Publicado: septiembre 11, 2026, 3:00 am
A estas alturas de legislatura, es difícil ver a los sindicatos y la patronal en el mismo bando. Pero la recientemente aprobada ley de lobbies ha conseguido unir a empresarios y representantes de los trabajadores en un frente común al incluirles, potencialmente, como grupos de interés que deben registrar sus contactos y reuniones con altos cargos del sector público.
La norma, aprobada como real decreto ley a finales de agosto todavía está pendiente de convalidar, pero teóricamente ya surte efectos. La regulación -pionera en España en esta materia- define lo que son estos «grupos de interés», lo que se entiende por «influencia» y los altos cargos «susceptibles de recibir influencia». En la definición de estos grupos quedan excluidas explícitamente las propias administraciones públicas, las autoridades públicas extranjeras y los partidos políticos, pero no los sindicatos y la patronal.
Además, obliga a crear un registro de estos lobbies que debe ser de acceso público y gratuito. Mientras que mandata a los altos cargos a que publiquen en el plazo de un mes todas las reuniones y contactos que mantengan con los grupos de interés registrados. El incumplimiento de la ley acarrea sanciones que pueden alcanzar los 40.000 euros en los casos más graves y la prohibición de realizar esta actividad hasta cinco años.
La aprobación de la norma, que pasó algo desapercibida al producirse la última semana de agosto, ha soliviantado a sindicatos y patronal por igual. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, anunció el miércoles su intención de romper el diálogo con el Gobierno hasta el próximo 16 de septiembre, que es cuando está previsto que se vote la convalidación del decreto.
«Nos han incluido [en la ley de lobbies] cuando estamos en la Constitución española como agente social. Nosotros defendemos a las empresas con sentido de Estado. Si te llama un ministro, que es lo normal para que las cosas fluyan, va a ser muy complicado que nos pongamos a hablar con esta ley que acaban de aprobar y que esperamos que no se convalide», trasladó el líder empresarial.
Esta función constitucional, que viene recogida en los artículos 7 y 37 de la Carta Magna, es el argumento que esgrimen tanto los empresarios como la patronal para rechazar que se les incluya en los registros. El primero de los dos preceptos señala que los agentes sociales «contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios» y les reconoce libertad de actividad. Y el segundo, les garantiza el derecho a la negociación colectiva.
«Las organizaciones sindicales tenemos funciones constitucionales, por lo tanto, nosotros no somos un lobby, somos un sujeto constitucional y terminológicamente confundir esas cosas me parece un despropósito», señalaba el jueves Unai Sordo, secretario general de CCOO. «Nosotros estamos en el marco del diálogo y de la concertación social no por ser un lobby sino por ser un agente social», agregó.
Sordo reclamó abiertamente que «se modifique o no se apruebe la norma» y amenazó con tomar medidas si el texto prospera, aunque no precisó cuáles. «Tenemos la representación que tenemos porque la gente nos vota en las elecciones sindicales; igual que votan las elecciones políticas a los partidos políticos que sí se han autoexcluido, lógicamente, de la consideración de grupo de interés», añadía.
Comisiones Obreras está a la espera de fijar una posición conjunta con UGT, cuyo secretario general, Pepe Álvarez, también se ha manifestado en contra de la norma. «No conozco ningún país del mundo que sitúe a las organizaciones sindicales como lobbies. Los intereses generales no son un lobby«, trasladó el líder sindical en un desayuno informativo el miércoles. «Los lobbies son defensores de intereses particulares, no es nuestro caso, lo vamos a estudiar y en función de las conclusiones veremos si aceptamos, no aceptamos, porque igual nos declaramos en rebeldía», agregó.
En caso de que el decreto no sea convalidado la próxima semana, la normativa decaería. Un extremo que no se puede descartar, habida cuenta de los problemas que tiene el Gobierno para sacar adelante cualquier tipo de iniciativa en las cortes. Sin embargo, el rechazo del texto podría traer otro problema para España. Y es que la ley de lobbies forma parte de las reformas que pactó el Ejecutivo con Bruselas para recibir los fondos europeos de recuperación.
La existencia de un registro público de los grupos de interés es algo novedoso para España, pero en la Unión Europea se implantó por primera vez en el año 2011. En la actualidad, Bruselas tiene contabilizados casi 18.000 organizaciones e individuos que buscan influir en la política de las instituciones europeas. De hecho, tanto CEOE como UGT y CCOO están registrados como grupos de interés en la base de datos de la Unión Europea.
