbnb). La situación varía mucho de una zona a otra del bloque comunitario, pero los alquileres a corto plazo parecen concentrarse mucho más en las zonas sometidas a mayor presión. Por ejemplo, en el centro de Madrid hay alrededor de 40 alquileres a corto plazo por cada 100 viviendas en el mercado de alquiler a largo plazo.
Las medidas que adopten los ayuntamientos sobre el uso de la vivienda no podrán ser indefinidas: se plantea una duración máxima de cinco años y exige revisiones periódicas obligatorias. Eso sí, en las viviendas vacías o las segundas residencias, así como en el alquiler turístico, la Comisión plantea que se puedan adoptar medidas fiscales concretas (subidas de impuestos, aunque no lo menciona de manera directa) o medidas que restrinjan su presencia, sobre todo en las zonas de alta demanda. Bruselas matiza que las regulaciones locales que ya estuvieran en vigor antes de la entrada del reglamento no se verán afectadas ni reabiertas.
Según la propuesta de la Comisión, los municipios que pretendan limitar los pisos turísticos deberán «acreditar mediante pruebas objetivas que esta actividad ha tenido un efecto adverso significativo en el mercado de la vivienda durante al menos tres años consecutivos». Además, las autoridades tendrán que demostrar que no existen medidas alternativas menos restrictivas que resulten igual de eficaces y deberán aplicar el Reglamento europeo sobre Alquileres de Corta Duración para retirar anuncios ilegales y recabar datos reales de registro.
