Publicado: mayo 3, 2026, 10:21 am
España vive uno de sus mejores momentos en materia de ocupación. Los indicadores macroeconómicos son alentadores: el número de personas trabajando supera los 22 millones, la tasa de paro se sitúa por debajo del 10% y los contratos indefinidos ganan terreno. Varias comunidades autónomas sitúan su tasa de desempleo a un solo dígito, aunque crece la diferencia con algunos territorios donde la tasa, aunque más baja también, sigue manteniéndose en unos niveles demasiado elevados.
Así es, según los últimos datos de paro publicados (marzo 2026), el número de desempleados ha caído a 2.419.712, el mínimo desde 2008, y los contratos indefinidos representan ya más del 44% de las nuevas contrataciones. Esto es, mas de 4,7 millones de personas con nuevos contratos indefinidos desde marzo de 2021, año umbral de la reforma laboral.
Sectores como la logística, la tecnología, el turismo y la sanidad lideran la creación de empleo. Además, la participación de las mujeres se mantiene en ascenso: 47,4 % de los afiliados a la Seguridad Social ya son mujeres, gracias a políticas de igualdad y conciliación cada vez más sólidas.
En el informe El Empleo en 2025: un balance en perspectiva que presenta mañana UGT, no solo se recoge esa foto, la de las luces de todo lo conseguido hasta ahora fruto del esfuerzo de concertación del dialogo social español. Sino que, bajo estas cifras alentadoras, vemos que persisten desafíos que el sistema aún no logra resolver, y que se manifiestan en debilidades persistentes que el mercado laboral español sigue arrastrando y que se manifiestan en desigualdades estructurales.
La tasa de paro entre menores de 25 años sigue superando el 26,5 %, más del doble que la media europea, a pesar de haberse reducido a mínimos históricos.
«Es necesario una reforma profunda de las políticas activas de empleo, dotándolas de más recursos y eficacia para apoyar a las personas desempleadas»
Además, es necesario alinear el desajuste de las competencias y habilidades concretas, que las empresas detectan como una brecha entre la formación académica y las necesidades reales del mercado. A lo que se suma la sobrecualificación: uno de cada tres trabajadores desempeña un empleo inferior a su nivel educativo, con la consecuente frustración de no poder trabajar en la actividad para la que se han formado. Alinear la oferta educativa y la formación con los sectores estratégicos – energía verde, biotecnología, IA, turismo sostenible- es clave.
El difícil relevo generacional
La edad media de la población activa sigue subiendo, mientras la natalidad cae. Esto dificulta la renovación generacional en muchos sectores clave, mención especial en este punto tiene la renovación imprescindible de los trabajadores públicos, con los mayores índices de temporalidad, y con una gran masa de personas trabajadoras a punto de entrar en edad de jubilación. Acometer la necesaria renovación de los trabajadores públicos se convierte en una exigencia que no puede demorarse por más tiempo.
Desde este punto de vista se necesita un salto cualitativo en políticas de empleo, que pasan por reforzar el acceso al empleo de las personas jóvenes o realizar programas específicos con las personas desempleadas de larga duración que son ya el 38,8% del total de personas en desempleo, gran parte de estas por encima de los 55 años, reflejando deficiencias en las actuales políticas activas de empleo, que no logran orientar ni recolocar de manera eficaz a estas personas.
Por eso, es necesario una reforma profunda de las políticas activas de empleo, dotándolas de más recursos y eficacia para apoyar a las personas desempleadas, especialmente a las más vulnerables, tal y como señala la Ley de Empleo. Además, es necesario mejorar la digitalización de los servicios públicos de empleo, para agilizar trámites y acompañamiento, reforzando la orientación, la recualificación y acometiendo planes individualizados de inserción laboral
Casi la mitad de las personas que trabajan a tiempo parcial lo hacen por no poder acceder a un empleo a jornada completa, lo que impacta negativamente en los ingresos familiares. Por ello, exigimos una ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales que, entre otros efectos, ayudará reducir la parcialidad involuntaria, impulsando la productividad, tal como se ha constatado allí donde ya se aplica.
En cuanto a la protección frente al despido y tras la sentencia del Tribunal Supremo que rechaza la aplicación directa de la Carta Social Europea en materia de indemnizaciones por despido, reclamamos una reforma legal urgente que refuerce la protección frente al despido injusto para garantizar una mayor seguridad jurídica y laboral conforme a los estándares europeos.
Junto a ello, recordamos que el crecimiento económico y los beneficios empresariales deben traducirse en subidas salariales que permitan recuperar poder adquisitivo significativo, capaz de devolver la capacidad adquisitiva.
Se están logrando, por tanto, avances notables en empleo, pero el mercado laboral sigue siendo desigual y frágil en ciertos sectores y para ciertos segmentos de la población. Consolidar un sistema más justo y competitivo que acabe con esas sombras, sigue exigiendo reformas y profundizar en las ya acometidas y una visión estratégica que combine crecimiento económico con cohesión social.
En el momento más sólido desde la crisis de 2008, el empleo en España muestra signos de vigor económico. Pero esa fortaleza no será duradera sin reformas que refuercen la calidad del trabajo, la inclusión intergeneracional y la capacidad adaptativa del modelo productivo. Por eso seguiremos insistiendo en que no puede haber justicia social sin salarios dignos ni acceso garantizado a una vivienda asequible. El reto ya no es solo crear empleo, sino crear buen empleo.
*Cristina Estévez es secretaria confederal de UGT.
