Publicado: mayo 17, 2026, 3:00 am
Parecía imposible. Reino Unido votó a favor del Brexit prometiéndose más control, más prosperidad y una economía más libre. Diez años después del referéndum de junio de 2016, aquella “Singapur del Támesis” que prometían sus defensores se parece mucho más a una economía contra las cuerdas, con los inversores vendiendo deuda británica y el Tesoro obligado a pagar cada vez más para colocar sus bonos.
La última bofetada ha llegado este mes de mayo, en plena rebelión interna contra el primer ministro Keir Starmer y en medio de profundos rumores de dimisión. Las rentabilidades de los bonos soberanos británicos a 10, 20 y 30 años, conocidos como gilts, se han disparado hasta una horquilla de entre el 5,1% y el 5,8%, niveles que, en los plazos más largos, no se veían desde finales de los noventa.
Es el mercado diciendo que financiar a Reino Unido vuelve a salir caro, y la deuda neta acumulada del sector público británico, sin incluir los bancos con participación estatal, alcanzó a finales del pasado febrero el 93,1 % del PIB.
Solo faltaba una crisis política
La crisis en el Gobierno se ha intensificado después de que el laborismo sufriera un duro varapalo en los comicios locales ingleses y regionales de Escocia y Gales de la semana pasada.
Starmer trata de resistir en Downing Street, pero la posible entrada del alcalde de Mánchester, Andy Burnham, en la carrera por el liderazgo amenaza con alargar una batalla interna más ruidosa de lo que los mercados querían descontar. El riesgo para los mercados está en el siguiente paso. “Los riesgos de un cambio hacia un liderazgo laborista fiscalmente menos responsable siguen siendo amplios”, advierte David A. Meier, economista de Julius Baer.
La City ya sabe cómo puede terminar esa película. En otoño de 2022, Liz Truss anunció rebajas fiscales sin financiación, los gilts se hundieron, la libra recibió el golpe y el Banco de Inglaterra tuvo que intervenir para evitar un accidente en los fondos de pensiones. Truss se mantuvo solo 44 días en el poder.
Esta vez, el movimiento es más lento, pero el miedo es el mismo. Reino Unido llega con un déficit cercano al 5% del PIB, una deuda cada vez más cara y una economía que lleva años funcionando con el freno de mano echado.
El legado del Brexit
Desde el referéndum de 2016, las empresas invierten menos, exportar a Europa cuesta más y la productividad sigue atascada. El Centre for Economic Performance de la London School of Economics pone números a la factura del Brexit, con un PIB entre un 6% y un 8% inferior al escenario sin salida de la UE, un empleo en torno a un 3% menor, una productividad un 3% más baja y una inversión empresarial entre un 12% y un 18% por debajo de su trayectoria esperada.
La inversión concentra buena parte del daño porque las empresas más grandes, más productivas y más internacionalizadas eran también las más expuestas al cambio de reglas con Europa. Más trámites, más costes administrativos y más incertidumbre regulatoria han reducido el atractivo de Reino Unido como base para vender al mercado europeo.
Una fábrica que retrasa una ampliación, una tecnológica que elige Dublín o Ámsterdam, un banco que mueve parte de sus operaciones o una empresa mediana que deja de exportar porque el papeleo ya no compensa terminan pasando una gran factura a la productividad. Sin embargo, este indicador ya venía tocado antes del Brexit, con un crecimiento de la producción por hora trabajada que pasó de alrededor del 2,1% anual entre 1995 y 2007 a apenas el 0,4% después de la crisis financiera.
El Estado británico, mientras tanto, sigue gastando como si aquel motor aún funcionara. Sanidad, pensiones y prestaciones sociales presionan cada vez más el presupuesto, mientras las pensiones públicas suben cada año según el mayor dato entre inflación, salarios o un mínimo del 2,5%, una garantía muy popular entre los jubilados y cada vez más cara para las cuentas públicas.
Las ayudas por discapacidad y dependencia han abierto otra vía de agua en el presupuesto. Con un coste que era inferior a 5.000 millones de libras en 2016, y que podría superar los 40.000 millones en 2030, Starmer ha intentado plantear recortes parciales, pero la rebelión interna del laborismo le ha cerrado el paso.
La vía fiscal también llega cargada de problemas, con una presión tributaria en niveles históricamente altos para Reino Unido y un Tesoro que ha optado por una subida silenciosa. Congelar los tramos del impuesto sobre la renta permite recaudar más sin aprobar una gran subida de tipos. La inflación y los aumentos salariales nominales hacen el resto, empujando a más contribuyentes hacia tramos fiscales superiores, aunque su poder adquisitivo apenas mejore.
De momento, la libra ha resistido mejor que los gilts por el colchón de unos tipos británicos todavía altos, aunque Payden & Rygel cuestiona que ese apoyo vaya a durar. La gestora no espera ninguna de las dos subidas de tipos descontadas por el mercado para los próximos 12 meses por la debilidad de la economía y ocho meses consecutivos de destrucción neta de empleo. “El mercado está equivocado respecto al Banco de Inglaterra”, señala.
Diez años después del referéndum, la promesa de recuperar el control convive con un Gobierno cada vez más dependiente del mercado de bonos para financiarse, del Banco de Inglaterra para contener la inflación y de una base fiscal tensionada para sostener el gasto. Los mercados miran el PIB, el déficit, los gilts y el margen que le queda al Tesoro antes del próximo ajuste.
